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Una lucha comunitaria que no cesa

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Vincent

Tan pronto empieza a llover en las comunidades aledañas al Caño Martín Peña, en San Juan, se alteran los nervios."Uno ve el día gris y uno está bien ansioso. ¡Dios mío va a llover, tengo que subir las cosas! Nosotros llevamos muchos años subiendo las cosas en bloques, estas últimas veces se ha inundado demasiado", relató Magda Rodríguez Mandri, residente del sector San Ciprián en Barrio Obrero.La mujer afirmó que cada inundación equivale a perderlo todo. "Tenemos un estrés postraumático con el clima... Mi calle es una de las peores que se inunda. El nivel del mar, el cambio climático todas esas cosas nos afectan y el dragado del caño se necesita", sostuvo Rodríguez Mandri.El dragado del Caño Martín Peña fue, es y será la lucha principal del Grupo de las Ocho Comunidades adyacentes a ese cuerpo de agua, conocidas como el G-8, junto a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, una entidad gubernamental creada por ley en 2004.Son más de 16 años en la batalla para que el gobierno cumpla su deber sin desplazarlos, para así proteger la salud de sus residentes, las tierras y los recursos naturales que están cercanos al estuario e inyectar la economía de San Juan.La presidenta del G-8, Lucy Cruz, señaló que llevan más de 11 años entre promesas de congresistas, gobernadores, alcaldes y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos sin que se asignen los fondos necesarios para comenzar a dragar el caño.Debido al mal manejo de los terrenos y a la ausencia de un sistema de alcantarillado, los residentes hoy día sufren las consecuencias. Al llover, no solo se inundan las calles y pierden sus pertenencias -como contó Rodríguez Mandri- sino que se exponen a contraer alguna enfermedad en la piel o gastrointestinal."El propósito principal de esta lucha es poder mejorar la calidad de vida de más de 26,000 residentes de las diferentes comunidades aledañas al caño", expresó Cruz. Además, indicó que el dragado contribuirá a la rehabilitación del medio ambiente, al restaurar la conexión entre la laguna San José y la Bahía de San Juan. De esta forma, se promoverá el desarrollo económico de Puerto Rico.La confrontación más significativa, según Cruz, se suscitó en 2009 cuando, bajo el mandato del exgobernador Luis Fortuño, se firmó la Ley 32, que despojó a las comunidades de sus tierras que ya pertenecían al Fideicomiso de Tierras, una iniciativa de vivienda que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) galardonó con el Premio Mundial...

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