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No se prevé una respuesta abarcadora

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Vincent

WASHINGTON.- Como apunta el debate sobre Medicaid, la imposición de nuevas medidas de supervisión sobre los fondos federales que otorga el Congreso parece la ruta que tomará el gobierno federal luego de los más recientes casos de corrupción y el agudizamiento de los problemas de credibilidad que causa el escándalo del chat del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.Alguna medida radical como la imposición de un principal funcionario financiero federal -un CFO- o un síndico administrador es improbable. Previo a Promesa, el ahora exsenador republicano Orrin Hatch (Utah) abogó por nombrar un CFO federal que coexistiera con una junta de control financiero y el gobierno electo.Dos semanas antes de los arrestos de la exsecretaria de Educación de Puerto Rico Julia Keleher, una de sus ayudantes y contratistas, el Departamento de Educación federal ordenó al gobierno de Puerto Rico contratar una especie de síndico, un agente fiduciario, para administrar los fondos federales que recibe el Departamento de Educación de la isla.El miércoles, al dar el visto bueno a un proyecto que asigna $12,000 millones en fondos de Medicaid, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes incluyó en la medida lenguaje que, entre otras cosas, requiere auditar e investigar los procesos de contratación en la Administración de Seguros de Salud, que han quedado en entredicho con las denuncias de corrupción que incluyen a la pasada directora de esa oficina, Ángela Ávila.Aunque era un tema que hubiese querido atender durante el verano, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), tiene aún bajo evaluación impulsar legislación para imponer una especie de Inspector General federal que supervise el proceso de transformación del sistema eléctrico, que puede requerir alrededor de $17,000 millones en fondos federales.Con la Cámara baja lista para recesar el próximo viernes, hasta el 9 de septiembre, ese es un debate que quedará para el otoño, al igual que las intenciones, ahora más lejanas que nunca, de tratar de suavizar el poder de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).Una respuesta legislativa abarcadora que busque arrebatar más funciones al gobierno de Puerto Rico no es probable en estos momentos, según varias fuentes."Para los funcionarios federales el sistema está funcionando. La fiscalía estadounidense y el FBI están obviamente haciendo su trabajo sobre el uso corrupto de fondos federales. El Comité de...

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