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Maestros combaten a la Junta por las pensiones

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Vincent

Como parte de la reforma a las pensiones en el Plan de Ajuste (PDA), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aseguró el lunes a la jueza Laura Taylor Swain que los maestros activos tendrán derecho a cotizar al Seguro Social y que por ello, grosso modo, estos profesionales experimentarán un impacto "mínimo" a causa del cierre de su plan de pensiones.Sin embargo, cuando se analiza cómo se implementará el PDA de ser confirmado y estimados provistos por la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) a El Nuevo Día, al menos unos 14,500 educadores en el sistema público de enseñanza tienen 45 años de edad o más y como resultado, estos trabajadores no tendrían acceso directo al Seguro Social como una compensación a la pérdida de su pensión futura. Más bien, dependerá de cada educador acogerse al programa federal y aportar a este al tiempo que también aporta al plan de contribución definida creado por la Ley 106 de 2017.Las aportaciones a ambos planes, se traducirían, en la práctica, en una reducción del salario de los educadores, quienes no han visto aumentos en aproximadamente una década, según la AMPR.Así las cosas, considerando los datos de la AMPR y partiendo de la premisa de que estos educadores comenzaron su carrera antes del año 2014, prácticamente seis de cada 10 maestros del sistema de enseñanza pública solo tendrían como beneficios para el retiro, lo que acumularon en el plan de pensión definida hasta su cierre según el PDA y lo que puedan ahorrar motu proprio.Los maestros contratados luego de la entrada en vigor de la Ley 160 de 2013 no tienen derecho a una pensión definida.Por entender que la propuesta de la JSF no obra "en los mejores intereses" del magisterio, el pasado lunes, durante el quinto día de las vistas de confirmación del PDA, el abogado de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), José Luis Barrios Ramos, solicitó a Swain que no dé paso al PDA.En su lugar, Barrios Ramos solicitó a la jueza que mantenga el derecho contractual de los educadores a una pensión definida, según reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico al derogar parcialmente la Ley 160 de 2013.Según la AMPR si en efecto, la JSF tuviera autoridad en ley para eliminar la pensión definida, entonces los términos que la JSF ha provisto para indemnizar a los maestros por el menoscabo a sus derechos no satisfacen el daño económico que verán estos profesionales."A diferencia de la Ley 160, una ley territorial, Promesa es una ley federal no sujeta a la...

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