Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Mayo de 2012, número de resolución KLCE201200499
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201200499 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 31 de Mayo de 2012 |
| | CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón Civil número: D CD2009-2999 Sobre: Cobro de Dinero |
Panel integrado por su presidente, el juez López Feliciano, el juez Hernández Serrano, la juez Birriel Cardona y el juez Rodríguez Casillas.
Birriel Cardona, Jueza Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2012.
Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones los peticionarios Judith Rodríguez Ramos, Enrique Rodríguez Ramos y Maribel Rodríguez Ramos y nos solicitan que revisemos la orden emitida el 9de marzo de 2012 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). En el aludido dictamen se declaró no ha lugar una Moción Solicitando Determinaciones de Hecho y Señalamiento de Vista Evidenciaria a base de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil.
Por los fundamentos que discutimos a continuación, se expide el recurso de certiorari.
Según surgen del expediente, los hechos e incidentes procesales pertinentes para disponer del presente recurso se resumen a continuación.
El 4 de marzo de 2009 la Sucesión de Carmen Ramos Rivera (compuesta por los peticionarios) suscribió un contrato de servicios profesionales con la recurrida SayNet, Inc. Conforme a los términos del contrato, la recurrida tenía que llevar a cabo todas las gestiones conducentes a la partición del caudal.1
Meses más tarde los peticionarios cancelaron el contrato y solicitaron la devolución de todos los documentos pertenecientes a la sucesión. Así las cosas, la recurrida procedió a entregar los documentos que tenía en su poder.2
El 11 de septiembre de 2009 la recurrida instó una demanda en cobro de dinero contra los peticionarios. En ésta reclamó las sumas de $50,114.00 y $113,206.00, por concepto de un balance vencido sobre el contrato de servicios profesionales.
Luego de varios trámites procesales, los peticionarios presentaron una moción de sentencia sumaria. En esencia, alegaron que no había hechos en controversia que requirieran la celebración de un juicio. Por su parte, la recurrida presentó una moción en oposición aduciendo la existencia de hechos en controversia.
Examinadas ambas mociones, el TPI emitió una orden declarando no ha...
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