Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Febrero de 2017 - LEXTA20170223-001 - Ana Campoo Martin v. San Juan Cariba

Emisor:Tribunal Apelativo
Número de resolución:KLAN201600997
Partes:- Ana Campoo Martin v. San Juan Cariba
Tipo de recurso:Apelación
Fecha de Resolución:23 de Febrero de 2017
 
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LEXTA20170223-001 - Ana Campoo Martin v.  San Juan Cariba

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL I

ANA CAMPOÓ MARTÍNEZ Y ROBERT RUMPH VAN HELDEN, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS MENORES LENNY Y MARINA RUMPH CAMPOÓ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS
Apelados
v.
SAN JUAN CARIBÁ, INC., EQUIPO DE NATACIÓN DE SAN JUAN CARIBÁ ("ENSJC”), LA JUNTA DE DIRECTORES DE ENSJC, KAREN OYOLA EN SU CAPACIDAD PERSONAL Y COMO PRESIDENTA DE LA JUNTA DE DIRECTORES DEL ENSJC, FRANCISCO NATER Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA CON KAREN OYOLA, TERESA HOYO COTT EN SU CAPACIDAD PERSONAL Y COMO VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA DE DIRECTORES DEL ENSJC, JUAN DOE Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA CON TERESA HOYO, YAHAIRA VÁZQUEZ EN SU CAPACIDAD PERSONAL Y COMO TESORERA DE LA JUNTA DE DIRECTORES DEL ENSJC, JOSÉ DOE Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA CON YAHAIRA VÁZQUEZ, EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, FULANO DE TAL, JAIME DEL PUEBLO, CORPORACIONES A, B, & C Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS X, Y y Z
Apelante
KLAN201600997
Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Civil. Núm. K DP2013-0463 Sobre: Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.[1]

Rivera Marchand, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2017.

Comparece ante nosotros el Equipo de Natación de San Juan Caribá (ENSJC), la Junta de Directores del ENSJC, la Sra. Karen Oyola, la Sra. Teresa Hoyo Cott y la Sra. Yahaira Vázquez (en adelante “los apelantes”) y solicitan la revocación de una Sentencia dictada el 10 de mayo de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró con lugar una demanda de daños y perjuicios incoada por la Sra. Ana Campóo Martínez, el Sr. Robert Rumph Van Helden, la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Campóo-Rumph), quienes reclamaron por sí y en representación de sus hijos menores de edad Lenny y Marina Rumph Campóo.

I.

El 17 de abril de 2013 se inició el pleito judicial en contra de los aquí apelantes.[2] Los demandantes alegaron que la parte demandada expulsó a Lenny Rumph del equipo de natación de forma caprichosa al no cumplir con los procesos reglamentarios y del ENSJC. Además, adujeron que la separación mencionada fue selectiva y discriminatoria, a base de motivos falsos, libelosos y difamatorios. La señora Oyola, la señora Hoyo Cott y la señora Vázquez son miembros de la Junta de Directores (presidenta, vicepresidenta y tesorera respectivamente) y fueron demandadas en su carácter personal por supuestamente anteponer sus intereses personales sobre los del menor expulsado y su familia. En particular, favorecer a sus hijos, hijas o familiares que pertenecían al ENSJC.

El 22 de abril de 2015, las partes presentaron el informe de conferencia con antelación a juicio. Tras las partes exponer sus teorías, listaron la prueba que se proponían presentar en el juicio. Como prueba pericial, los demandantes anunciaron a la Dra. Iris Vargas Moll (psicóloga clínica y escolar) como perito de ocurrencia.[3] Asimismo, la parte demandante anunció, como prueba no estipulada, los “Récords de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad (ASSMCA)”.[4] En la lista de testigos, los demandantes expresaron que utilizarían al custodio de los récords de ser necesario.[5]

Respecto al récord médico de Lenny, en la Conferencia con Antelación a Juicio, el abogado de la parte demandada dijo que no lo tenía y surge de la Minuta que el abogado de los demandantes expresó:

A preguntas del Tribunal, [i]ndica el Lcdo. Graffam Rodríguez que lo único que tiene son unas certificaciones de asistencia de servicios de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad de San Juan. En ese sentido, no presentará un récord médico con un diagnóstico, excepto los documentos que indican cuanto tiempo su cliente estuvo en tratamiento y la certificación del cumplimiento con el mismo. No obstante, tiene el expediente de la sicóloga clínica que evaluó al menor inicialmente. (Énfasis nuestro).[6]

El abogado de los demandados manifestó que levantaría las objeciones pertinentes durante el juicio y el TPI les concedió 5 días a los demandantes para someter una moción con el fin de obtener copia de los récords médicos.[7]

Luego de la Conferencia con Antelación a Juicio, la parte demandada se opuso a que los demandantes ofrecieran durante el juicio los récords médicos y a la presentación de la doctora Vargas Moll como perito de ocurrencia.[8]

Los demandantes argumentaron que los demandados no realizaron esfuerzos razonables para obtener copia de los récords médicos y conseguir información sobre la doctora Vargas Moll y los terapistas de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad.[9]

El TPI les dio la oportunidad a los demandados para que expusieran su posición en torno a la oposición de los demandantes o, en la alternativa, solicitaran una orden para obtener el récord médico en controversia.[10] El 5 de junio de 2015, los demandantes sometieron copia del récord médico de la doctora Vargas Moll. No obstante, la controversia sobre los récords médicos de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad continuó hasta la celebración del juicio. En particular, en la vista de 5 de noviembre de 2015, ocurrió lo siguiente:

HONORABLE JUEZ: Vamos a hacer constar la objeción de los compañeros.

LCDO. VICENTE SANTORI MARGARIDA: Queremos consignar para el récord que esta es la primera vez que vemos estos récords, no tenemos copia de los récords y que es una evidencia sorpresa para nosotros.

HONORABLE JUEZ: ¿Y no ha sido anunciado en el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio? Es lo que les planteaba a los compañeros.

LCDO. VICENTE SANTORI MARGARIDA: No, Juez. Lo que pasa es que no nos han provisto esto. Es la primera vez.

HONORABLE JUEZ: Escuchen.

Los mecanismos de descubrimiento de prueba no se dilucidan en el juicio. Si están anunciados son permisibles, son admisibles en evidencia si se autentican y en efecto van a ser admitidos por el tribunal. Si antes de la fecha de hoy ustedes no se reunieron para intercambiar la prueba, eso no es un asunto que se dilucida hoy.

LCDO. VICENTE SANTORI MARGARIDA: Vuestro Honor, hasta hoy el compañero no las tenía.

HONORABLE JUEZ: De todos modos si lo querían ver y si lo querían examinar, sabían que estaban anunciados y que el compañero estaba anunciando a los custodios. Así que yo no voy a argumentar sobre las cuestiones de derecho por los cuales el tribunal está aceptando la admisibilidad de los mismos y vamos a admitirlos como evidencia con las objeciones de los compañeros. ¿Cuál es el que corresponde? . . . . . . .

HONORABLE JUEZ: Usted puede retirarse, gracias por su comparecencia. Los récords permanecen en el tribunal.

