Ley de Tierras de Puerto Rico (Ley Núm. 26 de 12 de Abril de 1941)

    La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por la presente declaración y por la instrumentación de esta Ley, declara que la tierra de Puerto Rico ha de ser considerada como fuente de vida, de dignidad y de libertad económica para los hombres y mujeres que la trabajan, y se declara que es política de El Pueblo de Puerto Rico que finalmente cada persona que trabaje la tierra sea dueña de esa tierra que le sostiene.   Por resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, confirmada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 25 de marzo de 1940, los siguientes hechos históricos fueron objeto de declaración judicial: "Puerto Rico tiene un área total de 3,435 millas cuadradas, equivalentes a 2,198,400 acres, de los cuales 1,222,284 son de tierra labrantía. La población de la Isla en 1898, cuando Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos, era de 953,243 personas. El área total dedicada al cultivo de la caña de azúcar era, en aquel tiempo, de 70,000 acres. Los debates del Congreso en el año 1900, mientras se discutía la ley para imponer el 25 por ciento de la tarifa Dingley a todos los productos importados de Puerto Rico a Estados Unidos y viceversa, y la Carta Orgánica (Ley Foraker), para proveer un gobierno civil para Puerto Rico, demuestran la previsión de aquellos miembros del Congreso que expresaron sus temores de que el comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos haría de la Isla un sitio demasiado atractivo para la inversión de grandes capitales en azúcar y en tabaco, con el resultado probable de que quedaría la mayor parte, si no la totalidad de la tierra de labrantío, bajo la propiedad y el control de los trusts del azúcar y del tabaco. Este temor se intensificó cuando en el año anterior, en 1899, la Isla fue devastada por un ciclón con la consiguiente pérdida de la cosecha, y la depreciación e hipoteca de sus mejores tierras. Para prevenir el desarrollo de un monopolio agrario que se adueñara de y controlara los mejores terrenos de esta pequeña Isla tan densamente poblada, y que eventualmente convirtiera la Isla en una enorme fábrica de azúcar operada por un proletariado medio esclavo, y para fomentar el fraccionamiento de la Isla en pequeñas parcelas operadas y controladas por sus dueños, el Congreso aprobó la Resolución Conjunta Núm. 23, el primero de mayo de 1900.   Según tiene declarado el Tribunal Supremo de Puerto Rico respecto al problema de la tierra en esta Isla "los parlamentos han considerado su deber el proteger a sus súbditos y a sus ciudadanos contra los atentados por parte de las grandes combinaciones de capital para monopolizar las tierras propias para el labrantío, que son la base de la riqueza de cualquier comunidad".    Ha declarado asimismo el Tribunal Supremo de Puerto Rico que "la sabiduría y la previsión de los patrocinadores de la política agraria insular" entrañada en la ley federal que limita la tenencia corporativa de tierras a 500 acres, "han sido demostradas por acontecimientos posteriores. Puerto Rico, que atrajo la atención del Congreso en 1900 por la densidad de su población, desde entonces ha sido casi duplicado el número de sus habitantes, el censo de 1935 llevado a cabo por la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico, una agencia federal, demostrando que la Isla tenía en esa fecha una población de 1,723,534 habitantes, o sea un promedio de 501 personas por milla cuadrada; que 72.3 por ciento de esta población vive en la zona rural y depende enteramente de la actividad agrícola para su subsistencia; que la Isla tiene como promedio algo menos de un acre cuadrado de tierra de labrantío por habitante de la zona rural; que 251.000 acres, o sea una quinta parte de toda la tierra propia para la agricultura, se emplean para la producción de caña de azúcar; que no menos de 196,757 acres, o sea un poco menos del 70 por ciento del área total sembrada para la producción de cañas de azúcar, es de la propiedad de, o está controlada por, compañías que a su vez están controladas casi exclusivamente por accionistas ausentes; que las compañías así organizadas y controladas manufacturan, normalmente el 59 por ciento del total del azúcar producido por la Isla, controlando por tanto casi el 40 por ciento del total de la riqueza agrícola insular, y que durante la década de 1930 a 1940 el número de acres combinados de todos los fundos administrados por sus dueños decreció en 318,232 acres, mientras que el número total de acres operados por administraciones extrañas aumentó en 325,425 acres.   Y añade el Tribunal Supremo de Puerto Rico: "la existencia de grandes fundos de terrenos en un pequeño país agrícola, anormalmente sobrepoblado y sin otras industrias básicas que aquellas necesarias para la preparación de productos agrícolas para el mercado, es contrario al bienestar económico de sus habitantes.    Respecto al estatuto federal que limita a 500 el número de acres que podrán poseer en Puerto Rico las corporaciones que se dediquen a la agricultura, ha declarado el Tribunal Supremo de esta Isla que: "el fin que persigue el estatuto es impedir el acaparamiento de la tierras laborables de esta pequeña isla de 3,435 millas cuadradas, por un pequeño número de corporaciones y proteger a su población de l.700,000 almas contra un monopolio que acabaría por convertirles en meros siervos de una gran factoría azucarera.   También ha declarado el Tribunal Supremo de Puerto Rico que: "al constituir la Isla de Puerto Rico en un territorio organizado, pensó el Congreso que dada su extensión territorial, podrían ser acaparadas sus tierras por una o varias poderosas corporaciones, y, estimando que ello sería dañoso para su futuro desenvolvimiento, fijó su política sobre la materia marcando un límite a las facultades de la naciente legislatura que había de tener a su cargo la adoptación de leyes sobre corporaciones. Si se separa el negocio industrial del agrícola, puede concebirse que se establezcan corporaciones que levanten y sostengan en actividad grandes fábricas que transformen en azúcar las cañas que independientemente cultiven decenas o centenares de personas y corporaciones que a ello se dediquen ocupándose directamente de sus fincas, desarrollando actividades y multiplicando el número de ciudadanos y familias eficientes que se sostengan a sí mismas y que constituyen en los países bien organizados la base más segura y estable de una vida normal y ordenadamente progresiva.   La Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado en 25 de marzo de 1940 que: "ciertamente, no existe nada que tan de cerca afecte al interés local de Puerto Rico como la legislación que haga efectiva la restricción congresional sobre tenencias corporativas de tierras. Esta política nació de las necesidades especiales de una población densísima que dependía grandemente de la tierra para su sustento. Fue anunciada tan pronto como el Congreso se hizo responsable del bienestar del pueblo de la Isla; fue conservada frente a las vigorosas tentativas de modificarla, y fue reafirmada cuando el Congreso incrementó los poderes autonómicos de Puerto Rico. Ciertamente, el Congreso quiso que su actuación significase algo más que unas meras palabras vacías.   Es de conocimiento general que la mayor parte de las mejores tierras de labrantío de la Isla está dominada por unas pocas sociedades y corporaciones y por un contado número de personas naturales la vida de cientos de miles de seres humanos, en sus aspectos social, moral y político, depende en gran manera de las entidades que monopolizan la tierra. El poderío económico de tales entidades amenaza con dominar el poderío político del pueblo, así tendiendo a trocar lo que debe ser pura democracia en una plutocracia de arraigado carácter feudal. El latifundio azucarero ha extendido sus tentáculos, dentro de la vasta zona de sus dominios, a la explotación de establecimientos comerciales e industriales, tiendas de provisiones y mercancías secas; ha limitado la circulación del dinero, ha ocasionado el aniquilamiento de la vida comunal de muchos centros urbanos, y le hace imposible a miles de seres humanos ser siquiera dueños del pedazo de tierra donde tienen enclavado su hogar, con el consiguiente desequilibrio de la estructura económica de la Isla y con grave amenaza para la paz, el sosiego, la prosperidad y la dignidad y la libertad económica y social del pueblo de Puerto Rico.   Es evidente, por tanto, que la concentración de tierras ha creado en esta isla una situación social grave, poniendo la más valiosa fuente de riqueza bajo el dominio de grandes intereses, entre los cuales descuellan los absentistas. La gran masa de agricultores y trabajadores sufre una situación desesperante, tendiendo los primeros a convertirse en simples peones y éstos en mendigos, viéndose miles de familias convertidas en "agregados", o sea siervos, sin derecho ni control alguno sobre el pedazo de tierra que da cabida a su hogar; mientras que el producto del trabajo de la inmensa mayoría del proletariado se convierte en gran parte en capital absentista en vez de transformarse en poder adquisitivo para el pueblo. Esta situación afecta la estructura económica de la isla y crea una miseria material y una degradación moral tales que se hace imperativa la adopción de una política agraria que redunde en una mayor y más equitativa distribución de las riquezas naturales del país y en una mayor libertad y dignidad económica para los habitantes de la zona rural.   Es propósito esencial de esta Ley poner término al latifundio corporativo y a toda gran concentración de tierras en manos de entidades jurídicamente estructuradas en tal forma que tiendan a perpetuarse y a impedir por siempre la división de grandes fundos de terreno; así como impedir la reaparición de tales latifundios en el futuro.   Para lograr este objetivo se hace absolutamente necesario extender la limitación sobre tenencia de tierras hasta 500 acres, como política agraria fundamental de El Pueblo de Puerto Rico, a toda organización o sociedad...

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