Sentencia de Tribunal Apelativo de 7 de Marzo de 2017, número de resolución KLRA201601080
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLRA201601080 |
| Tipo de recurso | Recursos de revisión administrativa |
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2017 |
| E. L. C. G. Recurrente v. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Recurrido | | REVISIÓN procedente del Departamento de Educación Querella Núm.: 2016-020-005 Educación Especial |
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos. La Jueza Jiménez Velázquez no interviene.
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 07 de marzo de 2017.
Ante este foro apelativo compareció la menor E.L.C.G., representada por su madre Rosa M. Cotto González, (Recurrente) en aras de que revisemos y revoquemos la Resolución que el Departamento de Educación emitió el 22 de agosto de 2016. Por virtud del dictamen recurrido la agencia denegó la solicitud de pago directo que presentó la aquí compareciente por medio de querella, ante el hecho de que esta no presentó prueba de que la Carta Circular Núm. 09-2014-2015 del Departamento de Educación[1] fuese arbitraria, no tuviera nexo racional con la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que dichas directrices afectaron el derecho de su hija a disfrutar de una educación pública, gratuita y apropiada.
Con el beneficio de la comparecencia del Procurador General, damos por sometida la causa y procedemos a resolver en los méritos.
El 31 de marzo de 2016 la madre de la Recurrente instó querella ante el Departamento de Educación, en la que sostuvo que desde el año escolar 2013-2014 su hija E.L.C.G. recibe servicios educativos y relacionados ante un diagnóstico de retardo mental leve y problemas específicos de aprendizaje. Estos son provistos por el Colegio Girasol mediante la compra de servicios educativos que fue aprobada por el Departamento de Educación. Los costos de matrícula, libros y mensualidades por educación y servicios relacionados se tramitarían por medio de reembolso. Arguyó que en un principio no confrontó inconveniente alguno con los reembolsos, sin embargo, para el año escolar 2015-2016 solo ha recibido el reembolso correspondiente para el mes de mayo de 2015. Sostuvo que debido al incumplimiento del Departamento de Educación con los pagos, el Colegio Girasol le suspendió a la menor los servicios relacionados afectándose de esta manera el progreso alcanzado. Añadió que se encuentra incapacitada de costear los gastos educativos y relacionados del semestre pasado y el semestre en curso, los cuales alegadamente ascienden a $19,530.00, pues depende del reembolso para poder efectuar los pagos al Colegio. Por lo anterior, solicitó al Departamento de Educación el pago directo de la deuda que se tiene en el Colegio Girasol por los servicios educativos y relacionados provistos a su hija E.L.C.G.
El Departamento de Educación, por su parte, contestó la querella y negó todas las alegaciones allí efectuadas. De igual forma, sostuvo que la menor no fue referida por el Departamento de Educación a recibir los servicios educativos en el Colegio Girasol, sino que fueron los padres de esta los que seleccionaron dicha institución ante la alegada ausencia de una educación pública, gratuita y apropiada. Ante ello y la falta de una relación contractual entre la agencia y el Colegio Girasol, adujo que el Estado se encontraba impedido de realizar el pago directo de la deuda con fondos públicos, por lo que solo procedía el reembolso conforme lo dispone el Individual with Disabilities Education Act (IDEA), 20 U.S.C. sec. 1400 et seq. y la Carta Circular Núm. 09-2014-2015.
Así las cosas, el 12 de mayo de 2016 el Departamento de Educación celebró vista administrativa. Una vez aquilatadas las contenciones de las partes, la prueba presentada, y los memorandos de derecho, el ente administrativo emitió la resolución objeto aquí de revisión. Como adelantamos, el Departamento de Educación denegó la querella por entender que:
[l]a querellante no presentó prueba de que las directrices contenidas en la Carta Circular de referencia fuesen altamente arbitrarias o que no tuviesen un nexo racional con la política pública establecida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tampoco, probó con especificidad, cómo las directrices enumeradas en la Carta Circular, habían afectado el derecho de la querellante a disfrutar de una educación pública, gratuita y apropiada.
La aquí Recurrente, insatisfecha, solicitó infructuosamente la reconsideración del dictamen. Ante...
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