Mal augurio para las pruebas de drogas
Por José A. Delgad0
jdelgado@elnuevodia.com
En 1997, en el caso Chandler versus Miller, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley de Georgia que requería a todos los candidatos a puestos electivos someterse a una prueba de dopaje antes de ser incluidos en una boleta electoral.
La decisión sigue vigente.
Para ocho de los nueve jueces de entonces en el más alto foro judicial, la antigua ley de Georgia violentaba la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe al Gobierno realizar registros "irrazonables".
Al constitucionalista José Julián Álvarez González, profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR), le parece curioso que la propuesta en la Isla haya surgido de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), "que dicen creer en la unión permanente con Estados Unidos".
"Veremos si surge un o una valiente que rehúse someterse a talas pruebas y lleve el asunto a los tribunales", indicó Álvarez González.
En su libro "Derecho Constitucional de Puerto Rico", Álvarez González comenta que tras el caso Chandler parece "indudable que para someter a un empleado público a unas pruebas sin sospecha individualizada debe demostrarse que el tipo de cargo del empleado presenta unos riegos que justifican echar a un lado" el derecho a la intimidad.
Para el profesor Carlos Gorrín Peralta, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, la iniciativa puede plantear como controversia jurídica la restricción del acceso al proceso político electoral.
En Estados Unidos hay movimientos a favor de descriminalizar la marihuana que participan de procesos electorales.
"No se puede manipular el acceso al proceso político ni el derecho a la representación", indicó Gorrín Peralta.
La norma en Estados Unidos es requerir esas pruebas a funcionarios que portan armas, tienen a su cargo funciones de seguridad pública o tareas de transportación, entre otros.
Contrario al espectáculo que cada cierto tiempo ocurre en el Capitolio de Puerto Rico, someter a los legisladores a pruebas de detección de uso de drogas no es costumbre en Estados Unidos.
La Casa Blanca sí se las exige a los funcionarios que son nombrados por el presidente de Estados Unidos.
La norma no aplica, sin embargo, a los miembros del Congreso, que son funcionarios electos. "Aquí no se estila", reconoció el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.
Las normas del Congreso establecen que si algún congresista o funcionario de las...
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