Sentencia de Tribunal Apelativo de 20 de Mayo de 2005, número de resolución KLCE 01-0564
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE 01-0564 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 20 de Mayo de 2005 |
| ISLA DEL RIO, INC. Y VALDIVIESO HERMANOS S.E. (LUCAS P. VALDIVIESO TORRUELLA Y JORGE LUCAS P. VALDIVIESO TORRUELLA PARTE RECURRIDA v. COMMONWEALTH OIL REFINING COMPANY, INC., FULANO DE TAL Y SUTANO DE TAL, DEMANDADOS DESCONOCIDOS PARTE PETICIONARIA | | Certiorari proce-dente del Tribunal de Primera Instan-cia, Sala de Ponce CASO NUM. JAC2001-0564 |
Panel integrado por su presidente, el Juez Gierbolini, la Jueza Cotto Vives y el Juez Aponte Jiménez
Aponte Jiménez, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2005.
Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) nos solicita que revisemos la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, mediante la cual ese foro denegó su moción para que se excluyera el testimonio del perito de la parte demandante, Isla del Río, Inc. y Valdivieso Hermanos, S.E. (en adelante, demandantes).
Sostiene ante nos que el TPI adjudicó prematuramente una de las controversias medulares del caso sin brindarle el debido procedimiento de ley.
Inconforme, con la resolución recurrida, solicitó reconsideración, la cual no fue atendida dentro del término dispuesto por lo que se entiende rechazada de plano.
Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el auto de certiorari solicitado a los fines de confirmar la resolución recurrida.
El 3 de julio de 2001 los demandantes presentaron ante el TPI una demanda contra CORCO por perturbación y estorbo, cumplimiento específico de contrato y daños y perjuicios. Alegaron que ésta adquirió en arrendamiento una propiedad suya para continuar operando nueve (9) tanques de almacenamiento de derivados de petróleo que se encontraban en el terreno en virtud de contratos anteriores.
Agregaron que al finalizar el arrendamiento CORCO, en un acto de soberbia y de mala fe, procedió a picar los tanques de almacenamiento, dejando la propiedad en un estado de peligro con toneladas de chatarra, acero y equipo regados por todos lados. Afirmaron que hay contaminación en los terrenos arrendados y que las pertenencias de CORCO continúan en la propiedad arrendada luego de expirado el término del contrato, sin pagar el canon mensual correspondiente. Finalmente adujeron que tal actuación les ocasionó una situación de estorbo que les privó el uso y disfrute de la propiedad y los expuso a reclamaciones de agencias reguladoras.
Así pues, solicitaron, al TPI, entre otras cosas, que ordenara a CORCO: (1) remover los tanques colapsados y demás equipo de la propiedad de los demandantes; (2) llevar a cabo una investigación ambiental de la propiedad arrendada para determinar la extensión de la contaminación ocasionada a ésta; (3) implantar de forma rápida y eficaz toda medida necesaria para detener el impacto de la contaminación que sus prácticas han ocasionado; (4) remediar el daño que los contaminantes ocasionan a la propiedad; (5) pagar la cantidad de $30,000 mensuales por concepto de canon de arrendamiento a partir del primero de enero de 2001 hasta que concluya la remoción de sus pertenencias de la propiedad y su restauración; y (6) pagar las costas, gastos y honorarios de abogado y la cantidad de $500,000 por concepto de daños.
CORCO contestó la demanda. Negó todo tipo de responsabilidad. Sometió una reconvención contra los demandantes. Rechazó que el acuerdo exigiese una investigación ambiental para poder otorgar una certificación de no contaminación así como la existencia de la deuda de cánones de arrendamiento.
Reclamó los gastos de desmantelación parcial de los tanques y el costo de reemplazo de los mismos. Los demandantes contestaron la reconvención.
Iniciado el descubrimiento de prueba, los demandantes notificaron la contratación de los servicios profesionales del Ing. Raúl Colón Vicente, perito en el caso. Éste sometió un informe preliminar con el propósito de identificar posibles riesgos ambientales resultantes de las actividades de CORCO. Incluyó, además, un estimado de los costos necesarios ascendente a casi de dos millones de dólares para llevar a cabo sus recomendaciones y $230,400 para una investigación ambiental.
Luego del descubrimiento de prueba, CORCO contrató los servicios de una compañía para remover los tanques y demás equipo de la propiedad. Acordó con la firma de ingenieros, CSA Group, que supervisara todas las labores de remoción...
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