Sentencia de Tribunal Apelativo de 20 de Septiembre de 2004, número de resolución KLAN0400819
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN0400819 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 20 de Septiembre de 2004 |
| BORICUA ASPHALT, INC. Apelante v. ENRIQUE SANTIAGO RODRÍGUEZ, H/N/C CONSTRUCTORA VALENCIANO Apelados | KLAN0400819 | Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina FCD2001-2339 (401) |
Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez Colón Birriel y la Jueza Hernández Torres.
Brau Ramírez, Juez Ponente
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2004.
La parte apelante Boricua Asphalt, Inc. (Boricua Asphalt) es una corporación organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con oficinas principales en Canóvanas, dedicada a actividades relacionadas a la industria de la construcción, en particular a proveer servicios de asfaltado de vías públicas. Para la fecha relevante a la controversia, el director y
accionista principal de Boricua Asphalt era el Sr. Roberto Gerena.
Por su parte, la corporación apelada Constructora del Valenciano, Inc. (Constructora) también es una corporación organizada bajo las leyes del E.L.A., con oficinas principales en Rio Grande, dedicada a la construcción. Para la fecha relevante a la controversia, el apelado Sr.
Enrique Santiago Rodríguez era oficial y/o accionista principal de Constructora. El Sr. Santiago está casado con la apelada Anita Dones. El apelado Angel Ramos también era oficial y/o director de Constructora.
El Sr. Santiago es tío del Sr. Gerena.
Para la fecha pertinente a la controversia, Constructora había obtenido varios contratos de construcción con diversos municipios de la Isla, los que incluían asfaltado de vías públicas. Constructora sub-contrató a Boricua Asphalt para proveer dichos servicios.
Entre 1994 y 1995, Constructora subcontrató a Boricua Asphalt para proveer servicios de asfaltado con relación a un contrato otorgado por el Municipio de Río Grande, así como para proveer estos servicios en numerosas otras obras de menor magnitud para otros municipios.
Por su parte, el 10 de octubre de 1996, la Sra. Magali Soto Piñero, Presidente de Boricua Asphalt suscribió a nombre de dicha corporación un pagaré a favor de Constructora por la cantidad de $129,600.00. Según se desprende del recurso, esta deuda estaba relacionada a cierto equipo adquirido por Boricua Asphalt de Constructora. Las partes, sin embargo, no emitieron resoluciones corporativas autorizando a sus oficiales a otorgar la transacción.
El contrato de compraventa fue inicialmente firmado sólo por la Sra.
Soto. El 21 de octubre de 1996, Boricua Asphalt escbribió a Constructora informando que se estaba dejando sin efecto la transacción. No obstante dicha comunicación, el equipo permaneció en poder de Boricua Asphalt. El 22 de enero de 1998, la Sra. Soto escribió a Constructora reconociendo la existencia de una deuda a favor de dicha parte por concepto del equipo.
Constructora, por otro lado, no pagó a Boricua Asphalt la totalidad de los servicios de asfalto contratados por las partes.
Oportunamente, en 2001, Boricua Asphalt instó la presente demanda en cobro de dinero ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, contra Constructora, los esposos Enrique Santiago y Anita Dones, el Sr. Pérez Ramos y otras partes, reclamando el cobro de $206,213.00 por concepto de servicios prestados con relación a los contratos mencionados. Boricua Asphalt reclamó que el Sr. Santiago y su esposa respondían por la deuda de la corporación, ya que la misma había estado inactiva. La parte apelante alegó, además, que el Sr. Santiago había utilizado su empresa en un esquema fraudulento, consistente en la utilización de menos asfalto que el cotizado y cobrado a los municipios.
Constructora contestó la demanda, negando las alegaciones. Presentó, además, una reconvención reclamando el pago del pagaré de $129,600.00 otorgado por Boricua Asphalt.
El 18 de marzo de 2002, mientras el pleito se hallaba pendiente, Constructora fue descertificada por el Departamento de Estado, por no rendir los informes corporativos requeridos por ley, 14 L.P.R.A. sec. 3271. La corporación fue reactivada el 2 de diciembre de 2002.
Luego de otros incidentes, el Tribunal de Primera Instancia procedió a nombrar al Lcdo. César Soto Cintrón como Comisionado en el caso, bajo la Regla 41 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 41, por entender que la adjudicación de la reclamación de Boricua Asphalt requería la determinación de los balances adeudados con relación a los numerosos contratos individuales entre las partes, lo que resultaba ser una materia apropiada para un perito.
Tras otros trámites adicionales, el 26 de febrero de 2004, el Lcdo. Cintrón presentó su informe. En el mismo, el Comisionado concluyó que Constructora adeudaba a Boricua Asphalt la cantidad de $206,276.98 por concepto de trabajos realizados en los distintos proyectos y no pagados. El...
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