Llamado al diálogo y la cordura

Por Israel Rodríguez Sánchez

israel.rodriguez@elnuevodia.com

Esa es la receta básica que un grupo de expertos en derecho recomendaron a los jueces y juezas del Tribunal Supremo, como solución a la crisis constitucional que amenaza la credibilidad del máximo foro judicial del País, como último intérprete de las leyes.

"Este asunto del Tribunal Supremo, independientemente de quién tiró la primera piedra, tiene que resolverse por vía de un diálogo maduro entre todos sus miembros, porque si no se soluciona el problema de desconfianza, que es el problema de fondo, hoy es un problema y mañana va a ser otro", vaticinó Fernando Martín, profesor de derecho jubilado de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Martín, hijo de un exjuez del Supremo, indicó que "el tribunal es un cuerpo colegiado y, si cada vez que hay una discrepancia, cada grupo va a saltar a su trinchera partidista, el resultado neto va a hacer el descrédito del tribunal como institución y la pérdida de credibilidad".

En ese sentido, Martín hizo un llamado a la madurez institucional.

"Esto es un reto para que la gente se comporte como adultos. Sería malo para el País que cada vez que haya diferencias los jueces salten desde sus trincheras partidistas. En este País que vivimos no sé si es mucho pedir", expresó el también exlegislador independentista.

Con Martín, coincidió el abogado constitucionalista y profesor de derecho en la Universidad Interamericana, Carlos Ramos, quien recomendó diálogo y consenso en el Supremo.

"Al final, una pugna interna atendida con elementos de tirantez y falta de consenso al momento de administrar cualquier sistema va a afectar a la larga a aquellos usuarios o beneficiarios del sistema", indicó.

Ramos dijo que si se insiste en cambiar o implosionar la forma en que se administra el sistema judicial, contrario a lo dispuesto en la Constitución, el sistema puede comenzar a funcionar con máxima ineficiencia.

"Para el ciudadano de a pie, sobre todo el que acude a los tribunales, ello puede implicar mayores atrasos, cambios de jueces asignados a los casos, implementación inadecuada de programas novedosos como el nuevo requisito de 'supervisión electrónica' a los imputados de violencia machista, etcétera", manifestó.

En la medida que se pierde confianza en la legitimidad del Tribunal, particularmente en la capacidad que tienen los jueces para actuar objetivamente, "se afectan todos los ciudadanos que potencialmente...

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