LCDO. ERIC RIVERA CRUZ: Quisiéramos consignar para el récord que en el descubrimiento de prueba nosotros solicitamos mediante interrogatorio toda la información que iba a utilizar el demandante en el día del juicio. Entre ellos se nos entregó las certificaciones de la 11 a la 19. Esto nunca se nos entregó. La obligación continua de descubrir prueba era del demandante, él tiene que proveer la prueba que anuncia. No la puede proveer el día de juicio sin antes habérsela dado, independientemente de que aquí haya venido nadie a testificar sobre quién dio este tratamiento. El caballero no fue quien atendió, fueron unas personas que atendieron y no tenemos tampoco información sobre eso.

LCDO. VICENTE SANTORI MARGARIDA: Ni hemos tenido oportunidad de interrogar esas personas que trataron a estos niños en relación a esos récords.

HONORABLE JUEZ: Adelante.

Testigo Mónica Santos.[11]

El custodio de los récords de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad fue el Sr. Epifanio Rivera Acevedo el cual se limitó a lo siguiente:

  1. Diga su nombre.

  2. Mi nombre es Epifanio Rivera Acevedo y soy el administrador de la Clínica (ininteligible)

    HONORABLE JUEZ: Perdón.

    Testigo: Administrador de la Clínica Albizu o de la Clínica de la Comunidad de la Universidad Carlos Albizu.

    POR EL LCDO. KEITH A.

    GRAFFAM:

  3. ¿Y eso es lo que se conoce como la Clínica de Salud Mental localizada en el viejo San Juan?

    R Es correcto.

    P ¿Y usted trajo en el día de hoy qué, esos esos expedientes?

  4. Traje tres expedientes que son concernientes a documentos originales de los pacientes atendidos.

    P ¿Cuáles pacientes en particular?

  5. El cliente era Ana Campóo Martínez, Rumph Campóo Lenny, Marina Rumph.

  6. ¿Y estos son los originales?

  7. Eso es correcto.

    LCDO. KEITH A. GRAFFAM: No tengo ninguna pregunta.[12]

    Por otro lado, durante el juicio, el TPI recibió prueba documental y testifical de ambas partes, y se reservó el fallo sobre una solicitud de un non suit conforme con la Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V. R.39.2(c).

    Evaluado lo anterior, el TPI dictó Sentencia declarando con lugar la Demanda. El foro primario condenó a la parte demandada a pagar de manera solidaria las siguientes cuantías: $50,000 a Lenny y $50,000 a la señora Campóo Martínez por los daños morales y emocionales, angustias y sufrimientos mentales; $25,000 a Marina y $25,000 al señor Rumph por los mismos conceptos más $1,000.00 por costas, gastos y honorarios de abogado.

    Para una mejor compresión del caso ante nuestra consideración, procedemos a reseñar las determinaciones de hechos que formuló el TPI para sostener su dictamen. Luego, expondremos cuáles son los hechos que los apelantes impugnan en su alegato y, si le asiste razón, evaluaremos el efecto sobre los remedios concedidos por el foro primario. Veamos.

    La señora Campóo Martínez es natural de Argentina, reside en Puerto Rico desde el 2001 y está casada con el señor Rumph con quien procreó a Lenny y Marina. Al momento de la celebración del juicio, Lenny y Marina tenían doce y nueve años respectivamente. En el 2007, la señora Campóo Martínez y el señor Rumph inscribieron a Lenny en el programa de clases de natación en las instalaciones públicas del Natatorio de San Juan. El ENSJC utilizaba la piscina del Natatorio y Lenny fue invitado a formar parte del equipo en el 2008. El entrenamiento del equipo duraba dos horas diarias por cinco o seis días a la semana.

    Lenny se convirtió en uno de los mejores y más destacados nadadores en su categoría. Acumuló puntos para el ENSJC en las competencias nacionales, ganó trofeos, medallas y obtuvo otros reconocimientos. Lenny fue escogido y premiado en el 2011 como el mejor nadador del ENSJC en todas las disciplinas. Al momento del juicio, Lenny se encontraba entre los mejores 8 nadadores en su categoría de todo Puerto Rico. Por otra parte, Marina comenzó en el 2011 en el programa de natación del Natatorio conocido como el preequipo del ENSJC. Además, la señora Campóo Martínez y el señor Rumph eran usuarios autorizados de las instalaciones del Natatorio y del Parque Central del Municipio de San Juan.

    El 4 de septiembre de 2012, la señora Campóo Martínez recibió una carta suscrita por cuatro miembros de la Junta de Directores, a saber: la señora Oyola (presidenta), la señora Hoyo (vicepresidenta), la señora Vázquez (tesorera) y la señora Pérez (Sub-Secretaria). La carta, fechada el 31 de agosto de 2012, le informó a la señora Campóo Martínez la decisión del ENSJC de entregarle un Release a Lenny. Según la misiva, la decisión de entregar el Release se debió a que la señora Campóo Martínez infringió en varias ocasiones la Constitución y Reglamento del Equipo de Natación San Juan Caribá. En el juicio, la señora Oyola declaró que el reglamento aplicaba a los nadadores y a sus padres.

    Las imputaciones que se utilizaron para fundamentar la decisión fueron las siguientes:

    1. El día 2 de abril de 2012 usted le falto (sic) el respeto a la Presidenta, Sra.

      Karen Oyola mediante mensaje de texto.

    2. El 23 de mayo de 2012 usted agrede física y verbalmente a la Vice-Presidenta, Sra.

      Teresa Hoyo.

    3. El 25 de mayo de 2012 tiene un altercado con Oficiales de la FPN [Federación Puertorriqueña de Natación] durante las competencias de los (sic) Nacionales en la Natatorium.

    4. El 06 (sic) de agosto de 2012 alterada hace insinuaciones sobre que esta (sic) haciendo la Junta con el dinero que se cobra por concepto de mensualidades delante de todas las personas que se encontraban en la parte de recepción del Natatorium a la Tesorera, Sra. Yahaira Vazquez (sic).[13]

      La disposición reglamentaria citada en la carta fue el Art. 2:01, Sección B (14) que versa sobre los deberes y las responsabilidades de los miembros del ENSJC. Específicamente establece:

      Todo miembro mantendrá un comportamiento intachable durante todas las actividades del ENSJC. Esto incluye, pero sin limitarse a:

      a. No entrar en discusiones verbales agitadas o alteraciones físicas con otro socio u otro padre de otro equipo u oficial de la FPN durante actividades del ENSJC o FPN.[14]

      Por otro lado, la Constitución y Reglamento del Equipo de Natación San Juan Caribá establece:

      15- Todo miembro que incurra en un comportamiento inadecuado será llevado ante el Comité de Disciplina designado, quien tendrá el derecho de tomar acción disciplinaria sobre el miembro según el procedimiento establecido en este reglamento.

