No hay cambios a la vista a leyes de cabotaje
Por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
En busca de eludir el efecto de esas normas, el Gobierno de Puerto Rico ha solicitado al Ejecutivo estadounidense un relevo para el transporte de gas natural - como parte del controvertido proyecto del Gasoducto - y colabora con el estudio que realiza la Oficina de la Contraloría General (GAO) para, entre otras cosas, determinar el costo actual que tienen las leyes de cabotaje sobre la economía boricua.
"Son como una ley santa muy difícil de modificar", indicó el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, William Riefkohl, quien tuvo esta semana reuniones en el Congreso.
Las leyes de cabotaje obligan desde 1920 a transportar la carga marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos en barcos fabricados en este país, que sean propiedad y de bandera estadounidenses.
Un estudio de 1999 de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. ha calculado que sin las normas de cabotaje los costos de transporte de productos descenderían un 22%.
En Puerto Rico, donde se estima que el impacto negativo puede alcanzar los cientos de millones de dólares, hay una excepción para la industria de los cruceros turísticos y se han otorgado relevos para el transporte de madera.
Las exenciones plenas que existen son para territorio no "industriales" - como Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte -, sostuvo Riefkohl.
En Guam no está vigente una de las disposiciones más criticadas, la exigencia de que el barco sea fabricado en Estados Unidos.
Hace unos días, el candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington, Rafael Cox Alomar, afirmó que una de sus principales prioridades en el Congreso será terminar con la vigencia de "las leyes de cabotaje".
El panorama en Washington, sin embargo, ha demostrado que derogar esas normas, que forman parte de la Ley Jones, es un esfuerzo que no es tan simple como lanzar un eslogan de campaña.
Como en el pasado, la resistencia de las empresas y el sector sindical, preocupados por sus puestos de trabajo en la industria de carga marítima en Estados Unidos, es aún muy fuerte, dijo el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.
Pierluisi fue quien solicitó el estudio de la GAO.
Hace unos días, volvió a tratar el tema con el portavoz de la minoría demócrata en el Comité de Transportación de la Cámara de Representantes, Nick Rahall (West Virginia)...
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