Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Septiembre de 2016, número de resolución KLCE201601599
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201601599 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2016 |
| | | Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao Civil Núm.: HICI2014-00669 Sobre: Cobro de Dinero |
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores
Figueroa Cabán, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2016.
Comparece la Sra. Marissette Varona González, en adelante la señora Varona o la apelante, y solicita que revoquemos una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, en adelante TPI. Mediante la misma, se desestimó una demanda contra tercero presentada contra Banco Santander Puerto Rico, en adelante Banco Santander o el apelado.
Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el auto de certiorari y se confirma la Sentencia Sumaria Parcial apelada.
Según surge del expediente, Sunrise at Palmas Neighborhood Association presentó una demanda de cobro de dinero contra la señora Varona. Alegó que esta adeudaba determinadas sumas de dinero por concepto de cuotas de mantenimiento y seguridad de las áreas comunes.1
En lo aquí pertinente, la apelante presentó una demanda contra tercero contra Banco Santander. Adujo que este, en su capacidad de acreedor hipotecario, obtuvo sentencia de cobro de dinero a su favor pero no ejecutó oportunamente la hipoteca. Por tal razón, en virtud de la doctrina de enriquecimiento injusto, debe responder por las cantidades reclamadas.2
Así las cosas, el apelado presentó una Moción de Sentencia Sumaria. Arguyó que las cuantías reclamadas corresponden al periodo en que la apelante era dueña del inmueble. Además alegó, que bajo nuestro ordenamiento procesal civil, el acreedor puede ejecutar una sentencia, sin permiso del tribunal, en cualquier momento dentro del término de 5 años desde que la sentencia es firme.3
Por ello, no infringió norma alguna al ejecutar la sentencia 46 meses después de dictada.
La señora Varona se opuso a la solicitud de sentencia sumaria. Alegó que existían controversias sobre la conducta del apelado y la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto que impedían la adjudicación sumaria del pleito.4
Luego de celebrar una vista argumentativa, el TPI consideró probados los siguientes hechos:
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El complejo residencial Sunrise es un proyecto de casas unifamiliares que ubica en Palmas del Mar, Humac[a]o, P.R.
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La casa G-9 de Sunrise fue adquirida por compra por los codemandados Reinaldo Díaz Pérez y Marissette Varona González, el día 3 de febrero de 2001.
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Previo a la compra de la casa G-9 por los codemandados, esta y todo el Proyecto Sunrise se encontraba afecto a las limitaciones, restricciones y condiciones dispuestas en la Escritura número 9 del 26 de abril de 1999, la cual, entre otras cosas, dispone la obligación del pago de cuotas.
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Las cuotas, cuyo cobro procura la parte demandante, son las adeudadas por los meses vencidos hasta el 30 de junio de 2015.
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Al incumplirse con el pago del préstamo concedido por el Banco a los codemandados, se presentó la causa de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en el caso civil núm. HSCI 2010-00350.
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El Banco obtuvo sentencia a su favor el 16 de agosto de 2011.
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Dicho caso culminó con la ejecución solicitada y el otorgamiento de la venta judicial el 1ro. de julio de 2015, con la que el Banco advino dueño.5
El TPI acogió el planteamiento del apelado y desestimó la demanda contra tercero.
Sostuvo que no hay norma alguna que obligue a un acreedor hipotecario a ejecutar una sentencia antes del término de 5 años de ser firme. Determinó además, que no hay prueba alguna de que Banco Santander se haya enriquecido ilegalmente al ejecutar su sentencia.6
Inconforme, la apelante presentó una Apelación en la que alega la comisión de los siguientes errores:
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE “NO RESULTA POSIBLE CONCLUIR QUE EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO ESTÁ PRESENTE” EN EL PRESENTE CASO EN CONTRA DE LA DOCTRINA JURÍDICA VIGENTE.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR QUE “EL BANCO COMO ACREEDOR POR SENTENCIA NO TEN[Í]A OBLIGACIÓN DE SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LA VENTA EN PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN INMUEBLE” EN CONTRAVENCIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA Y REGISTRAL.
Dado que el TPI dictó una Sentencia Sumaria Parcial en cuanto a una de las reclamaciones del pleito sin disponer de la totalidad del mismo, acogemos el recurso de epígrafe como una apelación sin cambiar su clave alfanumérica.7
Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho.8
En consideración a lo anterior, eximimos al apelado de presentar su alegato en oposición.
Examinados los escritos de las partes y los documentos que obran en autos, estamos en posición de resolver.
-II- A. La sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario y discrecional, que tiene el propósito de facilitar la solución justa y rápida de los litigios y casos civiles que no presenten controversias genuinas de hechos materiales y que, por lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en su fondo.9 Se trata de un mecanismo para aligerar la tramitación de un caso, cuando de los documentos que acompañan la solicitud surge que no existe disputa sobre algún hecho material y lo que procede es la aplicación del derecho.10
Al respecto, la Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación...
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