      16- Todo miembro tendrá el derecho de apelar una decisión tomada por el Comité de Disciplina designado, según los procedimientos establecidos en este reglamento y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

      La Junta de Directores no designó el Comité de Disciplina ni adoptó un reglamento disciplinario. De hecho, dicho artículo fue eliminado el 30 de noviembre de 2010 y se adoptó lo siguiente:

      Se establecerá una presentación por escrito de la querella o petición de las partes afectadas ante la Junta de Directores de ENSJC, este procedimiento será de carácter responsable, la Junta de Directores procederá acorde al mismo y hará recomendaciones para la determinación final.[15]

      El Reglamento fue enmendado nuevamente el 11 de enero de 2011 para añadir un una disposición sobre las medidas disciplinarias que podían imponérsele a los miembros. El Artículo 3:06 establece:

      Sección A: Amonestación Verbal

    5. La junta de directores del ENSJC, le exhorta al nadador(a) a descontinuar esta conducta inapropiada, consecuencias y la gravedad del mismo.

    6. Luego se levantara (sic) una minuta de lo hablado y se mantendrá en el expediente personal del nadador(a).

      Sección B: Amonestación Escrita

    7. La junta de directores del ENSJC, traerá la atención del nadador(a) y a sus padres a los cuales se le indicara (sic) por escrito; el problema observado y que la (sic) mismo no ha sido modificado o descontinuado y advertirá acciones disciplinarias a las que puede enfrentarse.

    8. Luego se le entrega al nadador(a) y a sus padres los cuales firmaran (sic) lo recibido, y se mantendrá en el expediente personal del nadador(a).

      Según sea el caso y la gravedad del mismo, se aplicaran (sic) las medidas correctivas en reprimenda escrita, suspensión de prácticas indicando el número de días, semanas o suspensión total del equipo del ENSJC. (Énfasis en el original).[16]

      La Junta de Directores no amonestó, de manera verbal ni por escrito, a la señora Campóo Martínez antes de entregarle la carta.[17] La Junta de Directores tampoco celebró una vista disciplinaria para permitirle a la señora Campóo Martínez expresar su posición sobre las imputaciones expuestas en la carta del Release. La carta no le apercibió a la señora Campóo Martínez sobre su derecho a apelar la decisión de entregarle a Lenny el Release.

      La primera imputación de la carta se refiere a un mensaje de texto que la señora Campóo Martinez le envió el 28 de marzo de 2012 al celular privado de la señora Oyola. El mensaje de texto estuvo relacionado con un mal entendido sobre la redacción de una carta mediante la cual los padres daban sugerencias para mejorar el entrenamiento de los nadadores. El mensaje de texto no contenía palabras soeces, insultos ni amenazas.[18] La señora Oyola llevó de inmediato el asunto ante la Junta de Directores. El 29 de marzo de 2012, la Sra. Anabelle Toledo buscó a la señora Campóo Martínez para que ésta acudiera a una reunión espontánea de la Junta de Directores. El fin de la reunión era discutir el asunto del mensaje de texto, pero la señora Campóo Martínez rehusó reunirse en ese momento.

      Sin la presencia de la señora Campóo Martínez, la señora Oyola les enseñó el mensaje de texto a los miembros de la Junta de Directores y, el 2 de abril de 2012, la Junta de Directores le entregó una citación a la primera. La citación indicó:

      Durante esta semana pasada se sucitaron (sic) varios hechos que van en contra de lo establecido en el Reglamento vigente del Equipo de Natación San Juan Cariba (sic), la cual requiere nuestra inmediata atención. Por tal motivo se requiere de su presencia el día martes 03 (sic) de abril a las 6:30 pm en las facilidades del Natatorium (sic). De usted no comparecer, se le advierte que se entenderá que esta (sic) renunciando al debido proceso para que pueda exponer su posición en torno a lo sucedido.[19]

      La señora Campóo Martínez se reunió de manera informal con la señora Oyola y la señora Hoyo para discutir el asunto del mensaje de texto, y el malentendido quedó clarificado. La reunión pautada para el 3 de abril de 2012 no se celebró.

      Tampoco se inició un procedimiento disciplinario en contra de la señora Campóo Martínez. Durante el juicio, la parte demandada aceptó que el mensaje de texto, aun cuando fuese ofensivo, no era razón suficiente para expulsar a Lenny del ENSJC y tampoco la Junta de Directores podía iniciar una acción disciplinaria en contra de la señora Campóo Martínez por el mensaje de texto.[20]

      La Junta de Directores también incluyó como fundamento para el Release de Lenny la supuesta agresión de la señora Campóo Martínez a la señora Hoyo (vicepresidenta de la Junta de Directores). La prueba testifical demostró que hubo una discusión acalorada el 23 de mayo de 2012 entre la Sr. Elizabeth Román, la señora Oyola, la señora Campóo Martínez y la señora Hoyo. La discusión trataba sobre la decisión de la Junta de Directores de no permitir desfilar a los nadadores que no vistieran el uniforme nuevo. La señora Hoyo testificó que se sintió “petrificada”, intimidada y temió por su seguridad. Sin embargo, la señora Hoyo también expresó que no reportó a la policía la alegada agresión física a pesar de existir un cuartel municipal cerca del Natatorio.[21]

      La señora Oyola estuvo presente en la discusión y en el juicio admitió que la señora Campóo Martínez no insultó, no utilizó palabras soeces y no agredió verbalmente a la señora Hoyo.[22]

      Asimismo, la presidenta de la Junta de Directores admitió que una agresión física es un incidente grave que requiere la atención inmediata de la Junta de Directores como ente fiscalizador del comportamiento y la disciplina de los miembros del ENSJC. Aun así, la Junta de Directores no citó de inmediato a la señora Campóo Martínez para discutir el asunto ni emitió una amonestación verbal o escrita.

      El tercer incidente que dio paso al Release del menor fue un supuesto altercado entre la señora Campóo Martínez con oficiales o funcionarios de la FPN durante las competencias nacionales celebradas en mayo de 2012. Sobre este asunto, el Sr. Morgan Toro (presidente de la FPN al momento del juicio) declaró que no existía querella o anotación alguna sobre el incidente imputado por la Junta de Directores.[23]

      Por otro lado, previo a la expedición del Release, la Junta de Directores no le llamó la atención a la señora Campóo Martínez acerca de agresiones en contra de otras personas o altercados con oficiales de la FPN.

      El cuarto asunto señalado en la carta fue la alegada insinuación a la señora Vázquez (tesorera de la Junta de Directores) sobre el manejo del dinero cobrado por concepto de mensualidades.

      Según la carta, la señora Campoó Martínez actuó de manera alterada y cuestionó a la tesorera frente a todas las personas que se encontraban en la recepción del Natatorio. Sobre ello, la parte demandada admitió en el juicio que los miembros del ENSJC tienen derecho a cuestionar las finanzas de la organización.

      La señora Campóo Martínez declaró que le reclamó molesta a la señora Vázquez por el cobro de recargos en las mensualidades que vencían el domingo y el pago se efectuaba al próximo día.

      La señora Vázquez admitió que la señora Campóo Martínez no utilizó palabras soeces y lo que le ofendió fue el tono de voz utilizado. Asimismo, reconoció que es normal la molestia de los miembros cuando se le cobran recargos o penalidades.[24] Por último, la parte demandada aceptó que las insinuaciones, aun cuando fuesen impropias, no conllevaba una sanción disciplinaria y menos la expulsión sumaria de un nadador del equipo.

