Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019 (Ley Núm. 73 de 19 de julio de 2019, según enmendada)
Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019” Ley Núm. 73 de 19 de julio de 2019, según enmendada (Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: Ley Núm. 21 de 12 de enero de 2020Ley Núm. 22 de 12 de enero de 2020Ley Núm. 116 de 14 de agosto de 2020Ley Núm. 150 de 18 de noviembre de 2020 Ley Núm. 31 de 24 de agosto de 2021 Ley Núm. 107 de 16 de diciembre de 2022 Ley No. 110 de 22 de diciembre de 2022 Ley Núm. 48 de 19 de febrero de 2024 Ley Núm. 153 de 12 de agosto de 2024 Ley Núm. 203 de 9 de septiembre de 2024) Para crear la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; para derogar el Plan de Reorganización Núm. 3 de 2011; y para otros fines relacionados. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Gobierno de Puerto Rico atraviesa por una crisis fiscal y socioeconómica sin precedentes en tiempos modernos. Las nefastas acciones y la errada política pública de la pasada administración, unidas a nuestra injusta situación colonial, colocaron a Puerto Rico en un abismo económico y fiscal histórico que culminó con la imposición por el Congreso de los Estados Unidos de una Junta de Supervisión Fiscal, a tenor con el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016 (PROMESA). La debacle que enfrenta Puerto Rico actualmente se debe a una serie de problemas de raíz, profundos y estructurales, que llevan manifestándose por varios años, y en algunos casos, por varias décadas. Como parte de los esfuerzos de este Gobierno para atender responsablemente la crisis por la cual atravesamos, es menester crear una reforma en los procesos de adquisición de bienes y servicios del Gobierno de Puerto Rico para establecer una estructura centralizada, transparente y eficiente que produzca ahorros para el Gobierno de Puerto Rico. Encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma, como el que propone esta administración a través del Plan Gerencial Anticorrupción, expuesto en el Plan para Puerto Rico. El Plan para Puerto Rico propone reestructurar estructuras obsoletas e ineficientes para lograr transparencia y eficiencia en la gestión gubernamental lo que permitirá, además, simplificar la estructura gubernamental y organizacional para prevenir, atacar y corregir las diferentes clases de corrupción, con el propósito primordial de erradicarla y en consecuencia, devolverle la confianza al pueblo de Puerto Rico. Para lograr esto, se requiere la evaluación concienzuda de los servicios que provee el Gobierno, a fin de reestructurar estructuras ineficientes para lograr transparencia. La falta de rendición de cuentas y supervisión adecuada, así como la falta de tecnología, transparencia y uniformidad en los procesos de compras y contratación del Gobierno de Puerto Rico, hacen el terreno fértil para que la corrupción y malversación de fondos se generalice sin tener mayores consecuencias. La Administración de Servicios Generales (la Administración o ASG) creada mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 1971 es la entidad gubernamental responsable de implementar la política pública relativa a la adquisición de bienes y servicios no profesionales del Gobierno de Puerto Rico. Con el pasar de los años, la Administración se ha vuelto cada vez más inefectiva debido a, entre otros factores, no incorporar los avances tecnológicos en los procesos de compras de bienes y servicios no profesionales y a la continua aprobación de leyes que han eximido a las distintas agencias gubernamentales y corporaciones públicas de la obligación de someterse a los procesos establecidos por la ASG. Esto ha generado una falta de uniformidad en los procesos de adquisición, evaluación y revisión de las compras hechas por las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, que amerita ser subsanada mediante la presente Ley. A modo de ejemplo de la ineficiencia en los procesos de adquisición del Gobierno de Puerto Rico, según datos de la ASG, en el Año Fiscal 2017, un mismo suplidor provee el mismo bien y servicio a 52 entidades gubernamentales por separado. Por otro lado, las 11 entidades gubernamentales con más gastos en adquisiciones de bienes y servicios comparten entre sí 68 proveedores. Sin embargo, menos del 1% del total de siete mil (7,000) millones en contratos otorgados por las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico fueron llevados a cabo a través de los procesos de la ASG. Esto implica una descentralización en el manejo de la relación contractual que resulta de los procesos de licitación y adquisición del Gobierno. El Center for Advance Procurement Strategy calcula que el manejo del gasto público centralizado debe de estar alrededor de un 83.39%. Esto a pesar de que la ASG está encomendada a fungir como un ente negociador y facilitador, y como enlace entre las agencias y los suplidores para adquirir bienes y servicios no profesionales. De igual manera, como ejemplo de las ineficiencias en las compras gubernamentales durante el Año Fiscal 2017, el Gobierno de Puerto Rico adquirió materiales de oficina de sobre 290 proveedores diferentes. Además, 26 entidades del Gobierno de Puerto Rico compraron bolígrafos a sobre 50 suplidores diferentes. Los datos anteriormente expuestos demuestran oportunidades perdidas del Gobierno de Puerto Rico para, a través de la ASG, utilizar su poder adquisitivo, recursos y pericia para negociar con los suplidores términos más favorables para maximizar el valor y el beneficio para el Gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, es un hecho indiscutible que actualmente el nivel de gasto en la compra de bienes, obras y servicios por parte del Gobierno es excesivo. Las compras gubernamentales descentralizadas han dejado al descubierto lo ineficaz y costoso que resulta la existencia de múltiples oficinas de compras que implementan procedimientos individualizados que no resultan en los mejores intereses del Gobierno. La descentralización del proceso de compras se traduce en compras de menor volumen, por lo que los costos de los bienes adquiridos a menudo son mayores. Sin duda, esto desvirtúa el objetivo principal del Gobierno de lograr mayores economías presupuestarias. La falta de planificación estratégica en las compras gubernamentales y contrataciones relacionadas limita las oportunidades para atender responsablemente los gastos presupuestarios excesivos. Hoy día no existe un mecanismo efectivo de medición y análisis de datos que permita generar informes adecuados de los bienes adquiridos y los servicios contratados por parte del Gobierno de Puerto Rico. Otro problema existente es la falta de uniformidad en los procesos de compras, como resultado de la coexistencia de sobre 188 reglamentos que rigen los procedimientos de compras en las diversas entidades gubernamentales. La falta de rendición de cuentas y supervisión adecuada, así como la falta de tecnología, transparencia y uniformidad, hacen el proceso de compras un terreno fértil para que la corrupción y malversación de fondos se generalice sin tener mayores consecuencias. Como resultado de lo anterior, el Gobierno de Puerto Rico gasta más de seis mil (6,000) millones de dólares en bienes y servicios cada año, lo que redunda en que bajo el esquema actual, en el cual las agencias, dependencias e instituciones compran individualmente de manera descentralizada, los contribuyentes pierden la oportunidad de que el Gobierno utilice su poder como el mayor comprador de Puerto Rico para lograr economías y eficiencias que redunden en un mejor servicio. El Plan de Reorganización Núm. 3 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011” (el Plan de Reorganización), estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico uniformar los procesos de adquisición de bienes y servicios para las distintas agencias públicas con el fin de adquirir las más alta calidad en bienes y servicios, al menor costo posible, garantizando así el máximo rendimiento de los fondos públicos. Esta Ley no pretende cambiar la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre este tema sino atemperar a la nueva estructura organizacional y administrativa al ordenamiento jurídico vigente. El 29 de junio de 2018, la Junta de Supervisión Fiscal certificó el Nuevo Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico (el Nuevo Plan Fiscal), el cual incorpora el compromiso de esta administración de reformar el aparato gubernamental a los fines de reestructurar estructuras obsoletas e ineficientes para lograr transparencia y eficiencia en la gestión gubernamental. El Nuevo Plan Fiscal establece como una de las prioridades la centralización de las adquisiciones de bienes y servicios de las instrumentalidades gubernamentales para de esta manera lograr ahorros para el Gobierno de Puerto Rico. Conforme al plan fiscal, la centralización del manejo de las finanzas del gobierno incluye mejoras al proceso presupuestario, monitoreo de gastos, y la estandarización de los procesos de compras, contrataciones, y recursos humanos. El plan fiscal del gobierno incluye un llamado claro a la centralización de las compras y contrataciones del gobierno, para así lograr ahorros en los presupuestos de todas las entidades gubernamentales, pero también lograr un proceso transparente y uniforme. La ASG, siendo la entidad responsable de implementar la política pública relativa a las adquisiciones de bienes y servicios no profesionales, tiene las herramientas para llevar a cabo una reforma en los procesos de adquisición para el Gobierno de Puerto Rico. Precisamente, mediante esta Ley proponemos adoptar un nuevo modelo para la compra de bienes, obras y servicios por parte del gobierno, enmarcado dentro de los principios de transparencia, uniformidad y sana competencia. Este modelo utiliza como guía y referencia el Código Modelo de Contratación de la American Bar Association para los Gobiernos Estatales y Locales (ABA Model Procurement Code for...
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