Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Noviembre de 2007, número de resolución KLCE0701610
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE0701610 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 29 de Noviembre de 2007 |
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
| Peticionario v. WALESKA LAGARES MALDONADO Recurrida | KLCE0701610 | Certiorari Procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala de Arecibo CRIM. NUM. CSC2007G244 SOBRE: Supresión de Evidencia |
Panel integrado por su presidente el Juez Martínez Torres, la Juez Feliciano Acevedo y el Juez Miranda de Hostos.
Feliciano
Acevedo, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico a 29 de noviembre de 2007.
Mediante recurso de Certiorari, comparece el Pueblo de Puerto Rico representado por el Procurador General. Nos solicita la revisión de la Resolución emitida el 25 de septiembre de 2007 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI), que ordenó la supresión de evidencia en la acusación por los delitos graves y desestimó el delito menos grave que pesaban en contra de la Sra. Waleska
Lagares Maldonado (recurrida), al amparo de la Regla 64 N(4) de Procedimiento Criminal.
Por los fundamentos que a continuación exponemos se expide el auto solicitado y se revoca la Resolución recurrida.
Por hechos alegadamente ocurridos el 22 de enero de 2007, el Ministerio Fiscal presentó sendas denuncias en contra de la recurrida.
En esencia, se le imputó poseer cocaína y heroína con intención de distribuirlas; poseer marihuana y heroína, y poseer parafernalia
para procesar sustancias controladas. Además, el Ministerio Público presentó una denuncia por infracción el Art. 3.23 de la Ley de Tránsito.
Al cabo de los trámites de rigor, las correspondientes acusaciones fueron presentadas por el Ministerio Fiscal el 23 de marzo de 2007. Señalado el caso para juicio, el 1 de mayo de 2007, la Defensa de la recurrida presentó una Moción Solicitando Supresión De Evidencia. En síntesis, la recurrida alegó que la intervención de los agentes de la Policía carecía de motivos fundados y por ende la evidencia incautada debía ser suprimida.
El 16 de mayo de 2007, el Ministerio Fiscal se opuso a la solicitud de la recurrida mediante una Oposición A Solicitud De Supresión y alegó que la intervención de los agentes de la Policía fue conforme a derecho y producto de una violación a la Ley de Tránsito.
Luego de dos suspensiones, el 25 de septiembre de 2007, el TPI celebró la vista de supresión de evidencia. A la misma no compareció la prueba de cargo. La Defensa de la recurrida argumentó que la vista pautada para el 6 de septiembre de 2007 había sido suspendida y que ese día era el último según los términos de juicio rápido. Por su parte, el Ministerio Fiscal alegó que la presentación de la moción sobre supresión de evidencia interrumpió los términos de juicio rápido.
El TPI resolvió que aplicaba la defensa de incuria
dado el tiempo transcurrido sin celebrarse la supresión, porque el Ministerio Público no ha estado preparado y ordenó la supresión de evidencia en los casos de delitos graves y la desestimación del delito menos grave.1
Inconforme, acude ante nos el Procurador General y aduce que el TPI cometió los siguientes dos errores:
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no analizar la totalidad de las causas a la luz de las normas sobre juicio rápido.
Erró el Tribunal de Primera Instancia al suprimir evidencia sin que estuvieran presentes los requisitos que señala nuestro ordenamiento par que se realice esa acción.
Mediante Resolución del 31 de octubre de 2007, ordenamos a la recurrida a que se expresara en torno a los señalamientos de error alegados en el recurso. La recurrida no ha comparecido ni mostrado justa causa para ello, por lo cual procedemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia.
El Art. II, Sección 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone lo siguiente:
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica. Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando existe causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. 1 L.P.R.A. Art. II, §10. 2
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