Con manos llenas los tribunales
La crisis institucional, económica y social que vive el país tras la destrucción causada por el huracán María se refleja en los casos que llegan a la Rama Judicial, que en las pasadas tres semanas ha atendido 442 peticiones de órdenes de protección por violencia de género y 305 solicitudes de relocalización de menores.
Estos dos asuntos, además de las vistas de causa para arresto (Regla 6), han acaparado la atención de los jueces y fiscales que han estado activos después del paso del ciclón, según estadísticas oficiales de la Rama Judicial.
“Vimos muchos asuntos de familia relacionados a la remoción de menores y la petición de uno de los padres para trasladar a sus hijos fuera de Puerto Rico, pero había desacuerdo entre las partes respecto a este tema”, explicó el juez Sigfrido Steidel, director de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).
El tema de la emigración tras el ciclón volvió a discutirse públicamente ayer cuando el gobernador Ricardo Rosselló alertó que el Departamento de Educación ha perdido entre 3,700 y 3,800 alumnos que se fueron a Estados Unidos.
Anteriormente, funcionarios y portavoces de escuelas y universidades en el estado de Florida habían hablado de la cantidad de puertorriqueños que han migrado y de las ayudas que necesitan.
Respecto a los casos de violencia de género, ya diversas organizaciones habían anticipado un alza debido al aumento en el desempleo y la falta de viviendas.
normalizar labores
Las órdenes de protección y las solicitudes de relocalización de menores se ven en las salas municipales, que tuvieron prioridad en el plan para retomar las operaciones de la Rama Judicial luego del paso del huracán María el pasado 20 de septiembre.
También el las salas municipales se ven las denuncias, las peticiones por acecho y solicitudes de ingreso voluntario. Incluye también la Ley 140, que atiende asuntos que pueden cobrar resonancia durante desastres naturales, como controversias sobre colindancias, custodia de menores y disputas entre arrendadores y arrendatarios.
“Eso nos parecía que era lo urgente, porque son los asuntos que llegan a lo que son las salas de investigaciones, que son como las salas de emergencia de los tribunales”, señaló Steidel.
Activaron, además, al personal del Programa de Acceso para Litigantes por Derecho Propio (Pro Se) y la división de mediadores. “Queríamos que estuvieran disponibles para atender asuntos que, por su naturaleza, pudieran ser mediados, como controversias entre vecinos...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba