La lucha por la admisión
Cuando el gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombró la pasada semana a cuatro de los siete miembros de la llamada Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, colocó el debate sobre la estadidad en el epicentro de la discusión pública.
Con la designación del expelotero de las Grandes Ligas Iván Rodríguez, el expresidente senatorial Charlie Rodríguez y los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González como legisladores de la isla ante el Congreso estadounidense para cabildear por la estadidad, también resucitó una pregunta: ¿existen las condiciones para que Puerto Rico se anexe a Estados Unidos?
La interrogante causó múltiples respuestas.
Para los estadistas, es cuestión de tiempo. Aseguran que el terreno se encuentra fértil para que florezca una propuesta de admisión que conceda la estadidad a Puerto Rico. Por eso, apuestan a la recién creada comisión, una versión criolla del Plan Tenesí, como la semilla que finalmente germinará en la estrella del estado 51.
Pero, para estudiosos de la realidad política puertorriqueña, existen escollos culturales e históricos que impiden y retrasan ese tránsito hacia la anexión.
“Desde el punto de vista jurídico, no hay impedimento para que el Congreso decida admitir a Puerto Rico como estado de la Unión”, explicó Efrén Rivera Ramos, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
El Artículo IV, Sección 3, de la Constitución de Estados Unidos concede al Congreso la facultad de admitir nuevos estados. Apoyados en dicha disposición constitucional, los congresistas podrían aprobar una ley habilitadora, que establezca los términos y condiciones de la admisión, así como un período de transición.
Ese proceso, advirtió Rivera Ramos, tendría que ocurrir en un contexto en el que Puerto Rico siempre sea admitido como estado en una situación jurídica de igualdad con los demás estados.
“El problema es político. Una cosa es que el Congreso pueda admitir a Puerto Rico como estado y otra cosa es que quiera hacerlo. No hay un derecho a ser admitido como estado. Ello depende de la voluntad política de los Estados Unidos, expresada a través del Congreso”, apuntó.
Para el abogado constitucionalista, el reto para los que favorecen la estadidad consiste en inclinar esa voluntad a su favor. Antes tendrán que superar varios obstáculos, como la grave situación económica que enfrenta el país, que se acogió a un proceso de quiebra para renegociar una deuda pública que excede los $69,000...
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