Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019 (Ley Núm. 73 de 19 de julio de 2019, según enmendada)
Para crear la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; para derogar el Plan de Reorganización Núm. 3 de 2011; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de Puerto Rico atraviesa por una crisis fiscal y socioeconómica sin precedentes en tiempos modernos. Las nefastas acciones y la errada política pública de la pasada administración, unidas a nuestra injusta situación colonial, colocaron a Puerto Rico en un abismo económico y fiscal histórico que culminó con la imposición por el Congreso de los Estados Unidos de una Junta de Supervisión Fiscal, a tenor con el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016 (PROMESA). La debacle que enfrenta Puerto Rico actualmente se debe a una serie de problemas de raíz, profundos y estructurales, que llevan manifestándose por varios años, y en algunos casos, por varias décadas. Como parte de los esfuerzos de este Gobierno para atender responsablemente la crisis por la cual atravesamos, es menester crear una reforma en los procesos de adquisición de bienes y servicios del Gobierno de Puerto Rico para establecer una estructura centralizada, transparente y eficiente que produzca ahorros para el Gobierno de Puerto Rico.
Encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma, como el que propone esta administración a través del Plan Gerencial Anticorrupción, expuesto en el Plan para Puerto Rico. El Plan para Puerto Rico propone reestructurar estructuras obsoletas e ineficientes para lograr transparencia y eficiencia en la gestión gubernamental lo que permitirá, además, simplificar la estructura gubernamental y organizacional para prevenir, atacar y corregir las diferentes clases de corrupción, con el propósito primordial de erradicarla y en consecuencia, devolverle la confianza al pueblo de Puerto Rico. Para lograr esto, se requiere la evaluación concienzuda de los servicios que provee el Gobierno, a fin de reestructurar estructuras ineficientes
para lograr transparencia. La falta de rendición de cuentas y supervisión adecuada, así como la falta de tecnología, transparencia y uniformidad en los procesos de compras y contratación del Gobierno de Puerto Rico, hacen el terreno fértil para que la corrupción y malversación de fondos se generalice sin tener mayores consecuencias.
La Administración de Servicios Generales (la Administración o ASG) creada mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 1971 es la entidad gubernamental responsable de implementar la política pública relativa a la adquisición de bienes y servicios no profesionales del Gobierno de Puerto Rico. Con el pasar de los años, la Administración se ha vuelto cada vez más inefectiva debido a, entre otros factores, no incorporar los avances tecnológicos en los procesos de compras de bienes y servicios no profesionales y a la continua aprobación de leyes que han eximido a las distintas agencias gubernamentales y corporaciones públicas de la obligación de someterse a los procesos establecidos por la ASG. Esto ha generado una falta de uniformidad en los procesos de adquisición, evaluación y revisión de las compras hechas por las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, que amerita ser subsanada mediante la presente Ley.
A modo de ejemplo de la ineficiencia en los procesos de adquisición del Gobierno de Puerto Rico, según datos de la ASG, en el Año Fiscal 2017, un mismo suplidor provee el mismo bien y servicio a 52 entidades gubernamentales por separado. Por otro lado, las...
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