      La Junta de Directores no le notificó al señor Rumph sobre los problemas que confrontaba su esposa (la señora Campóo Martínez) a pesar de que éste frecuentaba el Natatorio. El TPI acogió el testimonio de la señora Oyola en cuanto a la reunión de los miembros de la Junta de Directores y la votación unánime (excepto una abstención) a favor de la decisión de entregarle el Release a Lenny. Asimismo, el foro primario determinó que la Junta de Directores no preparó ni notificó una agenda previa a la reunión y tampoco levantó una minuta acerca de lo acontecido en la reunión.

      El foro primario apuntó el testimonio de la señora Román quien declaró que su hijo era nadador del ENSJC y habían ocurrido incidentes y casos de altercados con padres, pero las acciones disciplinarias se tomaban en contra del padre envuelto y no contra el niño nadador.

      El señor Toro testificó acerca de las consecuencias que tuvo la fecha de la entrega del Release. El testigo de la parte demandante declaró que, luego de las competencias nacionales, la FPN provee una ventana de noventa días mediante la cual cualquier nadador puede cambiar de equipo sin problema, limitación o penalidad. Luego del periodo de noventa días, el nadador que cambia de equipo no puede afiliarse a éste por el término de un año. La Junta de Directores conocía esta norma y, aun así, le entregó el Release a Lenny cuando ya había transcurrido el término de los noventa días para éste afiliarse a otro equipo y no podía acumular puntos en contra del ENSJC. La señora Oyola expresó que la Junta de Directores tomó vacaciones después de las competencias nacionales y no pudo explicar por qué no se atendió con premura el asunto del Release de Lenny.

      Debido a los esfuerzos de la madre, Lenny pudo competir como nadador de la FPN y nadar en eventos individuales, pero no pudo competir en relevos por no estar afiliado a un equipo. Lenny se encontró con todo el ENSJC en la competencia. Allí estaban quienes fueron sus amigos por más de cinco años, entrenadores y padres. Las personas mencionadas no saludaron a Lenny y lo miraron como si éste fuese un traidor por no pertenecer ya al ENSJC.

      Los padres de Lenny, por conducto del Lcdo. Ricardo M. González Cruz, presentaron una apelación ante la Junta de Directores. La Junta de Directores concedió una vista para que se mostrara causa por la cual la decisión del Release debía ser revocada. La audiencia se celebró el 14 de septiembre de 2012 ante varios miembros de la Junta de Directores quienes informaron estar en posición de escuchar los argumentos. La Junta de Directores manifestó que le resultaba necesario consultar la situación –o estar representado- con un abogado. La señora Oyola quedó en enviar por escrito a la señora Campóo Martínez los incidentes señalados con la prueba correspondiente. Por otro lado, la Junta de Directores expresó que era más perjudicial permitirle a Lenny nadar ante la posibilidad de mantenerse la decisión del Release. Las partes acordaron celebrar otra reunión de seguimiento para discutir y exponer la petición de clarificación y fundamentos de los incidentes.

      Así las cosas, la reunión de seguimiento fue suspendida de manera unilateral por el ENSJC y no se pudo coordinar una fecha alterna. Los padres de Lenny y el licenciado González Cruz entendieron que la decisión tomada por la Junta de Directores no cambiaría o se dejaría sin efecto. La Junta de Directores no proveyó la prueba en apoyo de los supuestos incidentes que se utilizaron para fundamentar la expedición del Release. Posteriormente, la FPN reconsideró su determinación y le permitió a Lenny unirse a un nuevo equipo, Nadadores de Santurce, sin tener que esperar el año reglamentario.[25] Con dicha determinación, Lenny fue elegible para competir desde el 14 de febrero de 2013 en adelante.[26]

      Lenny declaró que, después de recibir el Release, caminaba por la casa desorientado por no tener su rutina diaria a la cual se acostumbró desde los cinco años de edad. Además, Lenny manifestó que no entendía la razón por cual le dieron el Release porque él no había hecho nada malo y, por el contrario, había representado orgullosamente al ENSJC por años. Con nostalgia, Lenny testificó que no creía que su madre hubiese agredido a nadie y se sintió mal al ser excluido del equipo de natación y al perder a sus mejores amigos. La señora Campóo Martínez y el señor Rumph declararon que Lenny estaba afligido y lloraba con frecuencia, no dormía, y estaba agresivo con ellos y con su hermana pequeña. Además, los padres declararon que Lenny actuaba con total desinterés, sin ánimo o motivación alguna en la casa, escuela y en todos los lugares.

      Según los padres, Lenny cayó “en una depresión severa que requirió tratamiento psiquiátrico y/o (sic) psicológico por más de un año y medio”.[27] En apoyo de esta determinación de hecho, el TPI hizo referencia a los testimonios de la señora Campóo Martínez y del señor Rumph, así como los récords médicos de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad que fueron objetados por la parte demandada.[28]

      Con relación a los daños de Marina, el TPI determinó que la niña comenzaba a participar de las prácticas del ENSJC cuando su hermano fue sumariamente expulsado y ello causó que Marina también quedara fuera del Natatorio.[29] Marina declaró en el juicio que la situación la hizo sentir mal, perdió contacto con sus mejores amigas con quienes compartía diariamente. Marina testificó que tampoco creía que su madre hubiese agredido a alguien y no entiende lo sucedido. Los padres expresaron que la rutina de Marina se afectó de manera adversa, perdió el interés por nadar y en los demás deportes. Marina desarrolló miedos y fobias intensas, y como resultado se rehusaba ir a la escuela o cualquier otro lugar público.

      Los padres manifestaron que Marina lloraba con frecuencia y aterraba tocar a alguien, aunque fuese por accidente, por miedo de que tuviese consecuencias negativas como lo ocurrido en el Natatorio con su madre. Añadieron que Marina comenzó a orinarse y defecarse encima, situación que no había ocurrido antes. El foro primario concluyo las determinaciones de hechos sobre los daños de Marina con lo siguiente: “Según surge de la prueba testifical y del récord médico de Marina, la niña sufrió de insomnio, pesadillas, ansiedad, inseguridad y depresiones que requirieron tratamiento psiquiátrico y/o (sic) psicológico por más de un año”.[30]

      La señora Campóo Martínez declaró que sufrió graves angustias al ser humillada y expulsada del ENSJC y revive la situación a diario. Testificó que se tiene que defenderá continuamente de algo que no hizo y se sintió discriminada por las demandadas por haber nacido en Argentina. La señora Campóo Martínez se sintió frustrada e impotente al no poder defender a sus hijos ni exponer su posición sobre la decisión de la parte demandada y por no permitírsele refutar las alegaciones en su contra o la sanción disciplinaria impuesta.

      La señora Campóo Martínez declaró que le faltaban seis meses de clases para completar su certificación como entrenadora personal y dejó de asistir a la universidad. Según su testimonio, perdió la motivación para continuar con los estudios y practicar sus deportes.

