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'No se puede tomar livianamente'

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Vincent

Mientras sigue corriendo el reloj para que Melinda Romero Donelly responda a la querella que presentó la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por no rendir su informe financiero de 2021, expertos coincidieron ayer en que la controversia aviva nuevamente la familiar crítica sobre el "despilfarro" de dinero en los cabilderos por la estadidad."A Melinda Romero, igual que a cualquier persona que ocupe un cargo público, hay que tratarles con una vara más exigente que a cualquier ciudadano, con rigor, porque representan al pueblo de Puerto Rico y se les está pagando con fondos públicos", opinó la licenciada Anibelle Sloan.Romero Donelly se niega a cumplir con la entrega de su informe financiero desde mayo pasado. Tras una serie de gestiones, la OEG determinó imponerle una multa de $500. Los otros cinco cabilderos presentaron sus respectivos informes entre el 12 y el 31 de mayo."Primero, (está) la pregunta de por qué se niega a presentar el informe, eso levanta suspicacia", dijo Sloan. "Hay personas que puedan pensar que está ocultando algo".La querella plantea que la exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) cumple con la definición de servidor público incluida en la Ley Orgánica de la OEG (Ley 1-2012), que dispone lo siguiente: "Persona en el gobierno que interviene en la formulación o implementación de la política pública o no, aunque desempeñe su encomienda permanente o temporalmente, con o sin remuneración".Además de "satisfacer" la definición, la OEG determinó -según la facultad conferida por ley- que los cabilderos "tienen que rendir informes sobre sus finanzas personales". La OEG le dio 20 días para contestar la querella -que comenzaron a correr el 1 de diciembre- y se expone a una multa de hasta $20,000."Un caso como este es fundamental, sobre todo cuando la percepción del pueblo es que lo que se le paga a los delegados congresionales es un despilfarro de fondos públicos y no tiene ni ha tenido ninguna consecuencia favorable para Puerto Rico", añadió Sloan. "Esto no se puede tomar livianamente".En tanto, el analista político Carlos Díaz Olivo opinó que Romero Donelly debe exponer su planteamiento en una defensa escrita "bien desarrollada", más allá de alegar que "no tiene obligación" de responder a la OEG. Pero, además del aspecto jurídico, el profesor y abogado señaló que la delegada debe preguntarse si esta disputa ayuda al movimiento estadista."Para mí, creo que corre el riesgo de ser una controversia que distrae la atención y...

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