Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Agosto de 2018, número de resolución KLCE201800793
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201800793 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 28 de Agosto de 2018 |
| | | CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez Civil Núm.: A AC2017-0073 Sobre: Impugnación de confiscación. |
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz.
Jiménez Velázquez, jueza ponente.
SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018.
El pasado 13 de junio de 2018, este Foro Apelativo dictó Sentencia, mediante la cual expedimos el auto de certiorari y revocamos la Minuta-Orden dictada el 27 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Oportunamente, el Procurador General de Puerto Rico compareció el 29 de junio de 2018 en escrito intitulado Moción de reconsideración para que enmendemos la parte dispositiva de la aludida sentencia a los fines de que armonice con las disposiciones de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. A esta fecha, Universal Insurance Company, Inc., ni Popular Auto, Inc., han comparecido para oponerse a lo solicitado, a pesar del tiempo transcurrido.
Tras analizar los fundamentos esbozados por el Procurador General, declaramos la solicitud de reconsideración, Ha Lugar. El texto de la Sentencia original permanece inalterado, salvo por lo añadido en su parte dispositiva, que destacamos en sombreado.
La parte peticionaria, Universal Insurance Company, Inc. y Popular Auto, Inc., instó el presente recurso el 8 de junio de 2018. En síntesis, solicitó que se revocara la Minuta-Orden dictada el 27 de marzo de 2018 y notificada el 28 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla.
Mediante esta, dicho foro declaró sin lugar la Solicitud de sentencia sumaria por impedimento colateral promovida por la parte peticionaria. La solicitud de reconsideración de la parte peticionaria se declaró sin lugar mediante Resolución emitida el 17 de mayo de 2018 y notificada el 23 de mayo de 2018.
Junto con su recurso, Universal presentó una Solicitud urgente de auxilio de jurisdicción, en la que solicitó la paralización del juicio señalado para el 19 de junio de 2018.
Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el auto de certiorari y revocamos la Minuta-Orden recurrida. Además, declaramos con lugar la Solicitud urgente de auxilio de jurisdicción y decretamos la paralización del juicio señalado para el 19 de junio de 2018.
El 27 de julio de 2017, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado) notificó a Popular Auto, Inc. la confiscación al señor Joel Alberto Alberti Feliciano del vehículo de motor marca Lexus, modelo RC-F, tablilla núm.
IUM-020, año 2015, por una presunta violación a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. El Estado tasó el valor del vehículo en $50,000.
El 28 de agosto de 2017, Popular Auto, Inc. y Universal Insurance Company, Inc. (parte peticionaria) presentaron la demanda de este caso e impugnaron la validez de la confiscación llevada a cabo por el Estado. Según Popular Auto, Inc. (Popular), existía un gravamen debidamente anotado a su favor en el Registro de Automóviles del Departamento de Obras Públicas, conforme al contrato de venta condicional. A su vez, el interés de Universal Insurance Company (Universal) surgía de una póliza de seguros expedida para cubrir el riesgo de confiscaciones a favor de Popular. Se arguyó que el asegurado Joel Alberto Alberti Feliciano tenía un balance pendiente de pago del contrato de venta condicional de la unidad vehicular en cuestión. En la alternativa, la parte demandante alegó que el señor Joel Alberto Alberti Feliciano era un tercero inocente a la confiscación.
Universal y Popular sostuvieron la ilegalidad y nulidad de la confiscación realizada por el Estado, por no cumplir con la ley de confiscaciones y ante la falta de la notificación correspondiente. Negaron que el vehículo hubiera sido utilizado en violación a alguna ley. La parte demandante denunció, además, la inconstitucionalidad de la ley de confiscaciones. En esa misma fecha, la parte demandante diligenció copia de la demanda y del emplazamiento al Estado, por conducto del Secretario de Justicia.
El Estado contestó la demanda el 30 de noviembre de 2017. Luego de varios trámites procesales, la parte peticionaria presentó una Solicitud de sentencia sumaria por impedimento colateral, en la que planteó que, dado el hecho de que en el proceso criminal se había determinado no causa probable para juicio contra el señor Joel Alberto Alberti Feliciano- y el Estado no recurrió
en alzada- procedía dictar sentencia a su favor. Ello, al amparo de la doctrina de cosa juzgada, en su vertiente de impedimento colateral por sentencia.
El Estado se opuso oportunamente a dicha solicitud y arguyó que la legalidad y corrección de la confiscación se presumen, y...
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