Municipios a merced de la incertidumbre

Ante los cuestionamientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el impacto de la nueva ley que exime a los municipios del pago de las pensiones y la aportación al plan de salud del gobierno, la administración de Ricardo Rosselló Nevares afirmó que el estatuto "no es significativamente inconsistente" con el plan fiscal certificado.En un documento sometido ante la JSF, el gobierno minimizó el impacto fiscal de la "Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios" (Ley 29-2019).Aunque reconoce que la ley tendría un impacto de $285.7 millones en el gasto del próximo año fiscal, el certificado de cumplimiento -presentado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal- destaca que sus disposiciones no tienen un "impacto progresivo" ni en el presupuesto ni en el nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico.De inmediato, la JSF reiteró que no avala la Ley 29 por entender que incumple con el plan fiscal.Además, el ente que controla las finanzas del país señaló que evalúa los "próximos pasos" a seguir a tono con los poderes que le concede la ley federal Promesa, que incluyen acudir a los tribunales o dejar sin efecto una ley de reciente aprobación si no es compatible con el plan fiscal."Insistimos en lo que hemos dicho siempre, desde un principio, que el pago de ‘PayGo’ y ASES (Administración de Seguros de Salud) con el Fondo General es inconsistente con el plan fiscal. Estamos evaluando nuestros próximos pasos de acuerdo a lo que nos provee la ley Promesa", dijo a El Nuevo Día el portavoz de la JSF, Edward Zayas.Zayas confirmó que recibieron la noche del lunes la certificación -a la que este medio tuvo acceso- sobre la aprobación de la Ley 29. La entrega del documento responde al proceso ordinario que debe seguir el gobierno cuando se aprueba un estatuto que tenga impacto fiscal.El portavoz de la JSF recordó que esas certificaciones deben ser emitidas siete días después de la aprobación de cada ley, según estipula la Sección 203 de Promesa. La Ley 29 fue firmada el 17 de mayo.El impacto de la leyLa Ley 29 exime a los municipios de hacer una aportación al plan de salud del gobierno, llamado Vital, y de pagar pensiones a través del sistema de retiro conocido como "PayGo". Ese dinero sería redirigido al Fondo de Equiparación, un pote que asigna recursos a los ayuntamientos para que puedan igualar sus ingresos con los del año anterior si recaudan menos.En la...

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