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En manos de Boston Martínez y Bravo

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Por Limarys Suárez Torres

lsuarez1@elnuevodia.com

Durante una hora aproximadamente, el panel de jueces del apelativo compuesto por Kermit Lipez, Jeffrey Howard y O. Rogeriee Thompson, quienes sesionaron ayer en el Tribunal Federal de Viejo San Juan, escucharon los argumentos de la defensa de Martínez y Bravo de falta de jurisdicción federal en el caso y de acumulación de errores en las instrucciones al jurado atribuidos al juez federal Francisco A. Besosa.

Martin G. Weinberg, abogado de la apelación de Bravo, reconoció que no existe duda de que su cliente hizo unos pagos para un viaje a Las Vegas y que el problema en el caso es si esos actos del empresario constituyen soborno bajo el estatuto 666 del Código Penal federal, que penaliza viajar a través del comercio interestatal para cometer actos de crimen organizado.

"El jurado no tuvo claro si en el acto hubo intención y si fue una recompensa que constituye un soborno... (Besosa) una y otra vez instruyó al jurado de que era una recompensa y la supuesta recompensa no ocurrió después de la legislación sino antes. La Corte simplemente invitó al jurado a que no importaba el tiempo, si era antes o después... Aquí no hay base suficiente para una convicción bajo el estatuto 666", sostuvo Weinberg.

Según el estatuto 666 del Código Penal federal, para condenar a alguien bajo esa sección el gobierno tiene que probar más allá de toda duda razonable que el recipiente del alegado soborno es un agente de una entidad que recibe más de $ 10,000 en fondos federales anuales, que el supuesto soborno fue entregado en conexión con los negocios o transacciones de esa entidad y que el bien recibido sea de un valor de $ 5,000 o más.

"No hay evidencia de que aquí hubo un 'quid pro quo', de que hubo un intercambio. Como mínimo en el soborno tiene que haber sido entregado un intercambio", sostuvo.

Por su parte Abe Lowell, abogado de Martínez, cuestionó repetidamente la jurisdicción federal bajo el estatuto 666 al sostener que esta ley no fue creada por el Congreso para entrar en asuntos de corrupción local o estatal.

"El gobierno lo sacó fuera de contexto. El...

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