Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Junio de 2008, número de resolución KLAN0800170
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN0800170 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2008 |
| PRIMARY CONSULTING GROUP, INC., ET | | Apelación procedente |
Panel integrado por su presidente, el juez Rivera Martínez, el juez Colón Birriel
y la juez Jiménez Velázquez.
Rivera Martínez, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2008.
El Municipio de Guánica
(en adelante Municipio) nos solicita que revoquemos la sentencia emitida el 30 de noviembre de 2007, notificada el 5 de diciembre de 2007, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (en adelante TPI). Mediante dicho dictamen el referido foro declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Primary Consulting Group, Inc. y el Grupo Académico Profesional-Corporación Profesional de Servicios Jurídicos (en adelante apeladas) y, en consecuencia, declaró con lugar la demanda sobre cobro de dinero presentada por éstas contra el Municipio.
En julio de 2005 el Grupo Académico Profesional-Corporación
Profesional de Servicios Jurídicos (en adelante Grupo Académico) presentó ante el TPI una demanda sobre cobro de dinero contra el Municipio. Alegó que el 7 de mayo de 2000 suscribió con éste un contrato de servicios profesionales y consultivos (contrato número 2001-00000) mediante el cual fue contratado para representar al Municipio para reclamar el pago de las aportaciones en lugar de impuestos adeudadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante
El Grupo Académico señaló que parte de la reclamación incluyó la presentación de una demanda contra la
$42,134.14 en concepto de honorarios por sus servicios. Sostuvo que dicha cantidad correspondía al cinco por ciento de la cantidad total que la
Posteriormente, el Grupo Académico presentó ante el TPI una Demanda Enmendada para incluir como demandante a Primary Consulting Group, Inc. (en adelante Primary Consulting). En ésta se alegó que el 7 de mayo de 2000 el Grupo Académico y Primary Consulting
contrataron con el Municipio mediante el contrato número 2001-00000 para llevar a cabo una investigación y análisis para determinar las deudas relacionadas con la aportación en lugar de impuestos de la
En cuanto a Primary Consulting, se arguyó que conforme al referido contrato y la transacción del pleito presentado por el Municipio contra la
Por su parte, el Municipio contestó la demanda enmendada y negó la deuda alegada, así como la existencia del contrato. Ante esto, el TPI le ordenó a las apeladas elevar a declaración jurada su reclamación y acompañar toda la prueba documental en apoyo de la misma. Además, el referido foro le ordenó al Municipio a hacer lo propio con relación a su alegación y defensa.
Así pues, las apeladas presentaron una Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Sentencia Sumaria. Sostuvieron que no existía controversia real sustancial
respecto a los siguientes hechos materiales: (1) el 7 de mayo de 2000 las partes efectuaron una contratación de servicios profesionales y consultivos mediante el contrato número 2001-00000; (2) mediante dicho contrato el Municipio se obligó al pago de honorarios contingentes a los ingresos o beneficios que el Municipio obtuviera con posterioridad a que las apeladas reclamaran a la
Por su parte, el Municipio se opuso a la solicitud de sentencia sumaria. En síntesis, sostuvo que nunca firmó un contrato de servicios profesionales con las apeladas. Asimismo, alegó que el documento presentado por las apeladas como contrato nunca se registró en la Oficina del Contralor. El Municipio adujo que su Secretario hizo una búsqueda de todos los documentos en su poder y registro y no encontró contrato alguno por concepto de servicios profesionales a nombre de Primary
Consulting y el Grupo Académico.
Así las cosas, el TPI emitió una orden en la que señaló que del escrito presentado por las apeladas por primera vez surgía que no había certeza del registro del contrato en cuestión en la Oficina del Contralor, por lo que ordenó a las apeladas aclarar dicho asunto. El TPI señaló que ello iba a la exigibilidad de la obligación, no a su validez o nulidad. En cumplimiento con esta orden, las apeladas informaron que estaban bajo la impresión de que el contrato de servicios profesionales había sido registrado en la Oficina del Contralor. Indicaron que...
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