Sentencia de Tribunal Apelativo de 9 de Enero de 2007, número de resolución KLAN200600578
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN200600578 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 9 de Enero de 2007 |
LEXTA20070109-04 Rodríguez Torres v.
Hernández Ramírez
| ROSA RODRÍGUEZ TORRES Apelante v. BENJAMÍN HERNÁNDEZ RAMÍREZ Apelado | | Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez Núm. Caso: ISCI200300104 Sobre: División de Bienes, Reivindicación Daños y Perjuicios |
Panel integrado por su presidente, el Juez López Feliciano, la Jueza Varona Méndez y el Juez Hernández
Serrano.
Hernández
Serrano, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 2007.
La señora Rosa Rodríguez Torres comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación en el cual nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez el 23 de febrero de 2006.
Analizada la controversia ante nosotros y la normativa aplicable, se confirma la sentencia apelada.
La señora Rosa Rodríguez Torres (en adelante, la señora Rodríguez), radicó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante, el TPI), una demanda contra el señor Benjamín Hernández Ramírez (en adelante, el señor Hernández Ramírez), y su compañera la señora Ilia Martínez (en adelante, la señora Martínez). En dicha demanda alegó que había convivido con el fenecido Don Benjamín Hernández Hernández
(en adelante, Don Benjamín), padre del señor Hernández
Ramírez, y que existía entre ambos una comunidad de bienes.
Arguyó que como parte de dicha Comunidad de Bienes existía una propiedad residencial construida en un terreno perteneciente a Don Benjamín. De igual forma, planteó que se le había despojado de sus bienes privativos, sus pertenencias y sus bienes muebles los cuales se encontraban en el camper donde residía Don Benjamín. En su demanda solicitó la división de la Comunidad de Bienes y la imposición de daños y perjuicios.
Concluidos los trámites procesales correspondientes fue celebrado el juicio en su fondo. Culminado el desfile de la prueba el TPI desestimó la demanda en cuanto a la señora Martínez y continuó el juicio contra el señor Hernández Ramírez.
Luego que el TPI evaluó y aquilató la prueba determinó que no existió entre la señora Rodríguez y Don Benjamín una Comunidad de Bienes y que era improcedente la acción de daños y perjuicios. Sin embargo, ordenó al señor Hernández Ramírez el pago a la señora Rodríguez de la cantidad de $4,949.80 por concepto de los enseres que ella había adquirido.
El TPI fundamentó su dictamen a base de que la evidencia desfilada solo demostró que la señora Rodríguez y Don Benjamín tuvieron una relación consensual por un período de alrededor de ocho meses, en la que nunca existió una relación de concubinato o convivencia marital.
Inconforme con dicha determinación la señora Rodríguez acude ante nosotros y nos plantea la comisión de los siguientes errores:
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no hacer Determinaciones de [Hechos] y Conclusiones de Derecho Adicionales, según se solicitó.
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar que entre la demandante y su compañero consensual, Don Benjamín Hernández Hernández, no se constituyó una comunidad de bienes ni hubo un pacto expreso o implícito al respecto.
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, al no determinar que la demandante sufrió daños por la culpa y las actuaciones intencionales del demandado.
La Regla 43.2, sobre declaración de hechos probados y conclusiones de derecho, establece en lo pertinente:
En todos los pleitos el tribunal especificará los hechos probados y separadamente consignará sus conclusiones de derecho y ordenará que se registre la sentencia que corresponda; y al conceder o denegar injunctions interlocutorios, el tribunal, de igual modo, consignará las determinaciones de hechos y conclusiones de...
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