María trastocó el bienestar en asilos
Las enormes dificultades y carencias sufridas en los hogares de cuidado de ancianos durante la emergencia provocada por el huracán María ha motivado la evaluación sobre el funcionamiento de dichas instituciones y, a finales de este mes, el Departamento de la Familia propondrá cambios al reglamento que las fiscaliza.
La presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares, Brenda Rodríguez Claudio, explicó -en entrevista con El Nuevo Día- las situaciones que vivieron las instituciones, algunas de las cuales tuvieron que cerrar, ya sea por daños sufridos en la estructura o por no poder sufragar el alto costo de tener un generador de energía.
“Nosotros las hemos pasado grises”, dijo Rodríguez, al afirmar que, aunque la gran mayoría de los hogares estaban listos, nadie se preparó para vivir en estado de emergencia por meses. Aunque todo el país careció de los servicios básicos, en una institución de ancianos, con problemas de salud física y mental, eso plantea una realidad caótica.
Rodríguez recordó que muchas gasolineras y supermercados no honraron turnos de preferencia para los hogares, y que muchos proveedores de servicios de salud no cumplieron los compromisos contraídos con las instituciones, lo que atentó contra la salud y vida de los residentes.
“Todos los hogares tienen alianzas, con la farmacia de la comunidad, con el médico, la ambulancia. Pero no hay nada en ley que establezca que el médico tiene que cumplir esa alianza. Tenemos hogares a los que el médico, sencillamente, no llegó. Muchos se fueron a Estados Unidos y dejaron a la población. En uno de ellos, el médico les dijo que volvía en cuatro meses. Ellos son los médicos de cabecera de esos residentes”, denunció la presidenta de la organización, que agrupa unos 400 asilos, de los cerca de 1,000 que hay en el país.
Rodríguez reveló que lo mismo ocurrió con otros proveedores. En su caso, ilustró, “llevo como 10 años comprando en el mismo supermercado y cuando surgió el revolú no me quisieron vender. Me resolvió otra cadena, que me abrió una cuenta sin conocernos”. Rodríguez atiende 49 residentes en los dos hogares que tiene en Caguas.
Propone que las agencias públicas impongan responsabilidades legales a los proveedores de servicios de los hogares. Asimismo, sugiere que se impida el establecimiento de asilos en zonas inundables o de poco acceso, pues en momentos de emergencia los residentes están en un riesgo mayor. “Si en lo urbano estamos inaccesibles, imagínate en el campo o en...
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