Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2006, número de resolución KLCE0501129
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE0501129 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 28 de Febrero de 2006 |
LEXTCA20060228-113 Pueblo v.
Laboy Delgado
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL ESPECIAL DE CONFINADOS E INDIGENTES
| EL PUEBLO DE PUERTO RICO Recurrido V. JOSE A. LABOY DELGADO Peticionario | KLCE0501129 | Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao Caso Núm. HVI1200029-31, HLA2000G0025-33, HPD2001G0128, HLQA2001G0044 |
Panel integrado por su presidente, Juez Rivera Román, y los Jueces Coll Martí y Soler Aquino.
Soler Aquino, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2006.
El peticionario (José A. Laboy Delgado) comparece para solicitar que se le ordene al Tribunal de Primera Instancia que le abone el período de tiempo que el imputado estuvo en Psiquiatría Forense a su sentencia.
El peticionario fue acusado por los delitos de tentativa de asesinato e infracción a los Arts. 6, 8 y 11 de la Ley de Armas, y el Art. 180 del Código Penal por los cuales extingue una pena de 10 años de reclusión. El recurrente permaneció desde el 22 de febrero de 2002 hasta el 30 de abril de 2004 en el Hospital de Psiquiatría
Forense de Ponce y desde el 26 de septiembre de 2001 hasta el 27 de febrero de 2002 en el Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras. Alega el promovente, que luego de años de ser pronunciado no-procesable, no siendo evaluado por más de un año mientras permaneció en el Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce, fue hallado procesable. El señor Laboy pactó con el Fiscal una alegación preacordada, mediante la cual admitía su culpabilidad en varios delitos y se allanaba a que dictaran sentencia para cumplir en prisión, a cambio de que se le abonara a la sentencia el tiempo que permaneció bajo custodia del Estado en el Hospital de Psiquiatría Forense. En el acto de lectura de sentencia el Tribunal se expresó en términos inequívocos de que se modificaría la sentencia impuesta una vez se le entregara al Tribunal de Primera Instancia evidencia del período de la estadía del imputado en Psiquiatría Forense.
En mociones con fechas de 13 de octubre de 2004 y de 25 de mayo de 2005, la defensa reiteró su solicitud de que se honrara lo pactado y proveyó lo solicitado por el Tribunal. La orden del Tribunal, finalmente denegando el preacuerdo, fue emitida por un nuevo Juez que sustituyó al que aprobó el preacuerdo con la consecuencia de que el imputado ahora cumple su sentencia sin el beneficio de abono de tiempo que éste estuvo bajo custodia del Estado en Psiquiatría Forense, todo esto en contravención del acuerdo entre Fiscalía y la Defensa y aceptado por el Tribunal.
Por su parte el Procurador General expone que lo que la parte peticionaria pretende revisar es la sentencia impuesta a éste, y que el término de treinta (30) días para solicitud de prórroga es jurisdiccional e improrrogable el cual para la fecha del 22 de julio del 2005 había vencido. Alega que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para entrar en sus méritos y que por lo tanto el recurso debe ser desestimado. Además alega que aún cuando éste Tribunal estimare que el término aplicable es de cumplimiento estricto, debería ser desestimado el recurso debido a que la parte peticionaria no ha demostrado justa causa para la dilación.
La alegación preacordada se presentó al Tribunal el 18 de agosto de 2004 y al aceptar el acuerdo el Tribunal, conforme se describe en la minuta, dispuso lo siguiente:
El Tribunal le exime del pago de la pena especial. A la petición de abonar a esta sentencia el tiempo que estuvo el imputado ingresado en Psiquiatría Forense, se ordena a la defensa que someta una certificación que indique todo el tiempo que estuvo ingresado en Psiquiatría Forense bajo un confinamiento y el Tribunal tomará una determinación.1
Nuestra Constitución contiene un listado de derechos que cobijan a todo ciudadano acusado en un procedimiento criminal. Entre éstos se encuentran el derecho del individuo a gozar de la presunción de inocencia, la protección contra la autoincriminación, el derecho a carearse con los testigos de cargo y el derecho a obtener un juicio justo e...
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