En la mira del Seguro Social
Por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
En esos casos, la decisión de la Administración del Seguro Social para concederles pagos por discapacidad estuvo basada, en parte, por las pruebas hechas por los doctores Wildo Vargas, Rafael Miguez Balseiro y Erika Rivera Castro, imputados de participar en el fraude denunciado el mes pasado.
La evaluación de los expedientes de esos 6,600 casos se da en oficinas de Nueva York y Nueva Jersey, en momentos en que sigue abierta la investigación criminal que ya arrojó que los tres médicos y el exempleado del Seguro Social, Samuel Torres Crespo, conspiraron para que 71 personas recibieran ilegalmente beneficios del Seguro Social para personas con limitaciones físicas o mentales.
"Ese (fraude) ha sido el peor caso que hemos tenido", reconoció el inspector general de la Administración del Seguro Social, Patrick O'Carroll, al declarar ayer ante el subcomité de Asuntos del Seguro Social de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que le dedicó una audiencia exclusivamente a la situación de Puerto Rico.
Por lo menos desde 2011, cuando el periódico The Wall Sreet Journal informó que ocho de los 10 apartados postales con más casos de beneficiarios del Seguro Social por discapacidad estaban en Puerto Rico, el subcomité cameral, que pertenece a la Comisión de Medios y Arbitrios, ha estado pendiente de esta investigación.
La semana pasada, además, la Oficina de Contraloría General (GAO) calculó que, entre diciembre de 2010 y enero de 2013, el Seguro Social, a nivel de Estados Unidos, pudo haber hecho pagos en exceso por $1,300 millones a personas declaradas incapacitadas, pero que al mismo tiempo tenían trabajos asalariados.
La comisionada de la Administración del Seguro Social para la región 2, Beatrice Disman, sostuvo que si al excluir los análisis médicos de Vargas y los siquiatras Miguez Balseiro y Rivera Castro no se sostiene la inhabilitación física o mental de las 6,600 personas cuyos casos están bajo evaluación, los beneficios serán suspendidos.
Pero, antes de que el Gobierno federal haga su determinación final se le dará oportunidad a los implicados para que presenten evidencia adicional.
"Los beneficiarios serán notificados si decidimos terminar sus beneficios y encontramos que se les ha pagado en exceso", indicó Disman, quien también fue citada a la audiencia por el presidente del Subcomité de Asuntos de Seguro Social, Sam Johnson (Texas).
"No estamos hablando de unas pocas malas manzanas en esta...
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