      Expresó que “recibió tratamiento psiquiátrico y/o (sic) psicológico al sufrir de insomnio, pesadillas, intranquilidad, ansiedad, aflicción, preocupación, depresiones e irritabilidad.” Inicialmente, la señora Campóo Martínez, Lenny y Marina recibieron tratamiento con la Dra. Iris Vargas Moll, Psicóloga por los sucesos ocurridos en el ENSJC. Posteriormente fueron atendidos en la Clínica de Salud Mental de la Comunidad en el Viejo San Juan.[31]

      Por último, el señor Rumph declaró que la expulsión de Lenny del ENSJC lo dejó sin amigos y sintió una frustración intolerable al vivir la situación a la cual fueron sometidos su esposa y Lenny.

      Testificó que las actuaciones de la parte demandada trastocaron la rutina familiar, pues utilizaban el Natatorio y las demás instalaciones del Parque Central mientras sus hijos practicaban. Tras la entrega del Release, la familia tuvo que dejar de realizar sus actividades rutinarias y de utilizar las instalaciones recreativas. El señor Rumph no visitó a un médico para recibir tratamiento, pero llevó y acompañó a sus hijos y esposa a las citas.

      Con estas determinaciones de hechos, el TPI concluyó que las codemandadas se pusieron de acuerdo para actuar de manera ultra vires y negligentemente al expulsar de forma inmediata y final a Lenny del ENSJC sin cumplir con el proceso disciplinario establecido en la Constitución y Reglamento del Equipo de Natación San Juan Caribá.[32]

      El foro primario razonó que la conducta impropia de la señora Campóo Martínez debió iniciar un proceso en contra de ésta y no de Lenny.[33] En apoyo de su conclusión, el TPI indicó que la Constitución y Reglamento del Equipo de Natación San Juan Caribá no advierte sobre la expulsión de un nadador por la conducta inapropiada de sus padres.[34]

      El foro apelado resolvió que las actuaciones de las codemandadas, en su carácter personal, motivadas por la represalia y competencia, excedieron la autorización establecida por el reglamento como parte de la Junta de Directores. Por consiguiente, le impuso responsabilidad solidaria a la señora Oyola, a la señora Hoyo, a la señora Vázquez y sus respectivos esposos junto con las sociedades legales de bienes gananciales correspondientes. Al TPI no le mereció credibilidad el testimonio de la señora Hoyo en cuanto a la alegada agresión y le pareció irreconciliable la posposición de este asunto en comparación con la situación del mensaje de texto.[35]

      El foro primario declaró ha lugar la demanda y condenó a la parte demandada a pagar de manera solidaria las siguientes cuantías: $50,000 a Lenny y $50,000 a la señora Campóo Martínez por los daños morales y emocionales, angustias y sufrimientos mentales; $25,000 a Marina y $25,000 al señor Rumph por los mismos conceptos. Además impuso la suma de $1,000 por costas, gastos y honorarios de abogado.

      Inconforme con el resultado, los demandados acudieron ante nosotros mediante recurso de apelación y formularon los siguientes señalamientos de error, a saber:

      Primer Error:

      Erró el TPI en su apreciación de la prueba al concluir que las demandadas actuaron de forma ultra vires y crasamente negligentes al expulsar al menor Lenny Rumph Campóo sin llevar a cabo el proceso disciplinario requerido por la Constitución y Reglamentación del ENSJC.

      Segundo Error:

      Erró el TPI al admitir en evidencia de los Récords de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad en contravención a las Reglas de Procedimiento Civil y de Evidencia.

      Tercer Error:

      Erró el TPI en su apreciación de la prueba al conceder compensación por daños en ausencia de prueba al respecto.

      Cuarto Error:

      Erró el TPI al conceder Mil Dólares ($1,000.00) por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado

      En el primer señalamiento de error, los apelantes argumentaron que las actuaciones de la señora Campóo Martínez justificaron la separación del organismo a base del Art. 2.01(B)(14) de la Constitución y Reglamento del Equipo de Natación San Juan Caribá. Asimismo, indicaron que todas las gestiones fueron realizadas por la Junta de Directores y no hubo prueba para establecer alguna actuación de sus miembros en su carácter personal.[36] Además, expresaron que la prueba demostró la existencia de una amistad entre la señora Campóo Martínez, la señora Oyola y entre los hijos de éstas.[37]

      Los apelantes añadieron que Lenny era parte esencial del equipo y, por consiguiente, no hubo represalia en contra del menor con el fin de beneficiar a los hijos de los miembros de la Junta de Directores.[38]

      Los apelantes plantearon que la señora Campóo Martínez rehusó continuar las conversaciones con la Junta de Directores sobre el Release en controversia.[39]

      Por último, argumentaron que las reclamaciones en contra de las sociedades legales de bienes gananciales no debían prosperar, pues no hubo alegaciones en contra de éstas en la demanda y los emplazamientos diligenciados no se refirieron al carácter personal de los cónyuges.

      En el segundo señalamiento de error, los apelantes arguyeron que el TPI admitió erróneamente unos récords médicos de la Clínica de Saludos Mental de la Comunidad. Según los apelantes, no se les brindó la oportunidad de examinar los récords médicos antes del juicio y no hubo testigos que declararan sobre el contenido de dichos expedientes. Por ello, sostuvo que dichos expedientes no debieron considerarse como prueba para los daños. Lo anterior está estrechamente relacionado con el tercer señalamiento de error, pues allí los apelantes discutieron la ausencia de prueba sobre los alegados daños sufridos por Lenny. Los apelantes manifestaron que el expediente de la doctora Vargas Moll estableció la ausencia de daño emocional, una orientación adecuada en las “tres esferas” y un buen contacto visual[40]. Asimismo, la doctora Vargas Moll hizo constar en el expediente que el menor le manifestó estar a gusto en el nuevo Club de Natación de Santurce.[41]

      Mediante el tercer señalamiento de error los apelantes cuestionaron la determinación de daños correspondientes a la señora Campóo Martínez, el señor Rumph y Marina Rumph. En cuanto a Marina Rumph, hermana de Lenny, los apelantes argumentaron que ella no pertenecía al ENSJC porque tenía 5 años de edad al momento de los hechos y; no hubo prueba de que hubiese sufrido depresión y recibido tratamiento psiquiátrico por un año.[42]

      En relación con la señora Campóo Martínez, la posición de los apelantes es que ante la ausencia de daños de Lenny, tampoco existen daños de la madre en la medida que el TPI la compensó por supuestos sufrimientos de Lenny. A lo anterior, los apelantes añadieron que la señora Campóo Martínez no presentó prueba sobre tratamiento psiquiátrico.[43] Acerca de la alegación de discrimen, los apelantes reiteraron que entre los miembros de la Junta de Directores y la señora Campóo Martínez había una amistad y la señora Vázquez incluso le dio varias oportunidades a la señora Campóo Martínez para pagar la cuota.[44] Respecto al señor Rumph, los apelantes expresaron que las alegaciones de daños estaban basadas en las reclamaciones de Lenny y la señora Campóo Martínez, por tanto, ninguna prevalecían por ausencia de prueba.[45]

      El cuarto y último señalamiento de error versó sobre la imposición de $1,000 por honorarios de abogado. Los apelantes argumentaron que el TPI confundió las partidas de costas con los honorarios de abogado cuando la Regla 44.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y la jurisprudencia las distinguen.[46]

      Sin embargo, los apelantes no discuten si actuaron o no de manera temeraria al litigar el pleito de epígrafe.

