Cuando necesitamos a un tercero
Por Mildred Rivera Marrero
mrivera1@elnuevodia.com
Y, escuchar a la otra persona de forma desapasionada para buscar un consenso y una solución a la que ambos aporten y con las dos partes satisfechas es un ejercicio complejo que muchos no pueden dominar. Cuando se logra resuelve de manera muchas veces simple un problema que parecía de difícil solución.
Con frecuencia, la clave está en recurrir a una tercera persona que escuche, que dirija un diálogo de respeto y efectivo, y que busque un consenso que sea justo para todos los involucrados en el conflicto. Ahí entran los Centros de Mediación de Conflictos de la Rama Judicial, de los cuales hay uno en cada región judicial, proveen servicios gratuitos en diversos temas, de los que las personas de edad avanzada se pueden aprovechar. Aunque allí llegan personas referidas por los jueces o por instituciones privadas, quienes necesiten los servicios de un mediador pueden ir directamente a cualquiera de los centros.
Es común que vayan los hijos de una persona de edad avanzada que no se ponen de acuerdo para dividirse las tareas de cuidarla, llevarla a las citas médicas y cuánto aportarán económicamente para costear sus gastos, entre otros aspectos, explica la directora del Negociado de Métodos Alternos, Ana Romero Velilla. Muchas veces, señala la funcionaria, si uno o más hijos no pueden aportar dinero, se les dice que pueden dar tiempo para cuidar al aciano o anciana o para llevarla a citas médicas, entre otras actividades, de manera que la responsabilidad no recaiga solamente sobre uno de los familiares.
A los centros también van adultos mayores en cuya residencia vive un hijo o hija, pero esta tiene problemas de uso y abuso de sustancias controladas o una condición de salud mental que ya no pueden manejar.
"Lo más que busca la gente adulta es salvar esa relación familiar porque les cuesta mucho sacar a esa persona (de la casa) o llevar un familiar a los tribunales", indica Romero.
Destaca que a los adultos mayores les atrae el servicio porque encuentran un lugar tranquilo donde poder hablar, donde les dan privacidad y les ofrecen confidencialidad, además de que el servicio es gratis. La confidencialidad, sin embargo, acaba si existe maltrato o negligencia y los mediadores se ven obligados a referir a la persona afectada al Departamento de la Familia o solicitar una orden de protección para cuidar de su integridad física y emocional.
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