Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Abril de 2017, número de resolución KLRA201700038

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza Colom García y el Juez Rodríguez Casillas

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017.

El recurrente, señor Ernest Swallow (recurrente), comparece ante nos por derecho propio y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida y notificada el 16 de noviembre de 2016, por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).

Mediante dicho dictamen, el foro administrativo declaró no ha lugar la Querella por alegadas prácticas engañosas que presentó el recurrente en contra del señor Onofre Jusino (Sr. Jusino).

El 28 de febrero de 2017, dictamos Sentencia desestimando el recurso por entender, que los documentos que obraban en el expediente, no nos ponían en posición de asumir jurisdicción para atender el caso en los méritos. No obstante, el 15 de marzo de 2017 el recurrente presentó ante nos Moción de Reconsideración, en la que solicitaba que se atendiera el caso en los méritos. A tales efectos, la referida moción estaba acompañada del escrito de reconsideración presentado ante el DACo y en el que se acreditaba su fecha de presentación ante la agencia. Ante ello, emitimos Resolución el 17 de abril de 2017, mediante la cual declaramos ha lugar la Moción de Reconsideración y dejamos sin efecto la Sentencia dictada el 28 de febrero de 2017, para así atender en los méritos el recurso ante nuestra consideración.

De manera que, considerado el recurso presentado, el escrito en oposición, los documentos que obran en el expediente judicial y a la luz del derecho aplicable, modificamos la Resolución recurrida y así modificada se confirma. Veamos.

El caso ante nuestra consideración surge de una querella presentada por el señor Swallow ante el DACo. En dicha querella, éste alegó que el señor Jusino incurrió en prácticas engañosas al momento de rendir sus servicios como calígrafo, pactados en un contrato suscrito por las partes el 16 de agosto de 2016. Surge del expediente, que el propósito de dicha contratación era que el señor Jusino realizara un análisis caligráfico como parte de un procedimiento de adveración y protocolización de testamento ológrafo. De igual manera, se desprende del expediente que las partes pactaron que el recurrente pagaría por sus servicios al señor Jusino la suma de $1,000.00, sin incluir comparecencias ante el tribunal.

En el recurso ante nos el recurrente señala que luego de informarle que cobraría $165.00 por su comparecencia ante el tribunal, posteriormente el señor Jusino aumentó dicha suma a $4,800.00. El señor Swallow indicó que, por considerar onerosa dicha cantidad de dinero, se quejó ante DACo porque “no sabía qué hacer”. Cabe destacar, que el señor Swallow no acompañó con su recurso copia de la querella presentada ante el DACo. Sin embargo, de la comparecencia del señor Jusino se desprende que éste presentó su contestación a la querella el 26 de octubre de 2016.

El 16 de noviembre de 2016, el DACo dictó y notificó la Resolución objeto del presente recurso de revisión. En su determinación sumaria de la Querella, el foro administrativo concluyó que surgía claramente del contrato que las comparecencias del señor Jusino ante el tribunal no estaban incluidas dentro de lo pactado por las partes. De igual manera, el DACo estableció como parte de sus determinaciones de hechos, que el Sr. Jusino le informó al recurrente que su comparecencia a las vistas ante el tribunal “tenía un costo adicional de $4,800.00, toda vez que dicho servicio no se encontraba contenido en el contrato.”¹

Ante ello, el DACo dispuso lo siguiente:

“El querellado solo se obligó a realizar el análisis caligráfico. Para la comparecencia al Tribunal el querellado facturaría una suma adicional ascendente a $4,800.00. La cual no se encontraba contenida en el contrato”.²

Así las cosas, el DACo concluyó que no hubo incumplimiento de contrato y desestimó la querella. Inconforme, el 6 de diciembre de 2016 el Sr. Swallow presentó ante el foro administrativo una petición de reconsideración. En síntesis, argumentó que al no pactarse $4,800.00 por la comparecencia del Sr. Jusino a las vistas ante el tribunal, el que ello se permitiera resultaría en un enriquecimiento injusto. No surge del expediente judicial que el DACo haya atendido la reconsideración presentada por el señor Swallow. Así pues, el recurrente acude ante nosotros mediante recurso de revisión administrativa presentado el 19 de enero de 2017. Mediante este, el recurrente argumentó que el DACo no tomó en consideración las disposiciones del Código Civil relativas al dolo contractual y enriquecimiento injusto planteados ante dicho foro. El 1 de febrero de 2017, el Sr. Jusino presentó su alegación responsiva, por lo que se da por sometido el recurso para nuestra disposición.

El DACo es la agencia del poder ejecutivo creada con el propósito de defender, vindicar e implementar los derechos del consumidor. 3 LPRA sec. 341b y 341e (d). Por otra parte, la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada (Ley Núm. 5, Ley Orgánica), 3 LPRA sec. 341 et seq., le provee a los ciudadanos la opción de presentar querellas ante dicha agencia cuando entiendan que es meritorio para así vindicar sus derechos como consumidores. Véase, 3 LPRA sec.

341n. Por su parte, el Secretario del DACo tiene facultad para atender, investigar y resolver las quejas y querellas presentadas por los consumidores y reglamentar y fiscalizar los anuncios y prácticas engañosas en el comercio, entre otras.3 LPRA sec. 341e (c y j).

La Ley Orgánica de DACo establece una prohibición expresa contra todo acto, práctica, anuncio o publicidad que constituya o tienda a constituir fraude, engaño o falsa representación sobre el precio, la calidad o la salubridad de un servicio.3 LPRA sec. 341r. En ese sentido, y en el ejercicio de las facultades conferidas al DACo, se aprobó el Reglamento Núm. 8599 del 28 de marzo de 2015, conocido como Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos (Reglamento Núm.

8599). El Reglamento Núm. 8599 tiene el propósito expreso de proteger al consumidor de las prácticas y anuncios que crean una apariencia falsa o engañosa sobre servicios ofrecidos en el comercio y se interpreta de forma liberal a favor del consumidor. Véanse las Reglas 2 y 4 del Reglamento Núm.

8599. El mencionado cuerpo normativo define como práctica engañosa, cualquier acto, práctica, curso de conducta, mecanismo de persuasión, ofrecimiento, información o promesa hecha, aparentemente hecha o sugerida, que fuere engañosa, falsa, fraudulenta o que de cualquier forma tienda al engaño, o mediante la cual se tergiversen o puedan malinterpretarse los verdaderos hechos de las cosas. Regla 5(X) del Reglamento Núm. 8599.

En su deber de velar por el bienestar del consumidor ante una queja por práctica engañosa en la contratación de...