Sentencia de Tribunal Apelativo de 5 de Septiembre de 2012, número de resolución KLCE201201201
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201201201 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 5 de Septiembre de 2012 |
REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ AGUADILLA -
FAJARDO
| | | CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla Caso Núm.: A1VP201201317 A1TR201200425 A1CR201200658 Por: ART. 109 DEL C.P. ART. 7.01, LEY 22 ART. 252 DEL C.P. |
Panel integrado por su presidente, el Juez Cortés Trigo, la Juez Surén Fuentes y la Jueza Soroeta Kodesh1
Surén Fuentes, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2012.
A la Moción Solicitando Orden en Auxilio de Jurisdicción presentada por el compareciente, Lutgardo Acevedo López, NO HA LUGAR. En cuanto al recurso que presentó junto con la referida moción, denegamos la solicitud de expedición del auto de certiorari. Expresamos adelante los fundamentos de nuestro dictamen.
El 1 de julio de 2012 se le presentaron varias denuncias al compareciente. En resumen, al amparo del Art. 7.01 de la Ley Núm. 22 de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. §5201, y además, del Art. 109 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. §4737, se le imputó la comisión de un homicidio negligente mientras conducía en estado de embriaguez. También se presentó en su contra una denuncia por obstrucción a la justicia al amparo del Art. 252 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. §4880. Se infiere del expediente que se le halló causa probable para arresto por los delitos imputados y que se fijó el señalamiento de vista preliminar para dirimir la concurrencia de causa probable para acusar en cuanto a la imputación de homicidio negligente.
Indicó el compareciente que la vista preliminar se fijó para el 14 de agosto de 2012. Ahora bien, antes de que llegara el día de la vista, solicitó mediante moción de 23 de julio de 2012 que se le devolviera su vehículo de motor. De lo expresado por el compareciente en la moción se colige que, para alegados propósitos de investigación, el 30 de junio de 2012 se le ocupó el vehículo que conducía durante el incidente que propició la presentación de las denuncias en su contra. Reclamó que ya el Estado había tenido el vehículo suficiente tiempo para realizar las pruebas o evaluaciones que tuvieran a bien hacer. Insistió en que ahora él necesitaba tener a su alcance el vehículo para preparar de forma adecuada su defensa.
En reacción a la moción del compareciente, el Ministerio Público presentó su oposición. Adujo, en lo pertinente, que tanto el vehículo del compareciente como el del occiso se ocuparon para efectos de investigación. Se indicó que se realizarían una serie de pruebas con éstos. Aseguró el Ministerio Público que uno y otro vehículo constituía evidencia del caso, por lo cual, permanecían bajo la custodia del Estado. Señaló que, en su momento, el acusado podrá tener acceso al vehículo. Lo anterior, de modo que el compareciente pudiera, previo al acto del juicio, y como parte del descubrimiento de prueba, fotografiar y examinar el vehículo.
El 2 de agosto de 2012, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI), declaró no ha lugar la solicitud del compareciente para la devolución del vehículo. Por su parte, el 13 de agosto de 2012, el compareciente solicitó la reconsideración del dictamen. Cuestionó el tiempo que había transcurrido sin que se le devolviera su vehículo, el cual, destacó era financiado y que pagaba mensualmente $1,349.90 por éste. Adujo que la actuación del Estado podía tenerse como una confiscación...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba