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Leyes que cuestan un ojo de la cara

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Por Joanisabel González

joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

La multimillonaria cifra es producto de un análisis de El Nuevo Día e indirectamente, habría sido una de las formas en que se sangró el Fondo General durante casi década y media. Por ende, ello habría contribuido al cierre del Gobierno en el año 2006 y, más recientemente, al despido de unos 18,000 empleados públicos.

Según un reporte de la Comisión Especial Permanente de los Sistemas de Retiro, el costo de los beneficios otorgados a través de "leyes especiales" a los pensionados del Gobierno central, los municipios, ciertas corporaciones y maestros, aumentó unas doce veces entre los años 1998 y el 2009.

"Sin duda, eso (las leyes especiales) afectó el flujo de efectivo del Fondo General", dijo Héctor Mayol, administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM).

De acuerdo con diversos documentos compilados por la comisión que creó el gobernador Luis Fortuño para encontrar soluciones a la insolvencia de la ASR y el SRM, aún cuando para ese período de tiempo, las casas acreditadoras ya habían cambiado para mal la clasificación o perspectiva de la deuda de la Isla, las leyes especiales supusieron impactos adversos al Fondo General de hasta casi $ 70 millones por año y no se tomaron medidas para atajar su coste.

Entre los años 1967 hasta el 2008 se aprobaron unas dos docenas de leyes para modificar, pero sobre todo, para otorgar...

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