NC***Impago de la deuda constitucional no es una opción para el gobierno
NC***Impago de la deuda constitucional no es una opción para el gobierno
BAJADA: Abogados discuten el tema durante Foro Constitucional sobre la Deuda Pública
Mariana Cobián
mariana.cobian@gfrmedia.com
Reestructurar la deuda de las corporaciones públicas y buscar alternativas para entablar planes de pago de la deuda constitucional son algunas alternativas que plantearon hoy, miércoles, abogados expertos en el tema durante el Foro Constitucional sobre la Deuda Pública.
Durante el evento, el moderador y director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Ramón L. Rosario Cortés, estableció que "hay serias implicaciones y consecuencias legales de incumplir con el pago de la deuda pública, particularmente la porción de la deuda cobijada por la garantía constitucionalâ.
Destacó que al presente la deuda constitucional es de $1,126 millones y la no constitucional -que se refiere a corporaciones públicas- de $3,343 millones.
"Acreedores nos van a demandar por la deuda constitucional porque la Constitución dice que lo primero que se paga es eso. Al final del día, nos van a demandar y el dinero saldrá del fondo general. Hay otras deudas que se pueden reestructurar que no tienen esa obligaciónâ, manifestó Rosario Cortés.
Durante el foro, efectuado en el teatro de la Universidad del Sagrado Corazón, Carlos E. Ramos González, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, explicó cómo históricamente el gobierno lograba mantenerse al día en el pago de sus deudas para mantener el buen crédito del país y así poder hacer obras.
No obstante, actualmente dijo que el gobierno tiene que sentarse con los acreedores para llegar a acuerdos de pagos, sin mantener secretismo sobre sus obligaciones.
En cuanto a la designación de una junta de control fiscal por parte del gobierno de Estados Unidos, criticó el que sea un mecanismo impuesto por el Congreso federal.
"Puede ser un mecanismo de reestructuración, una supervisión o mentoría. El problema de fondo es que la junta es de imposición del Congreso. En la medida en que sean imposiciones sobre lo que debe ser el futuro de los puertorriqueños, ya de por sí es un problema bien serio. Aunque puedan salir ideas para ayudar a Puerto Rico, se olvidan que, aunque somos un territorio, somos un país con derechos y cualquier cosa positiva que salga, sería una imposición y eso es lo que hay que objetarâ, dijo Ramos González.
El educador recordó que juntas...
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