Le llegó su día al Sistema de Retiro
Por Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
La propuesta, que reformaría el Sistema de Retiro de los Empleados del ELA, también representa el fin de la pensión por mérito o las llamadas pensiones Cadillac y la desaparición o modificación del bono de verano y la aportación al plan médico. Los cambios comenzarían tan pronto como el 1 de julio de este año.
De entrada, el plan -que aplica particularmente a futuros jubilados- supone una reducción en el ingreso de unos 69,318 trabajadores públicos bajo la Ley 447 y la Ley 1, que aportan a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR). Estos tendrán que aportar 10% al Sistema en lugar de 8.2%. También supone una merma en los ingresos de unos 116,700 pensionados en la medida en que se reducen los beneficios especiales por los que nunca cotizaron.
En contraste, la propuesta dispone que los jubilados con las pensiones más bajas recibirán un aumento de $ 400 a $ 500. Y los participantes del Sistema 2000, podrán recibir una anualidad a la hora de jubilarse.
Los ajustes en beneficios afectarán específicamente a los empleados y retirados del Gobierno central, corporaciones públicas y municipios, pues en esta ocasión, el Gobierno no tocó el Sistema de Retiro para Maestros ni aquel de la Judicatura.
No obstante, el costo del ajuste afectará a aquellos que ni siquiera trabajan en el Gobierno. La deficiencia en la ASR es de tal magnitud que el Gobierno tendrá que buscar otros $ 100 millones adicionales en recaudos solo para empatar la crisis de las pensiones. En este caso, el Gobierno todavía no ha identificado con claridad de dónde saldrá ese dinero.
"Es esto o colapsa el Sistema", dijo la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.
"Las medidas son fuertes, pero el problema es bien fuerte", agregó. "Si se acaban los fondos (de la ASR), el Gobierno tendría que asumir esa deuda".
"La deuda" a la que Acosta hacía referencia no es otra cosa que el déficit actuarial de unos $ 35,260 millones y que, sin ajustes sustantivos, el Gobierno central tendría que pagar por los próximos 35 años.
Ello es separado del déficit en el presupuesto operacional del Gobierno, que ronda unos $ 2,212 millones y del déficit actuarial de unos $ 9,768 millones que exhibe el Sistema de Retiro para Maestros.
Más allá de salvar las pensiones de los empleados públicos, la administración utilizará esta propuesta para intentar convencer a las casas acreditadoras de que Puerto Rico atenderá los problemas estructurales que le...
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