Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Septiembre de 2003, número de resolución KLCE0300514

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLCE0300514
Tipo de recursoRecursos de certiorari
Fecha de Resolución15 de Septiembre de 2003

LEXTCA20030915-03 Dep. de la Familia v. Arroyo Marrero

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES

CIRCUITO REGIONAL I SAN JUAN, PANEL I

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA Recurrente v. LISANDRA MARÍN Y FELIX ARROYO Recurrida FELIX ARROYO MARRERO Peticionario
KLCE0300514
Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Caso Núm. KMM02-263 Sobre: Maltrato de Menores

Panel integrado por su presidente, el Juez González Rivera, la Jueza Peñagarícano Soler y el Juez Rivera Martínez

González Rivera, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2003.

El peticionario Félix Arroyo Marrero acude mediante el presente recurso de certiorari para solicitar la revocación de una resolución emitida el 11 de marzo de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores. Mediante la misma, se ratifica que la remoción de la custodia de la menor D.N.A.M., de tres meses de edad, se efectuó conforme a derecho. Señala el señor Arroyo como fundamento de revocación que

el foro recurrido cometió error al emitir su dictamen, expirado el término de ley para la celebración de la vista de ratificación y que hubo ausencia total de prueba para sostener su determinación. Asimismo, el peticionario solicita que ordenemos la devolución de la custodia de la menor D.N.A.M., quien es su hija. Por entender que el foro de instancia actuó dentro del marco de la ley, resolvemos que es procedente denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

I.

Los hechos a los que se contrae el recurso, nos demuestran que el 31 de diciembre de 2002 el Departamento de la Familia (en adelante DF) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una petición juramentada para la remoción de emergencia de la menor D.N.A.M. Surge de dicha petición que el Dr. José

Luis Martínez del Hospital Municipal de San Juan emitió una certificación en la cual hacía constar que la referida menor había sido objeto de maltrato físico. El fundamento utilizado por el galeno para llegar a tal conclusión fue que descubrió en el cuerpo de la menor, una fractura en el húmero derecho y callosidades en sus costillas. Según el DF tales hallazgos constituían motivos para creer que la menor se encontraba en una situación de maltrato o negligencia que justificaba la intervención del Estado.

Tras evaluar el testimonio del trabajador social, la hoja de referido del doctor Martínez y de escuchar los testimonios de los padres de la menor, el tribunal emitió una orden. En la misma determinó que existía causa justificada para creer que este es un caso de emergencia que requería la remoción inmediata de custodia, ya que la seguridad personal de la menor estaba en peligro. Por consiguiente, ordenó que ésta fuera puesta bajo la custodia del DF. Procedió entonces a señalar la celebración de una vista de ratificación de la remoción para el 16 de enero de 2003.

Llegado el día señalado, el peticionario, no compareció a la vista. Ante esta circunstancia, el tribunal, por acuerdo entre las partes, transfirió el señalamiento para el 11 de marzo de 2003 con el fin de que el DF completara sus investigaciones y que el padre de la menor objeto de remoción obtuviera adecuada representación profesional. Asimismo, el foro de instancia ordenó que la menor fuera sometida a una evaluación médica a realizarse por la Dra. Brenda Miraba, quien prepararía los informes médicos pertinentes.

Celebrada la vista en la fecha pautada, declaró el trabajador social del DF como único testigo de esa parte. Así las cosas, el tribunal determinó que ante la situación de emergencia en que se encontraba la menor D.N.A.M. la remoción fue realizada conforme a derecho. Además, el tribunal ordenó que las partes intercambiaran evidencia y que el DF informara si la abuela materna, quien tenía la custodia provisional en aquel momento, era la persona idónea para tener la custodia permanente de la menor. El tribunal ordenó que los padres asistieran a la Escuela de Padres, se sometieran a una evaluación psicológica y que la madre fuera sometida a una evaluación en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Decretó, además, que los padres fueran referidos al Departamento de la Vivienda para que se les proveyera vivienda adecuada.

De igual modo, el tribunal dispuso que las relaciones paterno-filiales serían realizadas en forma supervisada. Las mismas se llevarían a cabo en las oficinas del DF una vez por semana. Finalmente, el tribunal reiteró la importancia de que se realizara el examen médico a la menor para determinar si las lesiones que presentaba...

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