Millones para reestructurar la deuda

 
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Poco más de una quinta parte de los gastos de la rama ejecutiva para la contratación de servicios profesionales, consultoría y publicidad en el primer año de esta administración se destinó a pactar con las empresas de consultoría y las firmas legales que trabajan en la reestructuración de la multimillonaria deuda del país, de acuerdo con un análisis de los contratos registrados en la Oficina del Contralor.

Estas compañías firmaron contratos con el gobierno -particularmente, con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- ascendentes a $112.2 millones entre enero de 2017 y enero de 2018, según los datos reportados por las entidades contratantes en la Oficina del Contralor.

Aquí solo se tomaron en cuenta los contratos de asesores legales y consultores expertos en reestructuración que ofrecen servicios directos a Aafaf o alguna de las corporaciones públicas que están en proceso de reestructurar su deuda, mas no los contratistas que laboran con agencias del gobierno central para cumplir con las metas que ha trazado el Ejecutivo en las distintas versiones de plan fiscal que ha entregado a la Junta de Supervisión Fiscal.

En total, las agencias gubernamentales y corporaciones públicas firmaron contratos ascendentes a $510.9 millones tan solo en tres de los principales renglones de contratación: consultoría, publicidad y servicios profesionales. De estos, los $112.2 millones que, como poco, se han destinado a la reestructuración de la deuda equivalen al 22%. Estos números representan la cantidad máxima que el contratista recibiría por realizar las labores acordadas, pero no la cantidad de dinero que finalmente cobró, ya que no existe un registro público de las facturas que remiten a las agencias y las que el gobierno finalmente paga.

Este análisis no incluye los contratos de la Junta de Supervisión Fiscal, que cuenta con su propia representación legal y asesores en el pleito que se lleva a cabo bajo el Título III de la ley federal Promesa. Estos contratos también los financia el gobierno central a través del presupuesto que se le asigna al ente que controla las finanzas de la isla, que este año fiscal ascendió a $60 millones.

Entre las firmas con los mayores contratos está Rothschild, principal asesor financiero del gobierno en el caso de Título III, que tiene acuerdos con Aafaf ascendentes a $22.1 millones. Le sigue O’Melveny & Myers, LLP, el asesor legal del gobierno en el pleito que se...

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