La lógica de la subordinación política
ENRIQUE TOLEDO
ESPECIALISTA EN ASUNTOS DEL DESARROLLO
¿Puede realmente el gobierno estadounidense, como dice el presidente Barack Obama en su carta de presentación al Informe de Task Force, "supports and respects Puerto Rico´s selfdetermination"?
No. Porque institucionalmente Estados Unidos niega la naturaleza política de la subordinación y dependencia política y económica de Puerto Rico cuando es incapaz de verse como parte del problema. El reciente informe del Task Force es evidencia de la lógica despolitizadora de Estados Unidos hacia este problema.
Primero, rectifica la condición "jurídica" de territorio no incorporado que tiene Estados Unidos para Puerto Rico. Ello le permite a Estados Unidos reconocer retóricamente a Puerto Rico como "pueblo" y al puertorriqueño como su "ciudadano".
Pero, políticamente, cuando lo reconoce como "pueblo" es para desconocerle la falta de derechos políticos para participar plenamente dentro de su gobierno (pues es otro "pueblo" al estadounidense).
Y cuando lo reconoce individualmente como su ciudadano, niega el derecho colectivo del pueblo de Puerto Rico a decidir su propio destino puesto que tal derecho reside en el Congreso.
Así, ni tenemos el poder político para decidir como pueblo nuestro propio futuro, ni como ciudadanos estadounidense para participar dentro de Estados Unidos.
Entonces, ¿de qué nos sirven los derechos jurídicos de la ciudadanía estadounidense para cambiar esta situación (política)? Para el puertorriqueño, de nada.
Pero a Estados Unidos le sirve para (re)crear su "derecho" jurídico a intervenir sobre el puertorriqueño, alegando expandir (sus) derechos al ciudadano estadounidense en Puerto Rico.
¿Y cómo lo hace? El presidente Obama nos escribe en la carta de presentación del Informe que quiere "ensur(e) (Puerto Rico's) partnership with the Federal Government is fair and equitable" porque "key areas (of) the Federal Government have been implemented inconsistently" en Puerto Rico. Para Estados Unidos no es ningún problema el que Puerto Rico ni participe en la determinación de las políticas públicas del gobierno federal ni que tales políticas puedan tener efectos adversos en Puerto Rico.
Así, Estados Unidos transforma el problema político en técnico (pues lo valora como de mera implementación de sus políticas), excluyendo al puertorriqueño sobre la decisión de su propio bienestar y sustituyéndolo por el de unos burócratas especialistas en su...
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