Llamado a proteger a los vulnerables tras María

Desplazamiento de comunidades, escasez de vivienda adecuada a causa de los daños provocados por el desastre natural, falta de rigor en cumplir con las leyes de protección ambiental, un aumento en las medidas de austeridad que impondrá el gobierno para operar con una disminución de ingresos... Este es un escenario que se materializa comúnmente en lugares que han sido impactados por desastres naturales y que Puerto Rico está enfrentando tras el embate de huracán María.

Pero, además de los destrozos, los desastres naturales traen consigo amenazas directas a los derechos humanos de los ciudadanos de las zonas afectadas, particularmente aquellos que ya de por sí pertenecen a poblaciones vulnerables, señaló el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla.

“Los estudios de los temas de derechos humanos han coincidido que después de los desastres se dan situaciones de movilidad, gentrificación, reorganización social, medidas de austeridad, desaceleración económica... Son situaciones que a los primeros que afectan son a los más pobres y necesitados”, sostuvo Padilla.

El 10 de diciembre se cumplen 69 años desde que la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento, creado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, expone los ideales a los que la comunidad internacional debe aspirar para crear una sociedad más justa y equitativa, en la que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de tener una vida digna, expuso Padilla.

El derecho a la educación, la salud, el trabajo, a una vivienda adecuada, a la libertad de pensamiento, a igual protección de las leyes y a la propiedad son algunas de las garantías contenidas en la carta de derechos, la cual sirvió de inspiración hace 65 años para la redacción de la Constitución del Estado Libre Asociado.

La falta de refugios y viviendas seguras para las personas sin hogar tras el paso del huracán María es una violación a los derechos humanos que ya se ha reportado en la isla, detalló Padilla. El discrimen hacia las personas por su identidad de género u orientación sexual al momento de solicitar asistencia económica por los daños es otra, añadió.

A la lista se suman la carencia de opciones para que los niños con diversidad funcional recibieran servicios educativos o de terapias, la falta de asistencia médica adecuada para personas en los hospitales, el abandono que enfrentaron adultos mayores que no podían salir de sus hogares...

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