      La parte apelada compareció en oposición y argumentó que las acciones de la señora Oyola, la señora Hoyo y la señora Vázquez excedieron sus facultades como miembros de la Junta de Directores. En particular, la parte apelada destacó que la acción de expulsar a Lenny no fue tomada por la mayoría de los miembros de la Junta de Directores y no se consultó a la Asamblea General como establece la Constitución y Reglamento del Equipo de Natación San Juan Caribá. Asimismo, los apelados indicaron que el alegado altercado con los funcionarios u oficiales de la FPN no se pudo probar durante el juicio y tampoco fue llevado a la atención de la Junta de Directores. Además, arguyeron que las acciones de las codemandadas causaron que Lenny estuviese un año sin poder nadar para otro equipo, participar de relevos o acumular puntos.[47]

      En cuanto al segundo señalamiento de error, la parte apelada indicó que el expediente médico de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad fue incluido en el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio y el contenido era admisible conforme a la Regla 110 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI).[48]

      Contrario a lo expuesto por los apelantes, los apelados manifestaron que no era necesario traer como testigo a cada uno de los médicos, enfermeras o personal que haya intervenido con el paciente o escribió alguna nota en el expediente.[49]

      Asimismo, planteó que la decisión del TPI se sostenía aun sin los expedientes médicos, pues los demandantes testificaron sobre el tratamiento psicológico recibido.[50]

      Respecto al tercer señalamiento de error, los apelados expresaron que las cuantías concedidas fueron razonables al tomar en cuenta los efectos de las acciones y omisiones de los demandados en el núcleo y estabilidad emocional de la familia y, en especial, de los menores que no hicieron nada para ser expulsados.[51] Finalmente, los apelados manifestaron que el cuarto señalamiento de error no procede, porque el pleito se pudo evitar y la imposición de honorarios de abogado por temeridad descansa en la discreción del TPI.[52]

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante nuestra consideración.

      II.
  8. Doctrina de daños y perjuicios

    El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

    5141, le impone el deber a toda persona de no causar daño a otra mediante un acto u omisión culposo o negligente. En caso de así hacerlo, la persona que produce el daño viene obligada a repararlo. Íd. En lo pertinente, el referido estatuto dispone: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

    Íd.

    Según la doctrina de daños y perjuicios, todo menoscabo material o moral conlleva su reparación si concurren tres elementos básicos: (1) un acto u omisión culposo o negligente del demandado; (2) la presencia de un daño físico o emocional en el demandante y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).

    La jurisprudencia ha definido el acto culposo o negligente como la falta del debido cuidado a base de la figura de la persona de prudencia común y ordinaria. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150-151 (2006), citando a Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 860 (1976). La culpa consiste en no anticipar las consecuencias racionales de un acto u omisión.

    Íd., pág. 151, citando a Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997).

    La relación causal que debe existir entre la acción u omisión culposa o negligente y el daño se rige en nuestro ordenamiento por la doctrina de la causalidad adecuada, que propone que “no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. (Citas omitidas.) Colón Ramírez v.

    Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 707 (2009). Ello implica que la ocurrencia del daño “era previsible dentro del curso normal de los acontecimientos”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 152. Si ante una evaluación retrospectiva, un daño emerge como la consecuencia razonable y ordinaria de un acto negligente, se considerará que el daño es un resultado probable de dicho acto. Valle v.

    E.L.A., 157 DPR 1, 19 (2002); Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 474 (1997).

    Por otro lado, el concepto de daño es definido como el menoscabo material o moral que sufre una persona en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio y por el cual ha de responder a otra. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 817 (2009); García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205-206 (1988). El daño debe haberse infligido en contravención a una norma jurídica. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 845. El daño puede ser no patrimonial o patrimonial.

    Los daños no patrimoniales son aquellos que afectan elementos o intereses de difícil valoración pecuniaria. La valoración en dinero no tiene la base de equivalencia matemática que caracteriza a los patrimoniales. Sin embargo, esto no significa que los sufrimientos, las angustias mentales y los daños emocionales dejan de ser compensables. Los daños morales pueden ser de tal magnitud que su importancia exceda a la de cualquier daño material sufrido.

    Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1, 7-9 (1994). La indemnización de los daños patrimoniales incluye el valor de la pérdida sufrida y la ganancia que deja de obtener el acreedor. Art. 1059 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3023. El primer tipo de daño es conocido como el daño positivo o emergente. El ordenamiento compensa a la persona que se le ha privado de lo que ya tenía. J. M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Ed.

    Revs, Madrid, 1967, pág. 276.

    La tarea judicial de estimar y valorar daños resulta difícil y angustiosa. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 154 (2007); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150 (2000); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 (1985). Lo anterior se debe a que no existe el mecanismo para llegar a un resultado exacto con relación a los daños causados a una persona, de manera que todas las partes queden satisfechas y complacidas. Íd. En consecuencia, esta labor descansa en la sana discreción del juzgador de hechos que debe guiarse por su sentido de justicia. Ramírez Ferrer v. Conagra Food PR, 175 DPR 799, 819 (2009); Urrutia v. A.A.A., 103 DPR 643, 647 (1975); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998). Sobre este tema, en S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR sec. 614, 622 (2002), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se pronunció de la siguiente manera:

    Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada en el Art. 1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 5141), no existe una tabla o computadora electrónica que recoja todos los elementos y premisas inarticuladas que nutren la valorización del dolor físico y mental humano y permita, mediante la aplicación de unas teclas o el oprimir unos botones, obtener el resultado final apropiado. Esta función descansa sobre el ejercicio discrecional prudente, juicioso y razonable del juzgador de hechos animado por un sentido de justicia y de conciencia humana. (Citas omitidas).

    Dado lo difícil de esta gestión, permea una norma de abstención judicial de parte de los foros apelativos que está fundada en criterios de estabilidad y deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, págs. 151-152. Los foros de instancia son quienes tienen el contacto directo con la prueba y, por tanto, están en mejor posición para asumir y descargar la angustiosa responsabilidad de estimar la cuantía de los daños. Sin embargo, la deferencia no constituye una barrera insalvable para la revisión apelativa.

    Los tribunales apelativos no debemos intervenir con la determinación de los daños hecha por el foro recurrido, a menos que las cuantías concedidas sean ridículamente bajas o exageradamente altas. Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, págs. 151-152. Ahora bien, es la parte que solicita la modificación de las sumas concedidas quien viene obligada a demostrar la existencia de circunstancias que la justifiquen. Nieves Cruz v. U.P.R., supra, pág. 176. En el proceso de valorar los daños no existen dos casos exactamente iguales. Por ello, los tribunales debemos examinar la prueba desfilada y las concesiones de daños en los precedentes similares. Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 DPR 138, 148 (1983). Además, debemos actualizar dichas valoraciones de daños, pues el valor del dinero cambia con el alza en el costo de la vida. Rojas v. Maldonado, 68 DPR 818 (1948).

