LIMPIEZA FORZOSA

por limarys suárez torres

lsuarez1@elnuevodia.com

El Gobierno tiene que tomar acciones concretas e inmediatas para resolver el patrón de violaciones de derechos constitucionales denunciado en un devastador informe de las operaciones de la Policía dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o la Uniformada será colocada en una sindicatura federal.

El informe, que detalla un patrón de agresiones y allanamientos ilegales, hace 133 recomendaciones para resolver el problema.

No obstante, ninguna de estas tiene un plazo específico, salvo una: ordena a la Uniformada que un término de un año -y con la ayuda de Justicia federal- realice una revisión del historial de disciplina, adiestramiento y desempeño de cada uno de sus miembros para determinar quiénes deben ser expulsados del cuerpo policiaco.

Así lo aseguró ayer Thomas Pérez, secretario auxiliar de Justicia federal a cargo de la División de Derechos Civiles, en una entrevista concedida a este diario horas después de hacer público el informe de 125 páginas en una conferencia en las oficinas de la Fiscalía federal en San Juan.

"Si no hacen nada los problemas van a persistir y si no cambian nada el Gobierno (federal) tendrá que iniciar una acción legal. Prefiero resolver esta situación sin litigación, pero si no podemos vamos a hacer lo que necesitemos hacer. Tengo confianza porque todo el pueblo de Puerto Rico sabe que el departamento (Policía) está roto de forma muy, muy grave", declaró el funcionario.

Pérez indicó que el documento y los hallazgos serán presentados ante la corte federal y que el cumplimiento de las recomendaciones será de carácter obligatorio y bajo supervisión federal. La expectativa de Pérez es que el gobierno local esté de acuerdo con las recomendaciones y no sea necesario llevar a cabo un proceso de litigación.

La pesquisa de Justicia federal, que comenzó en julio de 2008, concluyó que se ha entronizado en la Policía el uso de la fuerza en situaciones donde ninguna o una fuerza mínima debería ser utilizada, lo que viola la Constitución.

Asimismo, los hallazgos indican que existe un patrón entre los uniformados de realizar registros e incautaciones ilegales.

"La investigación refleja que han plantado evidencia y han suprimido el derecho constitucional, fallan en reportar los crímenes sexuales y de violencia doméstica y tienen un patrón discriminatorio contra los dominicanos. Hemos encontrado que la disciplina es ineficiente y tienen una supervisión muy...

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