Sentencia de Tribunal Apelativo de 18 de Diciembre de 2008, número de resolución KLRA0801252
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLRA0801252 |
| Tipo de recurso | Recursos de revisión administrativa |
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 2008 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES Recurrida v. DOMINGO SERRA ROMERO, ET AL Recurrente | | Revisión Administrativa procedente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Caso Núm. 04-038-CT Sobre: Violación la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico de 24 de noviembre de 1998, Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999 |
Panel integrado por su presidente, la Juez Pesante Martínez, el Juez Miranda de Hostos y la Jueza Pabón Charneco
Pabón Charneco, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2008.
Comparece ante nos, Domingo Serra Romero, en adelante, el recurrente, solicitando la revocación de una Resolución emitida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante, el D.R.N.A.
Mediante dicho dictamen, elD.R.N.A. declaró Con Lugar la causa de acción presentada contra el recurrente.
Por los fundamentos que expondremos a continuación se confirma la Resolución recurrida.
Conforme surge del recurso ante nuestra consideración, el 26 de febrero de 2004, se presentó contra el recurrente una Querella. En la misma se alegó que el recurrente, por sí o a través de sus agentes, había realizado los días 17 y 21 de enero de 2004 y 18 de febrero de 2004 en el Barrio Zarzal del Municipio de Río Grande, movimientos de corteza terrestre, depósito de relleno, destrucción de manglar y afectación de los manglares aledaños. Se planteó que las actividades mencionadas se habían realizado sin contar con los permisos estatales y federales necesarios.
Se alegó que los actos descritos infringían la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como Ley de Bosques de Puerto Rico, la Sec. 3.01 del Reglamento de Planificación Núm. 25, Reglamento de Siembra, Corte y Forestación de Puerto Rico, la Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico y la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada (Arena, grava y piedra). Se solicitó la restauración del área, así como la imposición de multas, a saber, $50,000 por la infracción a la Ley Núm. 132, supra, $10,000 por la violación a la Ley Núm. 133, supra, $5,000 por la infracción a la Ley Núm. 242, supra, y $50,000 por la violación a la Ley Núm. 136, supra.
A la luz de lo anterior, se emitió una Orden de Cese y Desistimiento tanto por parte del Gobierno Federal como Estatal. Se desprende de la contestación a la misma, que el recurrente había sido previamente imputado por violaciones similares. En dicha ocasión, el recurrente no era el dueño de la finca sino meramente era un comunero con 0.19%
de participación. Posteriormente, advino a ser dueño de la finca.
Completados los trámites de rigor se celebró la vista del caso ante la Oficial Examinadora. Se colige del expediente que dicha vista fue celebrada el 21 de octubre de 2004.
El 22 de mayo de 2008, el recurrente presentó una Moción Urgente. Mediante la misma, requirió al D.R.N.A. emitiera un dictamen. Señaló que habían transcurrido 3 años desde la vista y que, a pesar de ello, no se había emitido el Informe.
El Informe fue dictado el 25 de enero de 2008 y acogido por el D.R.N.A. el 4 de agosto de 2008, fecha en que fue emitida la Resolución recurrida. Evaluada la prueba se emitieron las siguientes determinaciones de hechos las cuales transcribimos in extenso:
1. El querellado Domingo Serra (recurrente) se dedica al desarrollo y venta de terrenos de su propiedad ubicados en Playa Picúas, barrio Zarzal del municipio de Río Grande. Exhibit III de la Querellada (recurrente), pág. 2 Determinación de Hechos 1.
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A fines de enero y principios de febrero de 2004, la parte querellada (recurrente) realizó remoción de terrenos en una finca ubicada en la Playa Picúas. De igual forma depositó material de relleno en un área de treinta pies por treinta pies (30´x 30´). El material se dispersó y aplanó con equipo pesado. El material depositado tiene una altura de dos pies (2´) sobre la corteza terrestre. En el terreno se hicieron marcos de madera y rotos con el propósito de erigir una estructura de hormigón. Exhibit III de la Querellada (recurrente) y Acta de Inspección Ocular de 25 de junio de 2004.
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Al remover y depositar relleno la parte querellada (recurrente) arrancó, cortó y afectó los árboles del lugar.
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El lugar en que la parte querellada (recurrente) realizó la remoción y depósito de relleno es un humedal. La parte querellada (recurrente) carecía de permiso para realizar el movimiento de terreno.
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El depósito de material de relleno afectó el flujo de las aguas en el lugar. Este cambio hidrológico afectó el crecimiento del manglar. (Énfasis en el original.)
Véase, pág. 11 del Apéndice.
En su consecuencia, se declaró Con Lugar la acción de autos en cuanto a las infracciones a las Leyes Núms. 132 y 133, supra, imponiéndosele al recurrente una multa de $30,000 y $10,000, respectivamente.
Insatisfecho, el recurrente interpuso escrito intitulado Moción de Reconsideración. En el mismo, adujo que la vista del caso había sido celebrada el 26 de agosto de 2004 y que no había sido hasta el 25 de enero de 2008 que el Oficial Examinador sometió el Informe y que 159 días después se emitió la Resolución recurrida. Arguyó que el Reglamento disponía que la Resolución final debía ser emitida dentro de los 90 días después de concluida la vista, a menos que el término hubiera sido renunciado o ampliado con el consentimiento escrito de las partes, ausente en el caso de autos.
El 3 de septiembre de 2008, se denegó el petitorio del recurrente.
Inconforme con la determinación del D.R.N.A. el recurrente comparece ante este Tribunal. Contando con la comparecencia de la Procuradora General Interina, en representación del D.R.N.A., procedemos a resolver.
En su escrito, el recurrente alega que incidió el D.R.N.A., al violar el debido proceso de ley cuando después de haber sido sometido el caso para su Resolución final, tardó 1,371 días, equivalente a 3 años y nueve meses para emitir el dictamen en violación del...
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