  9. La apreciación de la prueba en la etapa apelativa

    Es preciso mencionar que las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia gozan de la presunción legal de corrección la cual debe ser rebatida en el trámite apelativo por la persona que interese su revocación o modificación. Véase Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); Romero Arroyo y otros v. E.L.A., 139 DPR 576, 585 (1995); Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 DPR 796, 799 (1973). Los tribunales apelativos de ordinario no intervienen con la apreciación de la prueba del tribunal revisado. Véase Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra; Romero Arroyo y otros v. E.L.A., supra.

    La excepción a esta norma se concretiza cuando la parte afectada demuestra que el foro sentenciador actuó con pasión, prejuicio o error manifiesto.

    Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra; Romero Arroyo y otros v.

    E.L.A., supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Dávila Nieves v.

    Meléndez Marín, 187 DPR 750, 775 (2013), apuntó que estas alegaciones no deben hacerse ligeramente, sino sustentadas con prueba suficiente.

  10. Los récords de actividades que se realizan con regularidad, su autenticación y la excepción como prueba de referencia.

    La Prueba de referencia “[e]s una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. Regla 801 de Evidencia (32 LPRA Ap. V). Como norma general, la prueba de referencia no es admisible, salvo se disponga lo contrario por ley. Regla 804 de Evidencia (32 LPRA Ap. V). A esos efectos, la Regla 805(f) de Evidencia (32 LPRA Ap. V) establece que un récord de actividades que se realizan con regularidad es prueba de referencia admisible aun cuando la persona declarante esté disponible como testigo. La referida disposición legal define lo que es un récord de actividades que se realizan con regularidad y establece los criterios que deben cumplirse. Específicamente, la Regla 805(f) de Evidencia, supra, expresa:

    [u]n escrito, informe, récord, memorando o compilación de datos –en cualquier forma-

    relativo a actos, sucesos, condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan preparado en o cerca del momento en que éstos surgieron, por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, o mediante información transmitida por ésta, si dichos récord se efectuaron en el curso de una actividad de negocios realizada con regularidad, y si la preparación de dicho escrito, informe, récord, memorando o compilación de datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de negocio, según lo demuestre el testimonio de su custodio o de alguna otra persona testigo cualificada, o según se demuestre mediante una certificación que cumpla con las disposiciones de la Regla 902(k) de este apéndice o con algún estatuto que permita dicha certificación, a menos que la fuente de información, el método o las circunstancias de su preparación inspire falta de confiabilidad. El término “negocio”, según se utiliza en este inciso, incluye, además de negocio propiamente, una actividad gubernamental y todo tipo de institución, asociación, profesión, ocupación y vocación, con o sin fines de lucro.

    La predecesora de esta Regla fue la Regla 65(f) de Evidencia (32 LPRA Ap. IV) y una diferencia sustancial es que el testimonio del custodio del récord puede ser sustituido por una certificación que cumpla con la Regla 902(k) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). Véase Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 686 esc. 78 (2010). Sin embargo, los fundamentos de la excepción no varían, estos son: la necesidad, la confiabilidad, la experiencia y el carácter rutinario del documento. Íd., pág. 985.

    El Tribunal Supremo ha expresado que lo importante es que una persona testifique sobre el proceso de preparación de los récords en el negocio correspondiente aunque no haya originado la información y el incumplimiento de este requisito acarrea la exclusión de la prueba. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 986, citando a E. L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho Probatorio, San Juan, Pubs. J.T.S., 2005, Tomo II, págs. 701-702. Como mencionamos anteriormente, la Regla 902(k) de Evidencia, supra, permite que el testimonio del custodio del récord pueda sustituirse por una declaración jurada del custodio o por la persona cualificada para ello.[53]

    III.

    En el presente caso, el primer señalamiento de error versa sobre la responsabilidad extracontractual impuesta por el TPI tanto a la entidad corporativa que opera el ENSJC, a través de su Junta de Directores, como a la presidenta, vicepresidente y tesorera en su carácter personal, inclusive a sus cónyuges y sociedades legales de bienes gananciales. Hemos examinado con detenimiento la prueba admitida por el TPI y la transcripción de la prueba oral y concluimos que no procede la acción de daños y perjuicio en contra de la capacidad personal de la señora Oyola, la señora Hoyo y la señora Vázquez. En consecuencia, tampoco procede la acción en contra de sus esposos y sociedades legales de bienes gananciales.

    Conforme nuestro análisis de la totalidad de la prueba, la parte demandante no logró demostrar que la señora Oyola, la señora Hoyo y la señora Vázquez actuaron para beneficio de sus hijos como resultado del Release que la Junta de Directores le entregó a Lenny. En particular nos llama la atención que la señora Oyola entendía que, mientras ocurrieron los hechos, su hijo participaba en los relevos y desconocía las marcas de tiempo entre éste y Lenny.[54] La señora Hoyo tenía a su nieta en el ENSJC en la categoría 7 y 8 (categoría distinta a la de Lenny) y al momento del juico su nieta nadaba para un equipo de Bayamón.[55] En cuanto al hijo de la señora Vázquez, ni siquiera formó parte del testimonio del señor Rumph quien fue el único que se expresó sobre el alegado beneficio personal de las codemandadas como resultado del Release de Lenny.[56]

    Además, el Art. 4.03 de la Ley General de Corporaciones (14 LPRA sec. 3563) establece:

    Los directores y oficiales estarán obligados a dedicar a los asuntos de la corporación y al desempeño de sus funciones, la atención y el cuidado que en una posición similar y ante circunstancias análogas desempeñaría un director u oficial responsable y competente al ejercer de buena fe su juicio comercial o su mejor juicio en el caso de las corporaciones sin fines de lucro. Sólo la negligencia crasa en el desempeño de las obligaciones y deberes antes reseñados conllevará responsabilidad.

    El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el término negligencia crasa debe ser interpretado en el contexto del imperativo de fiducia existente en la relación de los directores y oficiales ante la corporación. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 54 (2015). En otras palabras, los directores y oficiales de una corporación deben actuar de manera capaz y responsable “en función de los intereses de la entidad” y la violación de estos deberes inherente produce responsabilidad “exclusivamente de cara a la corporación”. Íd.

    Ahora bien, lo anterior se refiere solo a la acción de daños y perjuicios en contra de los miembros de la Junta de Directores en su capacidad personal.

    Evaluada la prueba recibida por el foro primario, la Sentencia apelada y los autos originales, coincidimos con el TPI en que el ENSJC y su Junta de Directores actuaron de manera negligente en el manejo de la situación relacionada con la señora Campóo y el Release del menor resultante del proceso llevado a cabo. No albergamos duda en que el ENSJC, a través de la Junta de Directores, no siguió las disposiciones de la Constitución y Reglamento del Equipo de Natación San Juan Caribá.

    Asimismo, coincidimos con el foro primario en que los actos y omisiones negligentes del ENSJC y su Junta de Directores causaron daños.

    Sin embargo y según antes expuesto, el TPI incidió en su análisis sobre la prueba relacionada a la imposición de responsabilidad a la señora Oyola, la señora Hoyo y la señora Vázquez en su capacidad personal, y sus cónyuges juntos a las sociedades legales de bienes gananciales. Respecto a estas personas naturales y jurídicas procede la desestimación de la acción de daños y perjuicios.

