Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Octubre de 2013, número de resolución KLCE201301174

LEXTA20131031-023 Betteroads Asphalt Corp v. Arevenca Refinery Complex

Estado Libre Asociado De Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL V

BETTEROADS ASPHALT CORP., BETTERECYCLING CORP. Demandantes-Peticionaria V. AREVENCA REFINERY COMPLEX; ARENERA DE VENEZUELA COMPAÑÍA ANÓNIMA; AREVENCA AKTM LIMITED H/N/C AREVENCA AKTM; AREVENCA S.A.; ARUBA REFINERY N.V. H/N/C AREVENCA ARUBA REFINERY; FRANCISCO J. GONZÁLEZ ÁLREZ Y MIRIAM MÁRQUEZ ROJAS Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS; OCTAVIO ALICANDRO Y FULANA DE TAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS; PAUL BURSAK Y FULANA DE TAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS; ROGER LAURENT Y FULANA DE TAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS; MADASI OIL CORP.; MARCOS DaSILVA; PERSONA K; MIGUEL D. LAUSELL, FULANA DE TAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES O COMUNIDAD DE BIENES COMPUESTA POR AMBOS; COMPAÑÍA ASEGURADORA A, COMPAÑÍA ASEGURADORA B, COMPAÑÍA ASEGURADORA C, COMPAÑÍA ASEGURADORA D, COMPAÑÍA ASEGURADORA E, COMPAÑÍA ASEGURADORA X, Y, Z; Y JOHN DOE COMO DEMANDADOS DESCONOCIDOS Demandados-Recurridos

KLCE201301174

Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan Caso Núm. K AC2012-0901 (503) SOBRE: Incumplimiento de contrato, Dolo, Cobro de dinero, Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, y el Juez Hernández Sánchez y la Jueza Grana Martínez.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2013.

Betterroads Asphalt Corp y Betterecycling Corp, (en adelante la parte peticionaria), solicita revisión de la negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, a ordenarle a los demandados Madasi Oil Corp. y Marcos Da Silva, (en adelante parte recurrida), el pago una fianza de no residente. La resolución recurrida fue dictada el 14 de agosto de 2013 y notificada a las partes el 22 de agosto del mismo año.

El 17 de octubre de 2013, los recurridos presentaron una “Solicitud de Desestimación por falta de Jurisdicción y/o su Alegato en Oposición a la Expedición del Recurso.”

Con el beneficio de los alegatos de ambas partes estamos listos para ponderar, si debemos ejercer nuestra discreción y expedir este recurso.

I

Los hechos que anteceden y motivaron la presentación de este recurso son los siguientes.

El 4 de septiembre de 2012, la parte peticionaria presentó una demanda por incumplimiento de contrato, dolo, cobro de dinero y daños y perjuicios contra varios codemandados en los que incluyó a los recurridos Madasi Oil Corp. y Marcos Da Silva. Alegó que Madasi Oil Corp. era una compañía organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas y estaba autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, y que su Presidente y Chief Executive Officer era el señor Marcos Da Silva. Véase páginas 16-36 del Apéndice del Recurso.

El 4 de octubre de 2012, la recurrida contestó la demanda y presentó una reconvención en la que solicitó una indemnización por los daños y perjuicios alegadamente sufridos como consecuencia de las acciones ilegales y difamatorias de la parte peticionaria.

Véase, páginas 37-45 del Apéndice del Recurso.

El 25 de octubre de 2012, la peticionaria solicitó al TPI que ordenara a la recurrida a cumplir con el pago de una fianza de no residente conforme lo establece la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 69.5. Alegó que Madasi Oil Corp.

era una corporación foránea existente bajo las leyes de la Islas Vírgenes Británicas, por lo que estaba obligada a pagar una fianza de no residente. La peticionaria enfatizó que el descubrimiento de prueba sería extenso y costoso, debido a la complejidad de las alegaciones hechas por la recurrida en la reconvención y a la cifra millonaria de daños que reclama. Véase, páginas 46-49 del Apéndice del Recurso.

La recurrida se opuso a pagar una fianza de no residente. Alegó que no era una corporación foránea, porque aunque estaba incorporada bajo las leyes de las Islas Británicas, estaba autorizada a hacer negocios en Puerto Rico donde están todos sus activos.

Argumentó que los demás reconvinientes residen en Puerto Rico y respondían solidariamente por el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado, en caso de que la reconvención fuera denegada. Por último, adujo que fue la peticionaria la que seleccionó este foro para presentar la demanda y obligó a la recurrida a presentar en este mismo foro la reconvención.

El 30 de noviembre de 2012, el TPI declaró NO HA LUGAR la solicitud de fianza de no residente presentada por la peticionaria. Esta solicitó reconsideración que fue denegada por el foro recurrido en una orden notificada a las partes el 22 de enero de 2013. Véase, páginas 66-72 del Apéndice del Recurso.

El 13 de junio de 2013, la peticionaria solicitó nuevamente al TPI que ordenara a Madasi Oil Corp. a pagar una fianza de no residente. Además, solicitó que también ordenara al codemandado Marco Da Silva a pagar una fianza de no residente, debido a que éste reside en el estado de la Florida. Adujo que Madasi Oil Corp. y Marco Da Silva estaban obligados a prestar individualmente una fianza de no residente para garantizar el pago de las costas y honorarios de abogado. Véase, paginas 8-10 del Apéndice del Recurso.

El 19 de julio de 2013, el TPI le notificó a las partes la decisión siguiente: Nada que proveer. Véase, página 14 del Apéndice del Recurso.

La peticionaria solicitó reconsideración que fue declarada NO HA LUGAR por el TPI.

Inconforme, el 23 de septiembre de 2013, la parte peticionaria presentó este recurso en el que hace el señalamiento de error siguiente:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la Moción de Fianza de no Residente de la Peticionaria toda vez que la Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil es de carácter mandatorio y los Peticionarios no se encuentran en ninguna de las excepciones de la Referida regla.

II

A

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal inferior.

Por ordinariamente tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); Pueblo v Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V., R. 52, establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas...