No termina la incertidumbre
Un año después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entrara en funciones, bajo la expectativa de que se lograría un acuerdo rápido con los bonistas y se pondría en cintura al gobierno, a Puerto Rico continúa acompañándole la incertidumbre.
Si bien la reducción de la jornada laboral no entró en vigor el pasado 1 de septiembre como ordenó el organismo federal al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, al parecer, el asunto tendrá que ser resuelto por la rama judicial federal. Al cierre de esta edición, según fuentes de este diario, la JSF y el gobierno no habían alcanzado un acuerdo en el tema.
Mientras, y a pesar de tratarse de la controversia más importante para renegociar la deuda pública, el litigio entre los bonistas de Obligaciones Generales (GOs en inglés) y sus homólogos en la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), no tiene visos de resolverse hasta diciembre próximo. Ello, porque la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain recién aprobó una estipulación que contempla un juicio para dirimir la disputa en el período del 4 al 8 de diciembre próximo.
Aunque distintos en materia, ambos eventos contribuyen al cuadro de incertidumbre que aqueja a la economía puertorriqueña y podrían -a la larga- afectar la implementación del controversial plan fiscal e incluso, resultar en su modificación, un escenario que ansían los acreedores.
De igual forma, desde la perspectiva del ex juez presidente de la corte de quiebras de Puerto Rico, Gerardo Carlo, y el economista Antonio Fernós Sagebién, ambos eventos revelan que todavía y pese a una década de penurias económicas, prevalece una lucha de fuerzas entre políticos y tecnócratas que ahora busca resolverse en las cortes, mientras se pierde el foco en lo sustantivo: cómo reactivar la actividad económica en Puerto Rico.
La jornada laboral
“La Junta y el gobierno le han puesto la papa caliente en la falda de la jueza”, dijo Carlo al destacar que la controversia por la jornada laboral evidencia la renuencia de las partes a cargar con el peso de la decisión.
Según Carlo, a juzgar por lo que se conoce de las finanzas de la isla, las que no se auditan desde hace casi tres años, es claro que las medidas de contingencia que han colocado a la JSF y a la administración Rosselló Nevares en lados opuestos no atenderán la magnitud del problema presupuestario de Puerto Rico.
Según el plan fiscal, una reducción de 10% en la jornada laboral podría menguar el gasto público en unos $200 millones...
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