Sentencia de Tribunal Apelativo de 23 de Febrero de 2005, número de resolución KLCE0500092
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE0500092 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 23 de Febrero de 2005 |
| EL PUEBLO DE PUERTO RICO Recurrido v. JOSÉ CASÚL QUIÑONES Peticionario | | Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas KSC2002G0431 |
Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez Colón Birriel y la Jueza Hernández Torres.
Brau Ramírez, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2005.
El peticionario José Casúl Quiñones comparece por derecho propio ante este Tribunal. Alega que el 30 de junio de 2003 fue sentenciado por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, a una condena de 9 años de prisión por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. El Tribunal impuso al peticionario el pago de una pena especial ascendente a $600.00 a beneficio del Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delitos, conforme a lo
dispuesto por el Art. 49-C del Código Penal, añadido por la Ley Núm. 183 de 29 de julio de 1998, según enmendada, 33 L.P.R.A. sec. 3214.
Al momento de su sentencia, el peticionario no cuestionó dicha condena. En ese momento, el peticionario estaba representado por un abogado contratado por él.
Más de un año luego de dictada la referida sentencia, el 6 de diciembre de 2004, el peticionario presentó una moción solicitando que se le relevara del pago de la pena especial antes mencionada. El peticionario alegó que era indigente y que se le hacía imposible pagar la referida pena especial, ya que su único ingreso en esta etapa lo era la suma de $18.00 mensuales que recibía por su trabajo en prisión.
El peticionario relata que el 13 de diciembre de 2004, mediante la resolución recurrida, el Tribunal de Primera Instancia denegó sumariamente su moción.
Insatisfecho, el peticionario acudió ante este Tribunal.
En su recurso, el peticionario plantea que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar su solicitud de que se le relevara del pago de la pena especial, sin haber celebrado una vista para determinar si el peticionario había advenido indigente.
La referida Ley Núm. 183 de 29 de julio de 1998 fue adoptada para establecer un programa de compensación económica para las víctimas de delitos. Dicho fondo se nutre de una penalidad especial que debe ser impuesta a cada persona que resulte convicta de un delito. La penalidad es de...
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