No considera imponer reglas a la JSF

WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó ayer acoger el caso en el que el gobierno de Puerto Rico solicitó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tenga que adoptar normas que regulen cuando una ley puertorriqueña es inconsistente con el plan fiscal.Al denegar el recurso de certiorari solicitado por el gobernador Pedro Pierluisi y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), el máximo foro judicial estadounidense también echó a un lado una moción del presidente del Senado, José Luis Dalmau, para poder presentar un recurso de "amigo de la corte" en el caso, fuera del límite de tiempo autorizado.El gobernador Pierluisi había recurrido, a finales de 2022, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en busca de que la JSF tenga que establecer normas para determinar cuándo una ley del gobierno de Puerto Rico choca con el plan fiscal adoptado por el ente financiero.También había pedido que el foro judicial definiera los estándares para el tribunal revisar las decisiones de la JSF.Hace unos días, la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del tribunal de bancarrota territorial, aceptó la petición de la JSF de anular la reforma laboral de 2022, por entender que la administración Pierluisi incumplió con el mandato de la ley Promesa, que le exige precisar el impacto fiscal de un estatuto."Esta determinación es el resultado de la repetida incompetencia de la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), que ha claudicado a su deber de defender las leyes y la política pública promulgada por el gobierno electo de Puerto Rico. Tal y como sucedió con la Ley 41-2022 de reforma laboral, el gobierno no demostró que la ley en disputa no representaba un impacto fiscal y que, al contrario, tiene un efecto positivo sobre nuestra economía", indicó el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández Montañez.Por su parte, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, indicó que "la determinación del Supremo de no atender la controversia es una reiteración del poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico"."Los poderes plenarios le han delegado una autoridad a la Junta para que se dejen sin efecto leyes aprobadas por las ramas constitucionales del Estado Libre Asociado (ELA). En otras palabras, es la más reciente humillación colonial. La Constitución del ELA no vale el papel en el que está escrita", agregó el líder independentista.En su argumentación, los...

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