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Misterios rodean la transacción

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Vincent

Una densa neblina continuaba rodeando ayer la manera en que un grupo de burócratas en el Departamento de Salud logró que, en medio de la emergencia del coronavirus, se erogaran más de $40 millones en fondos públicos para comprar pruebas rápidas de detección de esa enfermedad a dos empresarios sin ninguna experiencia en el campo de productos médicos, pero con estrechos vínculos al Partido Nuevo Progresista (PNP).La gobernadora Wanda Vázquez dijo tarde el domingo que ella no tiene ninguna relación con los contratistas agraciados ni participó de ninguna manera en la transacción, de la que responsabilizó únicamente al Departamento de Salud, aunque realmente involucra a otras tres agencias: el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), que fue el que compró $38 millones en pruebas cuyo uso no había sido autorizado por el gobierno de Estados Unidos; la Administración de Servicios Generales (ASG), que fue el enlace con al menos uno de los contratistas; y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que autorizó al erogación de los fondos.Pero el portavoz de La Fortaleza, Osvaldo Soto, no contestó ayer la pregunta de quién, si alguien, autorizó o estaba al tanto de la monumental transacción en la mansión ejecutiva.La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dijo que nunca se le informó del gasto, como es obligado tratándose de un monto mayor a $10 millones, declaró por tal razón nulos los contratos y pidió que el dinero sea devuelto. Y la directora de la OGP, Iris Santos, quien autorizó el uso de los fondos, dijo ayer que su rol se limita a certificar que el dinero está disponible, no a evaluar la calidad de los suplidores de servicios o productos que las demás agencias eligen y que tampoco dio cuenta de la enorme erogación a La Fortaleza.Quedaba ayer en el aire, entonces, la pregunta de cómo una transacción de esa magnitud y en circunstancias tan dudosas -los contratistas no tenían ninguna experiencia en este campo, vendieron las pruebas a Puerto Rico a un extraordinario sobreprecio y estas tampoco contaban con la autorización del gobierno de Estados Unidos para ser usadas aquí- pasó por toda la ciénaga burocrática del Estado Libre Asociado (ELA), al parecer, sin haber prendido ni una bombillita.El nuevo secretario de Salud, Lorenzo González, quien no estaba en la agencia cuando se hicieron estos negocios, dijo que refirió a la División Legal a los funcionarios que participaron de la transacción para que se hagan los...

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