LLAMADOS A TOMAR ACCIÓN
Por Israel Rodríguez Sánchez
israel.rodriguez@elnuevodia.com
Las otras dos instituciones llamadas a tomar acción son la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la Asamblea Legislativa, según el informe que presentará a las 6:00 p.m de hoy el comité ad hoc que investigó el fraude primarista, supo anoche El Nuevo Día.
El documento también le imputa negligencia al alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, por no ordenar una pesquisa de los policías y empleados municipales vinculados al esquema fraudulento desde que este diario destapó el escándalo el 1 de mayo, trascendió.
En manos de Justicia recaerá la responsabilidad de investigar y procesar criminalmente a todos los implicados en las irregularidades por delitos que van desde falsedad ideológica, encubrimiento, conspiración y perjurio hasta violaciones al ordenamiento electoral, si el pleno de la CEE acoge el informe.
En ese sentido, se recomendará a la CEE que todos los policías y empleados municipales que fueron citados a comparecer ante el comité ad hoc por hacer mudanzas fatulas deben ser referidos a Justicia por el delito de falsedad ideológica, al mentir a la CEE sobre su lugar de residencia para votar por el aspirante Antonio "Tony" Soto.
Igual suerte correrá un directivo del Consorcio Municipal de Guaynabo, identificado como Raúl San Inocencio Vázquez, quien se escondió para no ser emplazado por la CEE, según reportes recibidos por el comité ad hoc.
Por ese mismo delito de falsedad ideológica, el informe recomienda que se investigue y procese a Norma Miranda Gallardo, ayudante de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, y a su hermana Iris A. Miranda Gallardo. Ambas confesaron haber realizado transferencias ilegales de residencia, pero para votar por el representante Ángel Pérez.
El Código Penal establece que "toda persona que con intención de defraudar haga en un documento público o privado declaraciones falsas concernientes a un hecho del cual el documento da fe y, cuando se trate de un documento privado, tenga efectos jurídicos en perjuicio de otra persona" incurrirá en el delito de falsedad ideológica, la cual está tipificada como un delito grave de cuarto grado que conlleva pena de cárcel.
El jefe de la Policía Municipal de Guaynabo, coronel Ángel Venegas González, y el segundo en mando de ese cuerpo serían también investigados por el delito de encubrimiento.
En aquellos casos en que dos o más policías informaron falsamente a la CEE que vivían en una misma...
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