    El segundo y tercer señalamiento de error se relacionan entre sí pues versan sobre la admisión de los récords médicos de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad y la demostración de los daños reclamados. En esencia, la parte apelante destacó en su señalamiento de error que no tuvo oportunidad de examinar los récords, pues se les entregó por primera vez durante el juicio.

    Asimismo, arguyeron que no hubo testigos que declaran sobre el contenido. En fin, estamos ante un señalamiento de alegada falta de confiabilidad del contenido de dichos expedientes. El TPI resolvió que los expedientes de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad eran admisibles porque fueron autenticados por su custodio, el señor Rivera Acevedo. Además, el foro primario hizo referencia al trámite procesal del caso para concluir que los aquí apelantes tuvieron la oportunidad para obtener copia de dicho récords.

    Aunque en principio podemos coincidir con el TPI en que la parte demandada tuvo disponible mecanismos para obtener copia de los récords en controversia, la totalidad de las circunstancias nos mueve a concluir que el segundo señalamiento de error se cometió. Un examen detenido del testimonio del custodio de los expedientes y de las expresiones del abogado de la parte demandante apuntan a la ausencia de la confiabilidad que sostiene la excepción a la prueba de referencia establecida en la Regla 805(f) de Evidencia, supra.

    Véase Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, págs. 989-990; H.R. Stationery, Inc.

    v. E.L.A., 119 DPR 129, 137 (1987).

    El señor Rivera Acevedo se limitó a declarar que era el administrador de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad y llevó al juicio los expedientes originales de Lenny, Marina y la señora Campóo Martínez. No surge de la transcripción que el custodio hubiese testificado sobre el método de preparación. El requisito de no contar con la información del método de preparación presenta problemas con la autenticación de los expedientes y con la excepción a la regla de exclusión de prueba de referencia.

    A lo anterior podemos sumarle el hecho del propósito por el cual fueron ofrecidos los expedientes por la parte demandante. El abogado de los demandantes expresó que los récords se ofrecían como prueba de las asistencias a los tratamientos psicológicos y no para establecer un diagnóstico. Asimismo, el valor probatorio de los récords estaba en un claro conflicto con el expediente de la doctora Vargas Moll el cual expresaba que Lenny estaba orientado y a gusto en su nuevo equipo de natación.

    Por los hechos particulares del presente caso, resolvemos que el TPI erró al admitir los récords de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad y, con ello concluir que Lenny y Marina fueron diagnosticados con depresión. La parte demandante no estableció los criterios de confiabilidad que requieren las Reglas de Evidencia de Puerto Rico. El contenido del expediente médico no debió ser interpretado para controvertir el récord estipulado de la doctora Vargas Moll, pues estuvieron ausentes en el juicio las personas que lo redactaron y ante ello, el foro primario no tuvo el beneficio de escuchar testimonio alguno sobre el contenido de los referidos récords médicos.

    En esta coyuntura es preciso discutir el tercer señalamiento de error que versa sobre la existencia de los daños. Surge de la Sentencia que el TPI concedió daños por una alegada depresión, problemas psicológicos y tratamientos en Lenny y Marina. En particular, las determinaciones de hechos 75 y 80 de la Sentencia.[57] Para ello, el foro primario hizo referencia a los testimonios de los demandantes y a los récords de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad. Ya hemos expresado que el TPI no debió utilizar dichos expediente para determinar que Lenny y Marina tenían un trastorno mental diagnosticado.[58] Sin embargo, para que se conceda indemnización por daños, no es necesario que se presente prueba pericial. Una persona que ha sufrido daños emocionales y morales puede testificar sobre ello y le corresponde al Tribunal valorar esa declaración. En la alternativa, el valor probatorio de los referidos expedientes disminuyó sustancialmente ante la falta de garantías de confiabilidad y ante la ausencia del testimonio de las personas con el conocimiento personal para declarar sobre el contenido de los mismos.

    Por otro lado, los demandantes alegaron en la Demanda que la señora Campóo Martínez fue discriminada. El TPI recogió este hecho en la determinación de hecho número 81 de la Sentencia. Sin embargo, la prueba no demostró que hubo un acto discriminatorio en contra de la señora Campóo Martínez, incluso, en el juicio, esta negó haber sido objeto de discrimen.[59] Ahora bien, todo lo anterior no significa que proceda la desestimación total de la demanda.

    Los apelantes solicitan que no se compensen los daños sufridos por los demandantes y no nos persuade su posición al respecto.

    El testimonio de cada demandante fue suficiente para establecer el trastoque en la vida familiar de éstos. Lenny alcanzó muchos éxitos en el ENSJC y con los actos de la Junta de Directores su carrera se vio afectada negativamente.

    De los testimonios surge que el Natatorio era el lugar donde Lenny se desarrollaba en el deporte de la natación y sus familia completa compartía. El sentir de Lenny sobre el trato de excompañeros del ENSJC, el atraso en su desarrollo, el rompimiento en la rutina y tranquilidad de la familia Rumph-Campóo y los esfuerzos de la señora Campóo Martínez con la Junta de Directores y la FPN, deben ser compensados. El sufrimiento y angustia, merece una indemnización aunque sea en una cuantía menor a la concedida por el TPI. A esos efectos y al aplicar los criterios establecidos para fijar indemnización, nos vemos obligados a concluir que las cuantías impuestas por el foro primario en este caso son excesivamente altas, por lo que procede modificarlas para ajustarlas a parámetros establecidos por la jurisprudencia citada.

    No hemos encontrado otros casos similares al de autos que versen sobre la expulsión o el traslado de niños o jóvenes atletas.

    Sin embargo un Panel Hermano de la Región Judicial de San Juan atendió a principio del año pasado un recurso donde se le impuso responsabilidad al Estado por haber incurrido en negligencia en el traslado de una estudiante de una escuela especializada en deportes. Específicamente, la negligencia se cometió en el proceso de notificación del traslado y en el manejo de la querella correspondiente. Elías Robles y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, KLAN201500235. Las cuantías concedidas por el foro primario en dicho caso fueron de $50,000 a la estudiante por daños y angustias mentales, y $25,000 para cada uno de los padres de la estudiante. Íd., pág. 7. El Panel Hermano razonó que $100,000 era una cuantía exageradamente alta ante: un caso donde no desfiló “prueba concreta” sobre los daños y; la sentencia ni las partes identificaron un precedente para justificar la suma indemnizatoria concedida.

    Ante esas circunstancias, el Panel Hermano redujo la cuantía de $50,000 a $5,000 para la estudiante y de $25,000 a $2,500 para cada padre. Íd., pág. 30.

    En el presente caso sucede algo similar a lo acontecido en el caso resuelto por el Panel Hermano. Asimismo, la Sentencia apelada ni las partes han citado precedentes o fuentes legales que sostengan la indemnización concedida por el TPI. Además los récords de la Clínica de Salud Mental de la Comunidad no debieron ser utilizados por el TPI para determinar que Lenny y Marina fueron diagnosticados con un trastorno mental. Por lo tanto, no hay prueba concreta de la existencia de algún trastorno mental en los demandantes.

    El resultado de la...

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