Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Septiembre de 2002, número de resolución KLCE 02-00255
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE 02-00255 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2002 |
| COALICIÓN PRO PARQUE VERDE DEL ESTE, COMPUESTA ENTRE OTROS POR LA FUNDACIÓN LUIS MUÑOZ MARÍN, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y LA ASOCIACION DE RESIDENTES DE PARQUE MONTEBELLO Parte recurrente v. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO; SECRETARIO DE JUSTICIA Demandadas-Apelantes | KLCE2002-00255 | Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Civil Núm. KDE02-0249 (907) Sobre: Mandamus e injuction preliminar y permanente |
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fiol Matta y los jueces Juez González Rivera y Rivera Martínez
Fiol Matta, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2002.
La Coalición Pro Parque Verde del Este (la Coalición) nos solicita que revoquemos la sentencia dictada el 7 de marzo de 2002 por el Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual se declaró NO HA LUGAR su petición de Mandamus e Injunction Preliminar y Permanente. Examinado el expediente apelativo y el derecho aplicable, expedimos el auto, revocamos la sentencia recurrida y devolvemos el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procesos de conformidad con lo aquí resuelto.
El 4 de febrero de 2002, la Coalición presentó una petición de Mandamus e Injunction Preliminar y Permanente ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la cual expuso que la Junta de Calidad Ambiental (la JCA) y la Junta de Planificación (la JP) obviaron su deber ministerial de conservar nuestros recursos naturales, plasmado en el artículo VI, sección 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al aprobar la consulta de ubicación sometida por Parque de Capuchino, Inc., (Parque de Capuchino) para el desarrollo de 429 unidades de vivienda en una finca con cabida superficial de 40.41 cuerdas sita en el municipio de San Juan.1 La Coalición arguye que en virtud de la Ley Número 9 del 18 de junio de 1970, también conocida como la Ley sobre Política Pública Ambiental, 12 L.P.R.A. §
1121 y ss., y el mandato constitucional de preservar los recursos naturales, es mandatoria la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el referido proyecto residencial.
Según la Coalición, aunque el proyecto aprobado cuenta con una Evaluación Ambiental (EA) que data del 1994, dicho documento no es el requerido por ley y los supuestos sobre los cuales se preparó han variado sustancialmente. Entre los factores que alega invalidan la EA preparada en el 1994 se encuentran los siguientes: el que no se tomara en consideración que por el proyecto discurre la Quebrada Sabana Llana; los desarrollos residenciales y comerciales localizados en los alrededores del proyecto en fecha posterior a la EA, que invalidan el estudio de tránsito preparado en aquella ocasión para propósitos de dicho documento ambiental; la necesidad de preservar y establecer zonas de amortiguamiento para el desarrollo urbano, según contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de San Juan; el desarrollo del Bosque Urbano Inés María Mendoza Rivera en terrenos aledaños y su posible expansión a la finca objeto del desarrollo en el caso de autos, bajo el concepto Parque Urbano del Este; la presentación del Proyecto del Senado 403 designando ciertas fincas, entre las que se encuentra la finca propiedad de Parque de Capuchino, como el Corredor Ecológico de San Juan en el cual se prohibiría la otorgación de permisos de construcción y se ordenaría al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales adquirir todas las fincas que comprendería dicho proyecto ecológico y la designación por la JP de la residencia del ex gobernador Luis Muñoz Marín y su esposa como sitio histórico, en el 1997.
La Coalición también alega que en ausencia de una DIA, la aprobación de la consulta de ubicación en este caso es nula ab initio. Por último, expone que en el caso de autos la preparación de una DIA es necesaria, pues existe el agravante de que la consulta de ubicación del proyecto perdió vigencia en el 1997, al expirar la prórroga concedida por la JP mediante resolución del 13 de noviembre de 1996.
Por su parte, la JCA, la JP y Parque de Capuchino presentaron sendas solicitudes de desestimación y de oposición a los remedios solicitados por la Coalición.2 En síntesis, adujeron que la solicitud de la Coalición no procede en derecho, en virtud de las leyes Número 323 de 6 de noviembre de 1999 (la Ley 323) y la Número 324 de 6 de noviembre de 1999 (la Ley 324). Arguyeron las demandadas que el texto pertinente y la exposición de motivos de ambas leyes evidencia la intención legislativa de evitar que se utilicen los recursos extraordinarios como mecanismos para lograr la revisión judicial de decisiones administrativas ni para modificarlas en sus méritos.
La Ley 323 enmendó la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. § 2172, para disponer que el mecanismo de revisión judicial es el remedio exclusivo para revisar los méritos de una decisión administrativa.3 La Ley 324, por su parte, enmendó el artículo 19 de la Ley Sobre Política Pública Ambiental para disponer que el mandamus no procederá para cuestionar una decisión de la Junta de Calidad Ambiental dando por cumplidos los requisitos del Artículo 4(c) de dicha Ley, 12 L.P.R.A. sec. 1124c, al considerar un documento ambiental. Dispone, además, que ello se podrá hacer exclusivamente en virtud de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
Los codemandados argumentaron que la Coalición no había agotado ni los remedios administrativos ni los judiciales disponibles para cuestionar los dictámenes de las agencias concernidas. Además, adujeron que los hechos en los cuales la Coalición basó su petición son incorrectos, pues ninguna de las áreas adyacentes al proyecto aprobado han sido formalmente delimitadas como recursos o valores de importancia social, cultural o recreativa. También negaron que por el predio objeto del desarrollo discurriera algún cuerpo de agua o que existiera algún patrimonio histórico
que justificara la preparación de una DIA. En fin, alegaron que en este proyecto no se dan ninguna de las situaciones en las que la reglamentación requiere preparar una DIA.4
Por último, los codemandados alegaron que la Coalición no fue diligente y que su propia inacción le impidió ejercitar en tiempo su derecho a solicitar la revisión judicial de las decisiones administrativas impugnadas. La JP arguyó que a la luz de la jurisprudencia interpretativa, este daño auto-infligido
impide otorgar el injunction preliminar pues la petición no cumpliría con el requisito de irreparabilidad del daño.5 Por su parte, la JCA argumentó que no procedía emitir un injunction preliminar en su contra pues la agencia había llevado a cabo todas las actuaciones ministeriales que le correspondían al aprobar los documentos ambientales del proyecto y que, en todo caso, el remedio procedería contra el desarrollador, que era quien podía actuar sobre el predio de su propiedad.
El 7 de marzo de 2002, el tribunal de instancia dictó la sentencia objeto del recurso de autos. El foro apelado resolvió que los remedios extraordinarios solicitados por la Coalición eran improcedentes en derecho porque la Coalición no había cuestionado oportunamente, en el foro judicial, dos determinaciones administrativas fundamentales a su petición. La primera de estas determinaciones, según el tribunal, fue la...
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