Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2017, número de resolución KLCE201601847
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201601847 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 28 de Febrero de 2017 |
| | | Certiorari Procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan CIVIL NÚM.: K CD1996-0508 Sobre: Cobro de Dinero |
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González
Colom García, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.
El demandado Pedro López Llanos [en adelante, el peticionario]
recurre ante nosotros solicitando que revoquemos varias órdenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante, TPI].[1]
El 30 de noviembre de 2016, dictamos Resolución confirmando al foro recurrido. En reconsideración, y tras evaluar la moción que presentó el peticionario a esos fines, dejamos sin efecto nuestra Resolución de 30 de noviembre de 2016.
Este caso se desenvuelve alrededor de un contrato de prenda sobre cierto pagaré hipotecario que la parte peticionaria suscribió ante notario el 27 de mayo de 1994. Ello, con los fines de garantizar el pago de una deuda u obligación que FOMAR, Inc., corporación que presidía, contrajo con Moneys People, Inc. [en adelante, la recurrida], compañía dedicada a la compraventa de facturas.
El 11 de octubre de 1996, la recurrida presentó una Demanda en cobro de dinero contra el peticionario, su esposa Eduviges Julia Miranda y la sociedad legal de gananciales por ellos compuesta, entre otros, [en adelante, los demandados] . La recurrida alegó que los demandados garantizaron su deuda con una hipoteca que recaía sobre una propiedad de éstos. El 2 de mayo de 2007, luego de más de siete (7) años de haberse celebrado el juicio, el TPI emitió una Sentencia en la cual concluyó que los demandados le adeudaban ala recurrida $121,249.74, más los intereses al tipo pactado. En lo concerniente al recurso de epígrafe, determinó probado que, en efecto, el peticionario suscribió un contrato de prenda ante notario para garantizar una deuda u obligación ascendente a $163,353.39 que contrajo con la recurrida; que le entregó un pagaré hipotecario en prenda al presidente de la recurrida ($120,000.00 más intereses al 8% anual); que la hipoteca fue constituida sobre un inmueble perteneciente al peticionario, su esposa, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; y que el peticionario reconoció la deuda u obligación, la cual garantizó personalmente.[2]
Agotados los trámites apelativos, dicha Sentencia advino final y firme.[3]
Consecuentemente, el 17 de febrero de 2014, el peticionario instó un procedimiento de quiebras en el cual no incluyó a la recurrida como acreedor. Así las cosas, el 5 de mayo de 2014, la recurrida solicitó la ejecución de la Sentencia, a lo que el TPI accedió el siguiente día 16 de mayo. Luego de que el TPI decretara la ejecución solicitada, el 18 de mayo de 2014, el peticionario enmendó su petición de quiebra para incluir a la recurrida. Ante ello, el TPI ordenó la paralización de los procesos. El peticionario acudió ante este Tribunal de Apelaciones para que dejara sin efecto la orden de ejecución, por entender que el TPI carecía de jurisdicción al momento de emitirla. El 14 de enero de 2016 así se hizo.
Posteriormente, las partes llegaron a un acuerdo dentro del proceso de quiebras. Convinieron lo siguiente:
debtors shall pay directly to said creditor the proceeds of the refinancing of their residential property (excluding reverse mortgage) within six (6) months of the agreement (due 01/29/2015). Upon failure to comply, the stay will be deemed lifted in rem in favor of Moneys People Inc.[4]
Ante el incumplimiento del peticionario con lo pactado, la recurrida solicitó al Tribunal de Quiebras que dejara sin efecto la orden de paralización.[5] Tras varios trámites procesales, el 11 de septiembre de 2015, el peticionario retiró sus objeciones al levantamiento de la orden de paralización.[6] Así pues, el siguiente día 16 de septiembre el Tribunal de Quiebras dejó sin efecto la referida orden.[7] Cónsono con ello, el TPI decretó la continuación de los procesos.
El 9 de marzo de 2016, la recurrida solicitó autorización para ejecutar la Sentencia. El TPI lo permitió el siguiente día 17 de mayo. No obstante, el 18 de mayo de 2016 el peticionario solicitó nuevamente que se paralizara la ejecución de la Sentencia, pero el TPI no accedió. Al atender la reconsideración solicitada por la recurrida, el TPI se reafirmó en lo dispuesto. Destacó que contaba con el aval del Tribunal de Quiebras para la ejecución de la Sentencia y que bajo el Código de Quiebras la deuda en cuestión estaba asegurada.[8] El peticionario no recurrió sobre dicha determinación. La subasta quedó señalada para el 11 de agosto de 2016.
Ante ello, el peticionario solicitó al Tribunal de Quiebras que paralizara la ejecución de la Sentencia y, por ende, la subasta. Celebrada una vista sobre tales efectos, el Tribunal de Quiebras denegó la paralización solicitada.
El 27 de julio de 2016, el peticionario enmendó la solicitud de Hogar Seguro que presentó por primera vez el 19 de marzo de 2013, con el propósito de que el TPI le reconociera la cifra de $25,000.00 por concepto de Hogar Seguro en virtud de la Ley Núm. 195-2011, también conocida como la Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, infra.[9] En su réplica, la recurrida indicó que toda vez que el presente caso comenzó en el año 1996, las disposiciones de la Ley Núm. 195-2011 no aplicaban. El 8 de agosto de 2016, el peticionario presentó una Dúplica en la que solicitó al tribunal que en la eventualidad que decidiera que la Ley de Hogar Seguro aplicable era aquella del año 1936, dispusiera la celebración de una vista conforme requería la enmienda del año 2003 de la cual fue objeto dicho estatuto.
El 11 de agosto de 2016, el TPI declaró que no procedía la celebración de la vista solicitada. Ante la reconsideración presentada por el peticionario, el TPI reafirmó su dictamen. La subasta se celebró el mismo día 11 de agosto. Ese día también, la recurrida consignó en el tribunal la cantidad de $15,000.00 por concepto de Hogar Seguro en atención a las disposiciones de la Ley Núm. 87 de 1936, según enmendada, infra. Al día siguiente, el peticionario presentó una Moción Solicitando Reconocimiento de Beneficio de Hogar Seguro en la que, entre otras cosas, se expresó inconforme con la cuantía consignada, pues, a su entender, debía ser de $25,000.00, conforme dispone la Ley Núm. 195-2011. El TPI dispuso de esta el 17 de agosto de 2016.
Luego, a solicitud de la recurrida, emitió una Orden el 31 de agosto de 2016 en la...
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