En las manos de 12 jurados una vida
Por Limarys Suárez Torres
lsuarez1@elnuevodia.com
A partir de las 10:00 a.m., la sala del juez federal Jay A. García Gregory, quien presidió el último caso de pena de muerte hace seis años, se abrirá y comenzará el proceso de desinsaculación de un grupo de candidatos a jurado hasta conseguir a los 12 puertorriqueños y seis alternos que decidirán sobre el futuro del acusado.
Este jurado tendrá que decidir si Burgos Montes, preso desde el 29 de diciembre de 2005, es culpable de ser el líder de una organización de narcotráfico dedicada a traer en lanchas rápidas kilos de cocaína a Puerto Rico desde República Dominicana. Además, decidirá si el contratista, con premeditación y alevosía, asesinó y desapareció a su novia Madelin Semidey Morales el 4 de julio de 2005.
La ardua batalla que representa el proceso de selección del jurado será protagonizada por la reconocida fiscal federal Jacabed Rodríguez Coss y las fiscales Julie B. Mosley y Marcela Mateo. La defensa está a cargo de la veterana abogada Rachel Brill y el experto en casos de pena de muerte Steven Potolsky.
Rodríguez Coss, quien llevó el último caso certificado de pena de muerte de Carlos Ayala López en el 2006 y en el que el jurado rechazó la pena capital, solo participará del proceso de selección del jurado y el juicio en su fondo caerá en las manos de Mosley y Mateo.
Desde el 1927, en Puerto Rico nadie ha sido ejecutado por el Estado.
Esta práctica quedó proscrita oficialmente en 1929, y nuevamente en el 1952 quedó expresamente prohibida en la Constitución del Estado Libre Asociado. Sin embargo, una ley federal aprobada en 1994 permite su aplicación en territorio estadounidense con algunos delitos federales.
El de Burgos Montes constituye el cuarto intento de la Fiscalía federal de San Juan de enviar a un puertorriqueño al corredor de la muerte. En todas han fracasado, pues los veredictos en favor de la pena capital tienen que ser unánimes.
En el 1999, fueron juzgados Héctor Oscar Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro, acusados de secuestrar, asesinar y desmembrar a un jurado. Ambos fueron exonerados. En el 2002, el turno le tocó a Lorenzo Vladimir Catalán Román y Hernando Medina Villegas, acusados de haber asesinado al conductor de un camión blindado durante un robo en Gurabo. El jurado los encontró culpables del crimen, pero rechazó condenarlos a la pena capital.
En el 2003, fue juzgado Carlos Ayala López por el asesinato de un guardia de seguridad en el Hospital de Veteranos. El...
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