Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017)
Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada (Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: Ley Núm. 78 de 4 de febrero de 2018Ley Núm. 79 de 1 de marzo de 2018Ley Núm. 156 de 25 de julio de 2018Ley Núm. 176 de 5 de agosto de 2018Ley Núm. 263 de 15 de diciembre de 2018Ley Núm. 265 de 15 de diciembre de 2018Ley Núm. 282 de 15 de diciembre de 2018 Ley Núm. 77 de 27 de julio de 2019 Ley Núm. 117 de 1 de agosto de 2019 Ley Núm. 149 de 2 de octubre de 2019 Ley Núm. 181 de 26 de diciembre de 2019 Ley Núm. 13 de 3 de enero de 2020 Ley Núm. 32 de 24 de marzo de 2020 Ley Núm. 35 de 5 de abril de 2020 Ley Núm. 66 de 13 de julio de 2020 Ley Núm. 83 de 3 de agosto de 2020 Ley Núm. 91 de 7 de agosto de 2020 Ley Núm. 1 de 12 de mayo de 2021 Ley Núm. 135 del 1 de septiembre de 2020 Ley Núm. 48 de 21 de septiembre de 2021 Ley Núm. 65 de 23 de diciembre de 2021 Ley Núm. 72 de 27 de diciembre de 2021 Ley Núm. 79 de 30 de diciembre de 2021 Ley Núm. 58 de 18 de julio de 2022 Ley Núm. 32 de 27 de enero de 2023 Ley Núm. 45 de 3 de marzo de 2023 Ley Núm. 72 de 26 de junio de 2023 Ley Núm. 81 de 8 de agosto de 2023 Ley Núm. 86 de 8 de agosto de 2023) Para establecer el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico; a los fines de crear un nuevo sistema integrado por todos los componentes que administran la seguridad pública en Puerto Rico; permitirle compartir personal y gastos administrativos; crear el Negociado de la Policía de Puerto Rico; crear el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico; crear el Negociado de Ciencias Forenses de Puerto Rico; crear el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1; crear el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; crear el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico; crear el Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico; derogar la Ley 53-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”; derogar la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; derogar la Ley 211-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico”; derogar la Ley 539-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; derogar la Ley 144-1994; según enmendada, conocida como “Ley de llamadas 9-1-1”, derogar la Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”; derogar el Capítulo III del Plan 5-2011, mejor conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Justicia de 2011”; derogar el Plan de Reorganización 2-1993, según enmendado, conocido como “Comisión de Seguridad y Protección Pública”; disponer para la ordenada transición hacia la integración de las entidades que formarán parte del Departamento de Seguridad Pública en aras de lograr ahorros y eficiencias, mejorar los servicios que recibe la ciudadanía, cumplir con los requerimientos de la reforma de la Policía y salvaguardar los fondos federales; y para otros fines relacionados. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La seguridad pública es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y residentes para poder gozar del libre ejercicio de sus derechos de forma segura. Los residentes deben sentirse seguros y tener la convicción de que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, irá contra quienes no cumplen con las normas establecidas según el estado de derecho en resguardo de sus derechos como víctimas. Asimismo, los ciudadanos deben tener la confianza de que, en caso de una emergencia, el Gobierno estatal estará disponible y listo para prestarle auxilio inmediato y adecuado para salvar su vida, su salud, su familia y su propiedad. El tema de seguridad pública acapara un alto grado de atención en los medios noticiosos de la Isla, lo que a su vez genera altos niveles de ansiedad ante todos los residentes. El Puerto Rico de hoy se ve amenazado por diversos factores que atentan contra la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos a la vez que impiden que estos gocen del libre ejercicio de sus derechos dentro de su entorno social. La discusión del tema de seguridad en Puerto Rico se ha centrado principalmente en el aspecto social, económico, cultural y político. Conforme los datos estadísticos disponibles más recientes, la violencia ha ido incrementando a un nivel tal que ha sido necesario incorporar en la agenda gubernamental este tema como uno prioritario. Lamentablemente, la alta incidencia de la delincuencia contra la vida y la propiedad manifestada en el aumento patente de asesinatos y otros delitos de Tipo I en la última década, han provocado unos cambios en el nivel de la calidad de vida de todos los puertorriqueños. El crimen y la violencia siembran el miedo y la ansiedad sobre la seguridad personal en nuestros ciudadanos. Es por ello que se dificulta el desarrollo económico, transformando ciertas áreas de la Isla en menos atractivas para vivir, estudiar y trabajar. En días recientes, pudimos observar imágenes de estudiantes de escuela elemental protegiendo sus vidas debajo de sus escritorios en su escuela mientras sus valientes maestras intentaban mantener la calma, a la vez que se escuchaban ráfagas de tiros. Esta no debe ser la manera en que nuestros ciudadanos tengan que vivir. Este tipo de situaciones debe ser la excepción, no la norma. El compromiso de esta Administración será atrapar a estos delincuentes y que les caiga y se les aplique todo el peso de la ley. En la actualidad todos los municipios de Puerto Rico sufren de alguna situación de seguridad como consecuencia del crimen. Por eso, existe la imperiosa necesidad de asumir nuevas responsabilidades y encarar el problema. Este enfoque incluye la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales y locales a todas las comunidades de la Isla. La criminalidad cada día utiliza mayores herramientas, incrementando el uso de tecnología, mejorando su capacidad de organización y, en muchos casos, aumentando el nivel de violencia utilizada en la comisión de los delitos. Puerto Rico no sólo sufre la extrema violencia debido a los asesinatos y homicidios por razón de actividades criminales o tráfico de drogas, sino también por muchos otros hechos delictivos tales como robos, secuestros, abusos sexuales, delincuencia juvenil y violencia doméstica. El tema de la seguridad ciudadana en Puerto Rico se ha centrado en la búsqueda y/o aspiración de tener un ambiente donde se pueda vivir sin amenazas, ni violencia, donde podamos cohabitar con dignidad y esperanza. Sin embargo, los enfoques hasta el momento no han sido exitosos y han ocasionado que muchos puertorriqueños hayan ido a vivir a alguna parte de los Estados Unidos continentales, en busca de una mejor calidad de vida, oportunidades, tranquilidad, paz y seguridad. Este éxodo poblacional agrava aún más la situación económica y social local, por lo que es imperativo traer nuevas alternativas para atender la situación. Garantizar la seguridad de los residentes de nuestra isla requiere un enfoque multisectorial y multidisciplinario que va más allá de procesar a los que incumplen nuestras leyes. Afrontar el problema de la criminalidad requiere un esfuerzo máximo para desarrollar respuestas urgentes y eficaces, que sean a la vez consistentes con los grandes avances de la democracia y el respeto a los derechos humanos. El tener un personal calificado y adiestrado de forma uniforme para llevar a cabo investigaciones criminales y acciones judiciales es vital para enfrentar y combatir la delincuencia en Puerto Rico. Estamos obligados a maximizar los recursos de seguridad y protección consolidando sus esfuerzos e insertándonos en la Seguridad Nacional de Estados Unidos. A su vez, debemos crear los medios para que los componentes de los diversos servicios de seguridad puedan operar de forma coherente, coordinada, eficaz y eficiente. A esos fines, es preciso profesionalizar al personal de seguridad de Puerto Rico y proveerles los recursos y el adiestramiento necesario para realizar sus funciones de forma eficaz. Debemos contar con agentes del orden público con el más alto grado de educación y profesionalismo necesarios para el adecuado esclarecimiento de crímenes y que, a la misma vez, exhiban el respeto por los derechos civiles que todos esperamos de ellos. También debemos garantizar que la evidencia obtenida en sus investigaciones sea analizada con el más estricto rigor científico para que el Pueblo viva en la tranquilidad de que se hace justicia. Finalmente, es preciso que nuestro profesional de respuesta a emergencias cuente con todas las herramientas y adiestramiento para proveer auxilio cuando circunstancias naturales o creadas por el humano pongan en peligro la seguridad individual o colectiva. Cada uno de estos componentes es igualmente vital para que avancemos hacia una sociedad más segura. Esta iniciativa de crear un Departamento de Seguridad Pública, tiene el objetivo de promover un sistema de seguridad más efectivo, eficiente, funcional y que trabaje de forma integrada entre sus componentes y con otras agencias del Gobierno de Puerto Rico. Es imperativo contar con un Departamento que vaya a la raíz de los problemas y atienda los pilares de la seguridad de forma integral, buscando sinergias entre los organismos que se le adscriben, maximizando así la operación del Gobierno de Puerto Rico. El establecimiento de este Departamento busca, también, utilizar mejor los recursos fiscales y el capital humano, reuniendo el esfuerzo, trabajo y colaboración de siete (7) agencias de gobierno, en un solo componente de seguridad pública. De igual forma, la creación del Departamento de Seguridad Pública le dará los poderes a un sólo oficial, su Secretario, cuya misión será coordinar los esfuerzos de todos los negociados adscritos a los fines de...
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