UN MALLETE PARA CONSTRUIR EL FUTURO
Unos 10 meses después de que el Congreso federal aprobara la Ley para la Gerencia, Supervisión y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA en inglés) y de un expedito proceso de mediación y negociación, convocado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la jurisdicción más endeudada per cápita en suelo estadounidense perderá mañana su protección contra litigios sin haber llegado a un acuerdo definitivo con sus acreedores.
La falta de un acuerdo abarcador con todos los diversos bonistas y aseguradores de la Isla, según varios entrevistados por Negocios, coloca a Puerto Rico en un escenario nunca visto.
A partir del próximo martes, y ante la falta de dinero para pagar a los bonistas, las cosas simples y complejas que millones de puertorriqueños dan por sentado -como visitar un parque recreativo o tramitar un permiso para la apertura o expansión de un negocio- quedarán, de una forma u otra, a merced del sistema judicial federal de los Estados Unidos de América.
Una vez termine la suspensión automática de litigios provista en PROMESA, según los entrevistados, Puerto Rico encarará una avalancha de demandas de todo tipo de acreedores.
El único mecanismo disponible para hacer frente a tales reclamos será invocar los remedios provistos en el título III de PROMESA. Esa disposición provee para que Puerto Rico modifique sus obligaciones con los bonistas, pero también aquellas obligaciones con empleados, contratistas, pensionados y demás ciudadanos individuales o corporativos en la Isla y el exterior.
Aparte de que las cuantías en disputa suponen niveles no vistos en un procedimiento de quiebra que involucre a entidades públicas, si la JSF autoriza al Gobierno de Puerto Rico a solicitar el título III de PROMESA, será la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobierno estatal se acoja a este tipo de remedio.
Un nuevo mundo. “Estamos en el escenario que dijimos hace unos años. Vamos a terminar en manos de los jueces”, indicó el economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y economista, Juan Lara.
“Hemos llegado al borde del desierto y no tenemos agua en la cantimplora”, agregó el econosmista al plantear que Puerto Rico entra ahora en un difícil período de ajuste sin liquidez en las arcas públicas, pero también sin dinero suficiente en los bolsillos de los hogares puertorriqueños.
De acuerdo con Lara, las expresiones vertidas por el presidente de la JSF, José Carrión, en torno al rechazo del Congreso estadounidense y del Tesoro estadounidense a cualquier escenario para extender la suspensión automática de litigios o incluso, para extender la activación del título III de PROMESA confirman que “las conversaciones con los bonistas no han sido fructíferas”.
El pasado viernes, en su séptima reunión pública celebrada en el edificio Alexander Hamilton, en Nueva York, la JSF aprobó una resolución para que ese organismo, en una sesión privada, pueda autorizar al Gobierno o sus dependencias cubiertas para invocar el título III de PROMESA.
La resolución se aprobó justo antes de que la JSF certificara los planes fiscales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En el caso del BGF, el plan se aprobó sin cambios y la dependencia será liquidada en un plazo de dos a tres años.
Mientras, los planes de la ACT, la AAA y la AEE se aprobaron sujetos a diversas...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba