Legislan cambios en el seno del Supremo
En el penúltimo día para aprobar medidas en la presente sesión, el Senado dio paso anoche a un proyecto que coloca en manos del pleno de los jueces del Tribunal Supremo una serie de determinaciones que en la actualidad recaen exclusivamente sobre la jueza presidenta, Maite Oronoz.
Oronoz fue confirmada por la pasada administración popular. Casi todos los jueces en el Supremo han sido confirmados por administraciones penepés.
El Proyecto del Senado 775, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz, busca darle participación al pleno del Supremo en el proceso de evaluación de jueces desde que el gobernador hace la nominación.
La pieza reconoce que la jueza presidenta dirigirá la administración del tribunal, tendrá la facultad de designar y asignar los jueces administradores, los jueces de Primera Instancia y los jueces del Tribunal de Apelaciones, pero el pleno del Supremo podrá modificar esas asignaciones, “según surja la necesidad”.
La pieza también le devuelve al Supremo la facultad conocida como la certificación, o sea, la capacidad que tiene el alto foro de tomar control inmediatamente de controversias que se dirimen en tribunales de menor jerarquía.
El portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, describió el contenido del proyecto como “un ataque a la jueza presidenta”.
“Queremos cambiar la tradición de lo que es el liderato de la jueza presidenta sin vistas públicas, sin traer abogados, sin traer escuelas de derechos… Lo que estamos haciendo es metiéndonos en otras ramas de gobierno por razones político partidistas”, dijo.
Rivera Schatz, por su parte, defendió la medida, al sostener que no le quita poderes a la jueza presidenta. “Tenemos facultad para hacer lo que estamos haciendo”, sostuvo el líder senatorial.
VOTO PRESIDENCIAL
El Senado también dio paso anoche al P. de la C. 851, que crea la ley para “garantizar” el voto presidencial en Puerto Rico. La pieza, del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, fue aprobada en ese cuerpo el 30 de noviembre.
Viabilizar el voto presidencial en la isla requeriría una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que reserva ese derecho a los residentes de los estados.
El portavoz de la minoría independentista, Juan Dalmau, apuntó a que la medida “no tiene consecuencias jurídicas”. “La Constitución de Estados Unidos dice que los que tienen derecho para votar por el presidente son los compromisarios de los estados. Esto es ponerle una guirnalda al régimen...
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